n los años veinte del siglo pasado, Estados Unidos fue testigo del auge del crimen organizado bajo el liderazgo de un personaje infame: Al Capone. Dueño de la noche, del alcohol, de la corrupción y del miedo, Capone no necesitaba ejercer un cargo público para dominar una ciudad entera.
Un siglo después, La Paz parece haber adoptado su propia versión. Y aunque esto parezca una historia de ficción… toda similitud con la realidad debe entenderse como una coincidencia literaria, no una afirmación jurídica.
Un personaje que, tras más de cuatro años de gestión, ha gastado aproximadamente 2 mil millones de bolivianos, sin rendir cuentas de un solo centavo. Lo inaudito es que no solo evade el control, sino que tiene la desfachatez de pedir más dinero prestado —esta vez 70 millones más— para llegar al límite de endeudamiento permitido para la ciudad. Todo, mientras las calles se destruyen, los barrios se hunden, los sistemas colapsan… y los vecinos pagan la cuenta.
Pero esta figura municipal no opera sola. Tal como lo hacía Capone, ha construido una red de impunidad. Sus abogados de confianza, usando todas las influencias posibles, negocian su salvación jurídica: procesos constitucionales y penales que misteriosamente no avanzan, no prosperan, no le mueven un solo cabello. Todo está “aceitado”: jueces, investigadores, fiscales y hasta algunos abogados del Estado.
¿La fuente de su poder? La extorsión disfrazada de gestión. Mes a mes, cientos de negocios, locales nocturnos, constructoras y empresarios deben “colaborar” para no ser perseguidos. Este “aporte voluntario” no va al Tesoro Municipal, sino directo a su bolsillo. Las obras públicas, en lugar de ser una solución para los vecinos, se han convertido en el botín: precios inflados, materiales reducidos, asfaltos fantasmas y contratos con sobreprecios descarados.
Como buen capo, incorporó a su círculo de protección a un grupo de concejales, sin importar de qué color político vistan. A cambio de puestos en la directiva, ítems, obras o favores personales, juraron lealtad mafiosa y renunciaron a su obligación de fiscalizar. La fiscalización municipal hoy es un chiste, y la ciudad lo sufre en carne propia.
Ni los trabajadores municipales se salvan. Muchos deben pagar para acceder a un puesto, trabajar unos meses y luego ser despedidos, permitiendo que continúe el negocio circular del robo. Mientras tanto, algunos malos dirigentes de “control social”, en lugar de defender al pueblo, se venden por un contrato, un saco de cemento o un empleo para un pariente.
Los contratos más graves son los lesivos al interés público: concesiones, alianzas público-privadas, compras disfrazadas que engordan su billetera y desangran las finanzas públicas. Desde los parqueos hasta los baños, son hoy un botín de la mafia. ¿El relleno sanitario? Debería cerrarse, pero ha comprado terrenos para ampliarlo, violando las normativas ambientales y atentando contra la salud de todos.
¿Y los loteadores? Cómplices directos. Terrenos municipales, reservas forestales, zonas de riesgo… nada se salva de ser repartido. El silencio de las autoridades es prueba suficiente de su complicidad. No solo han permitido la toma ilegal de tierras, sino que su principal financiador de campaña ha construido al margen de la norma en zonas prohibidas, en terrenos municipales, generando millonarios ingresos personales y exponiendo a riesgos la vida de miles de paceños.
El Presupuesto Operativo Anual (POA) de los barrios ya no se discute técnicamente. Hoy se negocia como en un mercado negro: “te doy tu pinturita, vos no hables más.” Y la ciudad se cae. Se cae con las lluvias, con los deslizamientos, con el abandono.
¿Y la movilidad urbana? En lugar de avanzar, despilfarraron los recursos en una ciclovía sin planificación, destruyendo la zona Sur y culpando a los vecinos por no “entender” el supuesto desarrollo. Ni qué decir del transporte municipal: hay más buses en talleres de mantenimiento que en las calles prestando un servicio. ¿Casualidad? No. Abandono deliberado.
Y lo peor… es que deciden entre botellas. Sí, literalmente. El alcohol como sello de cada decisión y hasta como metodología para “medir” riesgos de deslizamientos. Botellas en lugar de estudios técnicos.
Hoy, la ciudadanía vive bajo una mafia que opera como lo hacía Al Capone. Solo que ahora lleva traje de autoridad y jura representar al pueblo. ¿Dónde está el control del Concejo Municipal? Ausente. Porque un grupo de sus miembros, peleando por cargos y beneficios en la directiva, han optado por el silencio, mientras el capo se enriquece… y La Paz se destruye.
¿Y nosotros, paceños?¿Hasta cuándo el silencio?
No podemos seguir siendo espectadores mientras destruyen nuestra ciudad y se reparten gruesos beneficios a costa de nuestra dignidad. Esta ciudad merece un gobierno que la honre, no que la use.
Por eso, convoco a todos los que aman La Paz —a los paceños de nacimiento, a los que llegaron para quedarse, a los que la recorren cada día— a convertirnos en protagonistas de las transformaciones que nos merecemos.
Ha llegado la hora de actuar. Tres tareas urgentes nos convocan: Primero, rescatar la ciudad de las manos del “Al Capone Municipal” y su mafia, antes de que nos dejen en ruinas, sin servicios, sin recursos y sin esperanza. Segundo, reconstruir la ciudad, no solo en sus calles, taludes y sistemas colapsados. También debemos reconstruir su institucionalidad, su ética pública y su tejido moral, hoy profundamente dañados por una lógica mafiosa y clientelar. Y tercero, proyectar la ciudad hacia el futuro. Hacia una La Paz moderna, verde, justa y humana. Una ciudad de oportunidades donde se cuide la vida y se mejore la vida de todos.
La Paz no necesita capos. La Paz necesita ciudadanos valientes. El momento de actuar es ahora.
César Dockweiler es militar, economista, PhD en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
