as investigaciones sobre el secuestro del empresario Erick Roberto Baeza en la ciudad de Santa Cruz, por quien se pidió un rescate de 2 millones de USDT, apuntan que su hijastro Reny Pablo D. L. es parte de los plagiarios. Hay varios indicios que apuntan en contra del joven que ahora no puede ser ubicado.
La denuncia por la desaparición de Baeza fue realizada por su hijastro, Reny Pablo D. L., acompañado de un bufete de abogados. Sin embargo, tanto Reny Pablo como sus representantes legales abandonaron sus domicilios y no respondieron a las convocatorias de la Fiscalía para declarar.
Según el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, los abogados en cuestión son Carlos Henry G., candidato a representante supraestatal por un frente político, y su hermano Óscar Erwin G., con antecedentes por un caso relacionado a un millón de dólares.
“La inasistencia y desaparición tanto del hijastro como de sus abogados refuerza la hipótesis de que podrían estar relacionados con la autoría del secuestro”, afirmó el ministro.
Antes de desaparecer, Reny Pablo dijo que los secuestradores le enviaron un audio desde el número telefónico de Baeza pidiendo, según él, que no avise nada a la Policía. Luego le llegó un mensaje por WhatsApp en el que piden un rescate en criptomonedas por un monto de 2 millones de USDT a ser enviados mediante un código QR.
Según el avance de las investigaciones, el caso podría formar parte de una red delictiva de tipo familiar, práctica común en organizaciones criminales del país. La Policía ha identificado a todos los presuntos involucrados y trabaja para determinar si su participación fue material o intelectual.
Ríos informó que la Policía realizó un operativo de búsqueda en la zona del Urubó tras rastrear posibles movimientos de los implicados, aunque sin resultados positivos. “No se ha podido hallar a la persona secuestrada, pero hasta la fecha se sigue trabajando con la investigación para dar con su paradero”, agregó la autoridad.
Ríos reveló este viernes nuevos avances en el caso del secuestro de Baeza Achá, ocurrido el 29 de julio en el barrio Las Palmas de la capital cruceña, y formalmente denunciado el 2 de agosto.
Según Ríos, la Policía logró identificar el vehículo utilizado en el rapto, una vagoneta con placa 5996-FND, registrada a nombre de Olimpia S. R., quien cuenta con antecedentes por legitimación de ganancias ilícitas y estafa. La mujer no fue encontrada en ninguno de sus domicilios registrados.
Durante la revisión de movimientos del motorizado, se detectó que su esposo, Hugo V. S., era quien realizaba los carguíos de combustible. Este sujeto también registra antecedentes por narcotráfico, incluyendo un proceso por el hallazgo de 263 kilos de clorhidrato de cocaína.
Las labores de inteligencia incluyen el ruteo del vehículo utilizado en el rapto, gracias a registros de cámaras de vigilancia, y allanamientos en varios inmuebles asociados a los investigados. Ninguno de los implicados fue hallado en los lugares que solían habitar.
Ríos aclaró que versiones difundidas en redes sociales que apuntaban a que los autores serían policías o agentes antidrogas fueron descartadas. “En función a informes de la Felcc, la Felcn y el Comando Departamental (de Santa Cruz), se confirma que no son efectivos policiales”, subrayó.
El ministro pidió a los involucrados presentarse ante la justicia y advirtió que el caso no quedará impune. “Todos los elementos recabados permitirán establecer con mayor contundencia el grado de participación de cada uno de los implicados”, concluyó.
La investigación sigue en curso y no se descarta que el secuestro esté conectado con otros hechos delictivos bajo pesquisa en el país.
