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n medio de la ola de acciones constitucionales que acecha al proceso electoral de este año, este viernes el Tribunal Constitucional instruyó a las salas constitucionales resolver de manera inmediata los recursos interpuestos para que el calendario electoral no sea alterado.

"Se ha instruido a las salas constitucionales y jueces de garantías de todo el país que tramiten y resuelvan de forma inmediata los diferentes recursos y acciones vinculadas al proceso electoral que son de su conocimiento", dijo Gonzalo Hurtado, magistrado prorrogado y presidente del TCP, leyendo un comunicado.

“Ninguno de los recursos judiciales puede alterar o modificar el calendario electoral. Ni tampoco podrá retrotraer ninguna acción podrá retrotraer el calendario electoral”, sostuvo inicialmente dando por sentado que se debe aplicar el principio de preclusión en el actual proceso electoral.

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Siempre leyendo el comunicado, Hurtado adelantó que la celeridad que se ordenó a las salas constitucionales será aplicada por el propio TCP cuando le toque revisar todos los recuros constitucionales que se calculan entre 14 y 20 interpuesto tras el vencimiento del plazo de inscripción de candidatos, el 19 de este mes.

"Este tribunal resolverá con carácter prioritario y con celeridad los diferentes recursos constitucionales que se han puesto en su conocimiento de conformidad con el acuerdo de priorización de sorteo de causas suscrito por la sala plena", añade el comunicado del TCP.

Hace unos meses, en un inédito encuentro entre las salas plenas del TCP y del TSE, se acordó en La Paz que ningún recurso constitucional sin fundamento debería entorpecer el desarrollo de las elecciones 2025.

Hurtado señaló que la determinación fue tomada en sala plena del TCP que decidió exhortar a los actores políticos dejar de judicializar el proceso electoral y aprovechar este tiempo para hacer conocer sus propuestas de gobierno al electorado nacional.

"El Tribunal Constitucional va ha precautelar la realización de los comicios electorales cuidando la vigencia del Estado de derecho como patrimonio que constituye una conquista histórica de las y los bolivianos", añadió.