l acuerdo para gestionar la abrogación de la Ley 1720 de reconversión de tierras alcanzado ayer entre el gobierno de Rodrigo Paz y la CSUTCB ha generado el rechazo de tres sectores directamente relacionados con esa temática: marchistas de tierras bajas, agroempesarios del oriente y parlamentarios de las oposiciones.
Representantes de los marchistas que llegaron a la sede de gobierno a principios de esta semana, tras casi un mes de caminata, cuestionaron al secretario ejecutivo de la Confederación de Campesinos de Bolivia, el pandino Víctor Hugo Roca, por haber firmado un acuerdo que deja en manos de una gestión ante la ALP la anulación la cuestionada norma sin tomar en cuenta a los marchistas.
Los sectores indígenas y campesinos consideran que la Ley 1720, promulgada por Paz el 8 de abril ante los agroempresarios en Santa Cruz, afecta a las pequeños productores y a los pueblos indígenas que solicitaron titulación de tierras por años sin resultados concretos.
Dicha ley habilita la conversión voluntaria de pequeñas propiedades en medianas, habilitando que puedan ser objeto de compraventa y crédito bancario. Los que rechazan la norma argumentan que pone en riesgo a las pequeñas tierras sometiéndolas a reglas de mercado, pero los que defienden la ley señalan que la conversión es voluntaria y permite decidir de manera libre sobre las propiedades para obtener financiamiento productivo.
Los marchistas que llegaron a La Paz desde el norte del país han instalado un piquete de protesta en el centro paceño. Afirman que seguirán en el lugar, hasta que se abrogue la ley. Cuentan con apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de parlamentarios que comparten su pedido.
El segundo frente abierto por el acuerdo Gobierno-CSUTCB está liderado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que rechazó la posibilidad de que la Ley 1720 sea abrogada. Al contrario exigió la anulación del Decreto 5613 que dispone lineamientos para la titulación de tierras en Beni y Pando, promulgado en el marco de un acuerdo entre el Gobierno y parte de los marchistas.
“Estas medidas no son errores técnicos. Son decisiones políticas que tienen un costo humano concreto: miles de pequeños productores que hoy no acceden al crédito formal seguirán excluidos del sistema financiero, no por falta de activos, sino por una normativa que el propio Gobierno defiende a espaldas de sus necesidades”, advirtió la CAO.
En ese sentido, el presidente de la CAO, Klaus Frerking, anunció medidas de presión progresivas, comenzando con una Asamblea de Productores que se realizará el jueves de la próxima semana en el municipio cruceño de Montero.
El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, acusó al Gobierno de negociar “sobre la espalda del pequeño productor y del campesino” y anunció que se convocará sectores “productivos, campesinos y provinciales a movilizarse en defensa de quienes alimentan a Bolivia”.
El tercer frente se encuentra en el Órgano Legislativo, donde los sectores agroempresariales tienen senadores y diputados, sobre todos de las bancadas opositores, quienes anticiparon en que rechazarán cualquier anulación e incluso modificación de la Ley 1720, ya que siguió su curso de discusión y aprobación sin cuestionamientos en la Cámara de Diputados y el Senado.
El senador Branko Marinkovic, disidente de la alianza Libre y aliado del gobierno de Paz, y el jefe de bancada de Libre en Diputados, Rafael López, entre otros parlamentarios provenientes de regiones del oriente. adelantaron que no dejarán pasar la abrogación de la Ley 1720 con la aprobación de una nueva norma supuestamente concertada, tal como anunció el Ejecutivo.
