l proyecto de Ley N.º 213/2024-2025 CS de la Asamblea Legislativa Plurinacional establece las disposiciones transitorias para la selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En principio, su finalidad es garantizar un proceso transparente, meritocrático y ajustado a la Constitución. Sin embargo, en el diseño de los requisitos y criterios de evaluación, se observa una exclusión tácita de ciertas disciplinas académicas, entre ellas la ciencia política, lo que limita la pluralidad técnica en la conformación del órgano electoral.
Este artículo propone la necesidad de inclusión de los politólogos como actores idóneos por su conocimiento especializado en procesos electorales, sistemas de representación y comportamiento político. Asimismo, se analizan los riesgos institucionales de mantener una convocatoria restrictiva.
El TSE es el órgano encargado de organizar, administrar y garantizar la transparencia de los procesos electorales en Bolivia. Sus decisiones impactan directamente en la estabilidad política, la gobernabilidad y la legitimidad democrática. Por ello, sus vocales deben poseer competencias no solo jurídicas, sino también técnicas, sociales y políticas.
La actual redacción del proyecto de ley enfatiza la formación en materia constitucional, registral, notarial, informática, económica y de comunicación. Si bien estas áreas son relevantes, la omisión de la ciencia política resulta llamativa y preocupante. El ejercicio de un cargo electoral no puede limitarse a la interpretación legal (derecho electoral), sino que requiere comprender la dinámica de los sistemas de partidos, la participación ciudadana, la conflictividad social y las tendencias del comportamiento electoral, campos propios del análisis politológico.
El Artículo 23 del proyecto establece requisitos específicos que privilegian la formación en derecho y áreas afines. Además, la evaluación de méritos y el examen oral se centran exclusivamente en materias jurídicas y normativas, sin contemplar los aportes de disciplinas como la ciencia política, la sociología electoral o la gestión pública.
Este sesgo normativo conduce a una exclusión indirecta de los politólogos, a pesar de que la Constitución reconoce la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso a cargos públicos. Paradójicamente, el propio proyecto de ley establece como principio la idoneidad, definida como la conjunción de formación, experiencia y ética profesional. Bajo esta definición, los politólogos cumplen con creces los requisitos para aportar a la institucionalidad electoral.
La ciencia política, como disciplina consolidada en Bolivia desde hace más de cuatro décadas, proporciona herramientas imprescindibles para el diseño y evaluación de procesos electorales. Los politólogos son especialistas en: a) sistemas electorales y representación política en tanto comprenden las ventajas y desventajas de los diferentes modelos de asignación de escaños, lo cual es clave para proponer ajustes que fortalezcan la representatividad; b) comportamiento electoral y opinión pública pues su formación les permite interpretar encuestas, analizar tendencias de voto y prever escenarios de conflictividad política; c) instituciones políticas y gobernabilidad, ya que evalúan cómo las decisiones del TSE inciden en la estabilidad democrática y en la legitimidad del régimen; d) aborda el estudio de procesos comparados debido a su conocimiento de experiencias internacionales lo que permite incorporar buenas prácticas y estándares internacionales en materia electoral; d) ética y transparencia institucional, en tanto, la ciencia política también aborda el control del poder y la lucha contra la corrupción mediante diseños institucionales adecuados.
Excluir a los politólogos significa desaprovechar un capital humano altamente calificado para fortalecer la independencia y credibilidad del órgano electoral. La participación de 2 politólogos en la conducción del ente electoral en pasadas gestiones es la prueba más clara de que su aporte profesional es necesario e imprescindible.
Mantener una convocatoria cerrada y restrictiva tendría consecuencias negativas para el sistema democrático: al privilegiar una sola disciplina, se limita la diversidad de enfoques, generando la percepción de que el TSE responde a intereses corporativos. La ausencia de politólogos empobrece el análisis integral de los procesos electorales, reduciendo la capacidad de anticipar crisis y gestionar la conflictividad política.
La hegemonía de una visión puramente jurídica en el TSE puede conducir a interpretaciones rígidas y poco sensibles a la realidad social, es decir que, puede conducir a reproducir sesgos, tales como la exclusión profesional pues se vulnera el derecho de cientos de profesionales formados en ciencia política en universidades públicas y privadas a participar en igualdad de condiciones, esa acción conduce irremediablemente a una exclusión profesional que viola los propios principios de la convocatoria.
En igual forma, un TSE poco plural corre el riesgo de perder credibilidad ciudadana, especialmente en un contexto electoral marcado por la polarización política y la desconfianza en las instituciones lo que podría conducir a un debilitamiento institucional.
La democracia boliviana requiere un TSE fuerte, independiente y técnicamente sólido. Para ello, la pluralidad disciplinaria es una condición esencial. Así como se reconocen saberes jurídicos, administrativos o informáticos, también debe garantizarse la participación de los politólogos en igualdad de condiciones.
Incorporar a los profesionales en ciencia política no solo fortalece la calidad técnica del órgano electoral, sino que también envía un mensaje de inclusión y reconocimiento a una generación de jóvenes profesionales que han apostado por esta disciplina.
El proyecto de Ley N.º 213/2024-2025 CS, en su versión actual, presenta vacíos y sesgos que deben ser corregidos para evitar la exclusión de los politólogos en el proceso de selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral. La modificación de los artículos 23, 30 y 34, así como la incorporación del principio de pluralidad disciplinaria, son pasos necesarios para garantizar una convocatoria inclusiva, meritocrática y democrática.
El futuro de la democracia boliviana depende en gran medida de la fortaleza de sus instituciones electorales. Y para que estas sean sólidas, deben construirse desde la diversidad de saberes y la participación de todos los profesionales capaces de aportar a la transparencia y legitimidad del proceso democrático.
Jorge Kafka es politólogo.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
