entro los tópicos nacionales de los que poco se habla en los medios, es definitivamente el contrabando; sin embargo, al ya conocido estilo propagandista gubernamental, llama poderosamente la atención uno de sus últimos anuncios donde se habría; “propinado un golpe millonario al contrabando el 2025 valorado de 17 millones de bolivianos”.
Un dato no menor, es que, durante el año 2024, este movimiento ilegal fue de $us 3.300 millones en el país, según el reporte del presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), en perspectiva el contrabando se lleva el 8% de nuestro PIB, eso resultaría lo que daña económicamente el contrabando.
Desde cualquier punto de vista esta situación significa, una asfixia para la industria formal, ya sean grandes, medianas, pequeñas o microindustrias, lo que implica trabas en el empleo, el pago de aranceles e impuestos que dejan de ingresar a la economía nacional y que se van por la vía ilegal.
Y ahí nos nace esa gran interrogante; ¿Es posible concebir una mayor ausencia del estado como un ente de derecho, que la que sucede en la economía dependiente de la importación “ilícita”?
No hay que ir muy lejos para dar cuenta de eso, en un ambiente donde tras mucho riesgo se han producido recompensas económicas materializadas en fortunas considerables, sumado a las prácticas de peso excesivo en los impuestos para los que se arriesguen a trabajar de forma legal.
El dinamismo de la consolidada economía informal de mercado y un sistema ineficaz cargado además de burocracia, teniendo como resultado una burbuja cuya única consecuencia es igual que la fallida guerra contra las drogas, que hacer crecer el sector del contrabando.
Existe una tremenda responsabilidad de los actores de gobierno en este suceso, responsabilidad inherente a la dejadez, por un lado; de la creación y fomento de fuentes laborales en un entorno productivo.
Como también por otra parte; una responsabilidad histórica de no haber podido ni sabido construir un sistema legal de derecho que hubiese podido aprovechar en lugar de reprimir o extorsionar (como sucede en muchos casos) a los sectores de la economía que dependen del contrabando.
De una forma más que negligente, se ha permitido el engrandecimiento de un negocio que al estado le cuesta la friolera suma mensual de $us 280 millones, recurriendo en lugar de crear un sistema al recrudecimiento de sanciones que sólo provocan en una apreciable mayoría de los casos un auge de la extorsión y sus consecuencias violentas.
Las correcciones no sirven de mucho, como la de restringir operativos en las fronteras, crean una auténtica “zona de muerte” sin olvidar que desde el año 2018 ya suman; 17 uniformados fallecidos, 200 que resultaron heridos y 8 que quedaron con incapacidad por distintos ataques de contrabandistas.
En definitiva, cuando se pretende sustituir el Estado de derecho con un sistema adecuado, rápido, liberal, participativo y facilitador. Y no así; opresivo, violento y con el probable uso del terror, podremos ver resultados distintos.
En síntesis, la lucha contra el contrabando como se la plantea el gobierno es demasiado poco, demasiado tarde.
William Torrez Pérez es político y exasambleísta departamental de Oruro.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
