omo un soldado de la patria que vistió honrosamente el uniforme azul de las Fuerzas Armadas, me permito expresar mi profunda preocupación respecto a las recientes declaraciones del Comandante del Ejército. Estas afirmaciones han pisoteado la Constitución en nombre de la Constitución, vulnerando nuestra carta magna y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA). Es vital alertar a la sociedad sobre el grave riesgo que estas acciones representan para nuestra democracia.
El Comandante del Ejército ha transgredido un principio fundamental de las Fuerzas Armadas al deliberar y opinar sobre temas políticos en nombre de la institución armada. Al declarar que un ex presidente está inhabilitado para volver a ejercer la presidencia, ha infringido la norma que exige la imparcialidad política de nuestras instituciones militares. Nuestras Fuerzas Armadas NO son un instrumento para la opinión política. Son el pilar de Bolivia, dedicados a proteger y servir a todos los ciudadanos sin sesgos ni prejuicios.
Según el Artículo 244 de nuestra Constitución, las Fuerzas Armadas tienen la misión de defender la independencia, la seguridad y la estabilidad del Estado, no de participar en el debate político. Este artículo establece que su misión fundamental es defender y conservar la independencia, la seguridad y la estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país. Cualquier desviación de esta misión compromete gravemente la estructura democrática de nuestra Bolivia.
Además, al realizar amenazas y señalar que son un "brazo armado de la patria", este general ha desvirtuado la nobleza de la institución armada. Las Fuerzas Armadas existen para garantizar la paz y la seguridad, no para infundir temor entre la población o para ser utilizadas como herramientas de intimidación. Esta declaración no solo es imprudente, sino que también erosiona la confianza pública en nuestras instituciones. El Artículo 245 de la Constitución establece claramente que la organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina, es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. COMO ORGANISMO INSTITUCIONAL NO REALIZA ACCIÓN POLÍTICA.
Al atribuirse competencias de la policía y afirmar que harían detenciones si el caso lo amerita, este general ha sobrepasado los límites de su autoridad. La misión de las Fuerzas Armadas es clara: proteger la soberanía nacional y apoyar a las autoridades civiles cuando se les requiera, pero no usurpar sus funciones. Esta usurpación de competencias es inaceptable y socava el orden constitucional de nuestro país. Es imperativo entender que cuando las Fuerzas Armadas asumen roles que corresponden a la policía, no solo violan la ley, sino que también ponen en peligro la paz social y la estabilidad democrática.
Las consecuencias de estas acciones son múltiples y graves. En primer lugar, al intervenir políticamente, las Fuerzas Armadas corren el riesgo de convertirse en una herramienta de represión y control, socavando la confianza pública y debilitando la democracia. La politización de las Fuerzas Armadas podría conducir a un estado de totalitarismo, donde la voz del pueblo sea silenciada y los derechos civiles sean pisoteados. La historia ha demostrado repetidamente que cuando los militares toman un rol político, la libertad y la justicia sufren.
Estas acciones no solo representan un grave error de juicio, sino que constituyen una traición a los principios fundamentales que deben guiar a nuestras Fuerzas Armadas. Es alarmante y profundamente preocupante observar cómo se socavan los cimientos mismos de nuestra democracia y el Estado de derecho. Es imperativo que mantengamos la integridad y la apoliticidad de nuestras instituciones militares para proteger nuestro sistema democrático. Bolivia entera debe permanecer vigilante y unida contra cualquier intento de subvertir el orden constitucional.
Hago un llamado respetuoso al Presidente del Estado, como Capitán General de las Fuerzas Armadas, a hacer cumplir la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), impidiendo que este tipo de aseveraciones sigan generando susceptibilidades en el pueblo. Es su responsabilidad asegurar que nuestras Fuerzas Armadas permanezcan fieles a su verdadero propósito y no sean instrumentalizadas políticamente.
Es crucial que todos los miembros de las Fuerzas Armadas recuerden su verdadero propósito y mantengan el honor de su uniforme. Debemos seguir siendo una fuerza dedicada a la defensa de nuestro país, respetando siempre la Constitución y los derechos de nuestros ciudadanos. Solo así podremos asegurar un futuro libre y democrático para todos los bolivianos. Bolivia debe rechazar cualquier intento de manipulación política de nuestras instituciones militares y asegurar que se mantengan al servicio de la ley y el pueblo. La integridad y el respeto por la Constitución deben ser el norte que guía a nuestras Fuerzas Armadas. Es responsabilidad de cada ciudadano y miembro de nuestras Fuerzas Armadas proteger estos principios y garantizar que nuestra democracia se mantenga fuerte y vibrante. No podemos permitir que los intereses políticos comprometan la sagrada misión de nuestras Fuerzas Armadas: la defensa de nuestra soberanía, la protección de nuestra democracia y el servicio a todos los bolivianos.
Llamo a todos los bolivianos a estar vigilantes y unidos en la defensa de nuestra libertad y democracia. Es crucial que mantengamos la apoliticidad de nuestras instituciones militares y que cada uno de nosotros se comprometa a proteger la Constitución y los derechos de nuestros ciudadanos. Solo así podremos asegurar un futuro libre y democrático para Bolivia.
César Dockweiler es coronel de la Fuerza Aérea y economista experto en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
