a Ley 075, promulgada para cesar en sus funciones a los magistrados autoprorrogados, ha desatado una tormenta política y jurídica. Mientras algunos la consideran nula por haber sido aprobada en una sesión legislativa supuestamente inválida, otros defienden su vigencia. Y, como siempre, están los que prefieren no definirse, atrapados en el vaivén de tecnicismos legales que nada aportan al pueblo boliviano. Pero más allá de los laberintos jurídicos, esta ley desnuda la realidad que vivimos: el Estado de derecho ha sido secuestrado, y la justicia se ha transformado en el arma preferida para subyugar la política y sobre todo la democracia.
Hoy, no debemos preguntarnos si esta ley es legal o ilegal. La verdadera pregunta es: ¿quién decide cuándo una ley entra en vigencia? La respuesta, tristemente, no se encuentra en nuestra Constitución ni en el derecho, sino en los oscuros intereses del poder político.
La Constitución, como siempre ignorada
Desde un punto de vista constitucional, la Ley 075 es indiscutiblemente válida. La Carta Magna, en su artículo 164, establece que toda ley promulgada debe ser publicada de inmediato en la Gaceta Oficial, y que su cumplimiento es obligatorio a partir de ese momento. Sin embargo, la negativa a publicarla no obedece a razones legales, sino a decisiones políticas que colocan los intereses del gobierno por encima del orden constitucional.
Este acto no es un simple retraso administrativo: es una muestra de desprecio por las normas que garantizan la seguridad jurídica. ¿Qué mensaje envía esto a la ciudadanía? Que en Bolivia, las leyes no se aplican según la Constitución, sino según la conveniencia de quienes ostentan el poder.
La mentira detrás de la habilitación de Evo Morales
Algunos abogados, sirviendo intereses oscuros, han intentado confundir a la población afirmando que esta ley habilita a Evo Morales para postularse nuevamente. Esa es una mentira descarada. Morales no necesita la Ley 075 para ser candidato. Su habilitación proviene de la vergonzosa Sentencia Constitucional 0084/2017, que sigue vigente y declara la reelección indefinida como un derecho humano. Este fallo, impuesto por un tribunal servil al poder, sigue siendo una herida abierta en nuestra democracia.
Quienes sostienen estas falsedades buscan dividir a la oposición y distraer al pueblo del verdadero problema: el deterioro institucional que ha permitido al Movimiento Al Socialismo (MAS) manipular la justicia para perpetuarse en el poder.
Un sistema judicial cómplice del autoritarismo
El problema de fondo no es la Ley 075 ni siquiera Evo Morales, sino un sistema judicial que ha sido cooptado por el Ejecutivo. Durante casi dos décadas, los gobiernos del MAS, primero bajo Morales y ahora bajo Luis Arce, han destruido la independencia del Poder Judicial. Hoy, los jueces y fiscales no actúan como defensores de la justicia, sino como operadores políticos al servicio de un régimen que busca mantenerse a toda costa en el poder.
La alianza entre el gobierno y los magistrados autoprorrogados es una maquinaria antidemocrática diseñada para aplastar cualquier intento de oposición. Este consorcio ha impedido elecciones judiciales, paralizado la promulgación de leyes y bloqueado la fiscalización del Ejecutivo, consolidando así un Estado autoritario.
El riesgo real: las elecciones de 2025
El verdadero objetivo del MAS no es gobernar democráticamente, sino asegurarse el control absoluto del poder. Las mismas maniobras judiciales que hoy paralizan la Asamblea Legislativa serán utilizadas en las elecciones generales de 2025. No se equivoquen: si un candidato opositor se perfila como favorito, el gobierno encontrará la forma de inhabilitarlo, perseguirlo o encarcelarlo, como ha sucedido en Venezuela. Si eso no basta, el Tribunal Constitucional estará listo para validar cualquier fraude o manipulación, tal como lo hicieron en 2019.
La estrategia es clara: mantener a Bolivia en un estado de incertidumbre jurídica que justifique prórrogas de mandato o elecciones amañadas. Ante este panorama, la ciudadanía no puede permanecer indiferente. Las elecciones de 2025 están en peligro, y con ellas, el futuro de nuestra democracia.
Un llamado a la movilización ciudadana
Bolivia no puede convertirse en otra Venezuela, Cuba o Nicaragua. No podemos permitir que los subterfugios legales se conviertan en la excusa para perpetuar un régimen autoritario. Debemos recordar que en 2019, la fuerza del pueblo sacó del poder a un dictador que creía tener el control absoluto. Hoy, enfrentamos un desafío similar.
La única respuesta a esta amenaza es la movilización ciudadana. Es hora de llenar las calles, de alzar la voz y de demostrar que el pueblo boliviano no está dispuesto a ser sometido nuevamente. Si el gobierno insiste en violar nuestra democracia, encontrará una ciudadanía despierta, organizada y dispuesta a defender lo que nos pertenece.
Porque en Bolivia, la soberanía reside en el pueblo, no en un partido ni en un caudillo. ¡Es hora de actuar!
Gustavo Blacutt Alcalá es abogado.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
