as autoridades elegidas y designadas, cuyo deber es gobernar y trabajar en beneficio de todos los ciudadanos, pareciera que perdieron el sentido común así como el de las prioridades, traducido en dos aspectos: garantizar el mandato que le encomienda la Constitución y las leyes nacionales; y la atención a los problemas más urgentes.
Días recientes varios anuncios de presentación de recursos de inconstitucionalidad estarían poniendo en riesgo las elecciones generales 25-30, del domingo 17 de agosto.
El primer recurso de inconstitucionalidad, que ya fue admitido justamente “con la ayuda de los magistrados prorrogados” del Tribunal Constitucional, planteado por el diputado masista del ala arcista y ex presidente de la Cámara de Diputados; Israel Huaytari, quien pide paridad de género en los binomios presidenciales.
Ahí nos nace un par de preguntas; ¿No es labor de un diputado la fiscalización, gestionar y coordinar como señala la Constitución Política del Estado? Qué tendría que hacer en este escenario una autoridad que durante 5 años de su gestión nunca reclamó temas concernientes al de paridad o alternancia de genero y sobre todo de la participación de la mujer en escenarios electivos.
¿No es sospechoso la presentación de este recurso faltando aproximadamente 5 meses para los comicios del 17 de agosto? Desde una sana lógica, sus acciones (desatinadas por supuesto) apuntarían a entorpecer la realización de los comicios generales, más aún al ver que su máximo exponente y aspirante a la reelección (Arce Catacora) no cuenta con la preferencia electoral (según encuestas anteriores) y necesitaría “más tiempo” para remozarse, rearticular sus líneas y reajustar sus estrategias electorales.
Un segundo recurso anunciado por Gualberto Cusi (exmagistrado), casualmente aliado de Jorge Quiroga y un tercero que sería interpuesto por parte de la CIDOB, organización indígena de tierras bajas, a través de su representante Luis Enrique Ardaya.
Ambos recursos están relacionados con la presunta inconstitucionalidad de los artículos 5 y 15 de la Ley de Organizaciones Políticas que impide la participación de los pueblos indígenas en comicios nacionales, solo en regionales, contraviniendo lo que señala la Constitución.
Nos volvemos a preguntar; ¿Será que ciertas exautoridades recién se acordaron de los pueblos indígenas, después del 1 de septiembre de 2018. cuando se promulgó la Ley 1096?
Una medida faltante de sentido común, y sentido de prioridad cuando existe un principio de preclusión de por medio o ¿será que ambos buscan ser cómplices de un posible complot? Seguramente el tiempo nos dará una respuesta.
En el segundo escenario, las autoridades elegidas y designadas en la actual gestión, en fase de culminación, quizás entre sus cálculos, no figuró que depender del extractivismo monoproductor (hidrocarburos). conllevaría a un descenso de los ingresos y, por ende, la escasez de divisas.
No se tomó en cuenta que obviamente se afectaría al Presupuesto General y los recursos de las arcas del nivel central del Estado y de los gobiernos subnacionales, como está ocurriendo ahora. Este dramático descenso nos hace pensar que, mientras hubo “vacas gordas” no se consideró las prioridades: inversión para el desarrollo y diversificación económica de manera eficiente.
Diecinueve años desaprovechados nos sitúan hoy con una palabra en la mente; ineptocracia, la que exponen nuestras autoridades porque al parecer no vieron las prioridades del país ni mucho menos de las regiones.
A poco de entrar de lleno a estas justas electorales, siempre y cuando estos recursos de inconstitucionalidad presentados no entorpezcan los mismos, ojalá la sociedad civil no haya perdido el sentido común y el camino correcto.
William Torrez Pérez es político y exasambleísta departamental de Oruro.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
