na coalición de “víctimas y defensores de derechos humanos” presentó una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, en el marco de la Ley RICO que combate el crimen organizado, contra gobiernos izquierdistas de Venezuela, Cuba y Bolivia acusándolos de una trama delincuencial transnacional fusionando el narcotráfico, la corrupción y la represión política.
En el caso boliviano, la acción judicial podría derivar en el procesamiento del expresidente Evo Morales, confinado hace un año en el trópico cochabambino, territorio de producción y distribución de cocaína, según informes oficiales; y también del actual mandatario Luis Arce, por la presencia y encubrimiento de carteles extranjeros y clanes familiares locales del narcotráfico.
El caso, registrado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida bajo el nombre “J. Doe v. Rubio, et al.”, invoca la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), un instrumento legal creado para procesar redes de crimen organizado en Estados Unidos.
Según la información difundida por el medio The Epoch Times, y replicada por varios medios nacionales, el documento judicial acusa a altos funcionarios de los tres países de haber conformado una estructura denominada Bolivarian Joint Criminal Enterprise” (BJCE), con el Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano como núcleo principal.
La demanda describe una presunta división de roles entre los tres gobiernos:
Bolivia habría operado como epicentro de la producción y distribución de cocaína, bajo la protección institucional de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.
Venezuela habría actuado como puente logístico, financiero y político, con participación del Cartel de los Soles, integrado y controlado por militares vinculados al chavismo.
Cuba, por su parte, habría desempeñado el papel de centro de inteligencia y coordinación estratégica, facilitando la comunicación entre los aparatos represivos y los operadores financieros de la red.
Los demandantes sostienen que los tres gobiernos actuaron de manera sincronizada, utilizando la retórica antiimperialista para encubrir actividades ilícitas y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
La acción legal menciona varios delitos con presunto impacto directo en territorio estadounidense, entre ellos el tráfico masivo de cocaína hacia Florida, el lavado de dinero mediante bienes raíces y empresas de fachada, así como la represión de opositores políticos y campañas de desinformación digital coordinadas desde La Habana.
El documento también incluye denuncias de conspiración para delitos sexuales y trata de personas, supuestamente vinculadas a redes de apoyo político y económico del MAS.
La demanda no solo apunta contra los gobiernos latinoamericanos. También incluye al secretario de Estado de Estados Unidos, al fiscal general y al director del FBI, a quienes los demandantes acusan de negligencia y omisión deliberada por supuestamente no haber actuado ante las pruebas que relacionaban a estas estructuras criminales con operaciones en territorio estadounidense.
Según el expediente, Washington habría tenido conocimiento de los vínculos entre el MAS, el chavismo y el gobierno cubano desde 2020, pero habría priorizado “la estabilidad diplomática” antes que la persecución judicial de los responsables.
El empresario boliviano Marcelo Claure compartió la noticia en su cuenta de X, calificándola como “el comienzo del final”, mientras que otros críticos del MAS, como Carlos Sánchez Berzaín, también difundieron el reporte.
