l proyecto de Ley Transitoria de Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral revela, una vez más, la precariedad con la que se entienden en Bolivia las profesiones y sus aportes al Estado. La norma establece criterios de evaluación que priorizan experiencia en áreas como derecho constitucional, administración pública, derechos humanos, sistemas informáticos, economía o comunicación, pero omite deliberadamente a la Ciencia Política, disciplina cuya razón de ser es justamente analizar, comprender y fortalecer los procesos democráticos y electorales.
La exclusión no es casual, se explica por dos factores: la subestimación histórica de la carrera en Bolivia y la comodidad de un sistema político que prefiere operadores funcionales antes que analistas críticos. Para muchos, la Ciencia Política es apenas una carrera “para ser candidato” o, peor, un adorno académico sin incidencia práctica.
El error es mayúsculo, el politólogo está formado precisamente para leer el comportamiento del Estado, entender la dinámica de los actores sociales, políticos, anticipar escenarios electorales y diseñar estrategias democráticas. En países donde la democracia es tomada en serio, los politólogos no son invitados de adorno, sino piezas claves en organismos diplomáticos, electorales, congresos y gobiernos.
Aquí, en cambio, se nos reduce a la anécdota de algunos colegas que incursionaron en la política partidaria con más pena que gloria, como si eso deslegitimara a toda la profesión. ¿Acaso no existen abogados corrompidos, médicos indolentes o economistas frustrados? Los errores individuales no invalidan una disciplina. El problema real es que en Bolivia la Ciencia Política sigue siendo vista como intrusa, demasiado nueva, demasiado incómoda para un sistema político que se alimenta del reciclaje de recetas y consultores extranjeros.
La ironía es que en las últimas elecciones se vio con crudeza esta limitación, campañas millonarias dirigidas por estrategas importados, aplicando fórmulas prefabricadas en escenarios para ellos desconocidos y teniendo como vencedores a aquellos clásicos que desempolvaron una receta de los años noventa y la combinaron con TikTok, redes digitales hablando en facilito. El resultado, sorpresas electorales que nadie anticipó, y un electorado que demostró que no se lo puede subestimar.
Pero el problema no es solo de la política. También es un fracaso de las universidades, sobre todo las públicas, que mantienen mallas curriculares obsoletas, con poca investigación real y docentes que se reciclan sin innovación. Ni qué decir de los colegios de profesionales, incapaces de articular un debate serio o de generar incidencia en la agenda pública. Ese vacío institucional deja a la Ciencia Política a la deriva, sin gremio sólido que defienda su pertinencia ni espacios claros de inserción profesional.
Que la ley excluya a los politólogos de los criterios de mérito para ser vocales electorales es, en este sentido, un revés, pero también un síntoma. No se respeta a la profesión porque la profesión misma no ha logrado consolidarse como actor colectivo. Es, a la vez, una injusticia y una oportunidad.
Una injusticia porque se margina a quienes tienen las herramientas para mejorar la calidad de la democracia. Una oportunidad porque obliga a la comunidad politológica a organizarse, a sacudirse del pesimismo y a exigir el lugar que corresponde en la construcción institucional del país.
Bolivia necesita procesos electorales más transparentes, confiables y modernos. Para ello no basta con abogados, economistas o ingenieros. Se necesitan politólogos, profesionales que entiendan la política no como el arte del acomodo, sino como un campo de análisis riguroso, de interpretación de demandas sociales y de diseño de escenarios futuros. Excluirlos no solo es torpe, es condenar al sistema electoral a seguir repitiendo los mismos errores.
La democracia no se defiende con decretos ni con leyes parchadas. Se defiende con conocimiento, con visión, con profesionalización. El proyecto de ley, tal como está planteado, no solo es insuficiente, es un recordatorio torpe de cuánto despreciamos la ciencia cuando más la necesitamos.
Rodrigo Salinas Luna Orozco es profesional en Ciencia Política y Gestión Pública. _ El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo._
