olivia atraviesa una mutación silenciosa pero profunda en su mapa de violencia. Lo que durante años fue percibido como un país de tránsito relativamente periférico dentro del narcotráfico sudamericano, hoy se ha convertido en un escenario de disputa entre redes criminales transnacionales, estructuras locales emergentes y nuevas dinámicas geopolíticas impulsadas desde Washington. El incremento de sicariatos, balaceras, ajustes de cuentas y asesinatos selectivos ya no responde únicamente a fenómenos delincuenciales aislados: revela una transformación estructural del crimen organizado en el país.
La convergencia de cuatro factores explica esta nueva etapa: el lanzamiento de la estrategia estadounidense denominada “Escudo de las Américas”, el cambio político producido en Bolivia tras las elecciones de 2025, la reorganización de las rutas internacionales del narcotráfico y el arresto del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Juntos, estos elementos están alterando el equilibrio criminal regional y empujando al país hacia un escenario de violencia inédita.
Durante buena parte de las últimas dos décadas, Bolivia mantuvo una posición ambigua dentro del mapa sudamericano del narcotráfico. Aunque era un importante productor de cocaína y territorio de tránsito hacia Brasil, Paraguay y Argentina, los niveles de violencia asociados al crimen organizado eran relativamente menores comparados con Colombia, México o Ecuador.
Ese equilibrio comenzó a fracturarse progresivamente. Entre 2015 y 2026, Bolivia pasó de registrar episodios aislados de sicariato a experimentar asesinatos sistemáticos vinculados a disputas territoriales y redes criminales internacionales. Según registros hemerográfico, en 2023 se identificaron al menos 32 casos de sicariato, de los cuales 28 estuvieron relacionados con el narcotráfico.
La mayoría de estos hechos ocurrió en Santa Cruz, convertida hoy en el principal epicentro criminal del país. Allí convergen factores estratégicos: proximidad a Brasil, rutas de exportación, crecimiento económico, lavado de dinero y presencia de organizaciones criminales extranjeras. Los asesinatos presentan patrones cada vez más sofisticados: motocicletas, armas automáticas, inteligencia previa y ejecuciones rápidas. El crimen dejó de ser improvisado; ahora opera con lógica empresarial.
El cambio más importante en el entorno regional proviene de Washington. La administración de Donald Trump redefinió la política antidrogas estadounidense mediante la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”, una estrategia que transforma la lucha contra el narcotráfico en una arquitectura hemisférica de seguridad.
A diferencia de programas anteriores —como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida—, el nuevo enfoque ya no se limita a la cooperación bilateral. Su lógica es transnacional: integrar inteligencia regional, coordinar operaciones multinacionales y ampliar la jurisdicción judicial estadounidense sobre actores criminales extranjeros.
El mensaje estratégico es claro: Washington ya no pretende únicamente interceptar cargamentos de droga; busca desarticular o modificar ecosistemas criminales completos, incluyendo operadores financieros, estructuras políticas y redes logísticas.
La captura y extradición de Sebastián Marset representa precisamente esa nueva doctrina. El narcotraficante uruguayo no era solamente un capo regional; funcionaba como articulador de rutas entre Bolivia, Paraguay, Brasil y Europa. Su caída alteró el equilibrio de poder dentro del mercado criminal sudamericano.
Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que la eliminación de líderes criminales rara vez reduce la violencia en el corto plazo. Ocurre lo contrario: la fragmentación genera guerras internas por control territorial, rutas y mercados. México y Colombia vivieron ese fenómeno tras la caída de grandes carteles. Bolivia parece ingresar ahora en una etapa similar.
El arresto de Marset produjo un efecto de “vacío de poder” dentro de las estructuras criminales que operaban en el Cono Sur. Las organizaciones asociadas comenzaron a fragmentarse, mientras nuevos grupos intentan ocupar espacios logísticos y financieros antes controlados por su red.
Ese proceso tiene consecuencias directas sobre Bolivia. El país no solo funcionaba como plataforma de producción y tránsito, sino también como espacio de articulación entre organizaciones brasileñas —como el PCC y el Comando Vermelho— y operadores sudamericanos vinculados al envío de cocaína hacia puertos atlánticos.
Cuando una red dominante cae, surgen disputas violentas por tres recursos fundamentales: control de corredores fronterizos; acceso a protección institucional y corrupción estatal y manejo de rutas de exportación hacia Europa y África.
La violencia reciente en Santa Cruz, Cochabamba y zonas fronterizas responde precisamente a esta reconfiguración. Las balaceras registradas entre 2025 y 2026 muestran características típicas de guerras criminales de transición: asesinatos múltiples, represalias rápidas y creciente participación de extranjeros.
El cambio de gobierno en Bolivia en 2025 añadió otro elemento de inestabilidad. Todo proceso de transición política genera incertidumbre dentro de las redes criminales, especialmente cuando existen cambios en mandos policiales, inteligencia estatal y mecanismos de protección informal.
Las organizaciones del narcotráfico dependen profundamente de relaciones de corrupción, acuerdos territoriales y estructuras de impunidad. Cuando esas redes se alteran, aumenta la violencia porque distintos actores intentan reposicionarse dentro del nuevo escenario político.
En Bolivia, la debilidad institucional amplifica ese fenómeno. Las investigaciones periodísticas y análisis criminológicos coinciden en señalar tres factores estructurales: corrupción policial, fragilidad judicial y limitada presencia estatal en regiones fronterizas.
El problema ya no es únicamente el narcotráfico; es la capacidad del crimen organizado para infiltrar economías locales, financiar protección y generar sistemas paralelos de control territorial.
En ese contexto, la transición política boliviana ocurre en un momento particularmente delicado: mientras Estados Unidos incrementa presión regional mediante el Escudo de las Américas, las organizaciones criminales buscan adaptarse rápidamente para sobrevivir.
Otro elemento decisivo es la transformación del mercado global de drogas. Bolivia ya no opera solo como productor tradicional de cocaína andina; ahora forma parte de una red logística transcontinental.
Las rutas actuales conectan laboratorios bolivianos con Brasil, Paraguay y puertos del Atlántico utilizados para enviar cocaína hacia Europa. África occidental también se ha convertido en una plataforma de tránsito clave. Esta internacionalización incrementó el valor estratégico del territorio boliviano.
Las fronteras de Puerto Quijarro, San Matías y otras zonas orientales son hoy corredores fundamentales para el comercio ilícito regional. La presencia de organizaciones brasileñas confirma esa tendencia. El PCC, por ejemplo, ha expandido su influencia fuera de Brasil mediante alianzas flexibles y estructuras descentralizadas.
A diferencia de los antiguos carteles jerárquicos, las nuevas redes criminales funcionan como consorcios transnacionales: cooperan temporalmente, tercerizan operaciones y diversifican actividades ilícitas. Además del narcotráfico, participan en tráfico de armas, minería ilegal, contrabando y lavado de dinero.
Esto explica por qué la violencia se ha vuelto más impredecible y difícil de contener. Ya no existe un único actor dominante; el escenario está fragmentado. Aunque Bolivia aún está lejos de los niveles de violencia de México o Ecuador, algunas señales preocupan a especialistas en seguridad. El sicariato dejó de ser excepcional y comienza a normalizarse como instrumento de regulación criminal. El riesgo principal no es solo el aumento de homicidios, sino la consolidación de economías criminales capaces de capturar territorios, infiltrar instituciones y reemplazar funciones estatales.
El desafío para Bolivia es particularmente complejo porque enfrenta presiones simultáneas: mayor ofensiva internacional contra el narcotráfico, fragmentación de redes criminales regionales; debilidad institucional interna; expansión de mercados ilícitos globales y reacomodo político tras el cambio de gobierno.
En ese escenario, la violencia funciona como mecanismo de adaptación criminal. Cada captura importante, cada reestructuración política y cada intervención internacional generan nuevas disputas por poder y control territorial.
La pregunta central ya no es si Bolivia enfrenta un incremento de violencia vinculada al narcotráfico. La evidencia muestra que eso ya ocurre. La verdadera incógnita es si el Estado boliviano posee la capacidad institucional, política y estratégica para impedir que esa violencia se convierta en un fenómeno estructural permanente.
Jorge Kafka es politólogo y consultor en análisis estratégico.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
