o que ocurre con las elecciones judiciales en Bolivia es un retrato nítido del deterioro institucional que enfrenta el país. Estas elecciones, previstas inicialmente para el año pasado, han sido objeto de un manejo político y jurídico que las ha desvirtuado por completo. Lo que debía ser un proceso democrático y transparente para renovar a los magistrados del Órgano Judicial se ha convertido en un juego de intereses, marcado por la paralización deliberada y la manipulación de recursos legales para ganar tiempo y, posiblemente, imponer una narrativa conveniente para los poderes de turno. Ahora, en un giro que nadie esperaba —o que todos esperábamos, conociendo el contexto—, el 15 de diciembre enfrentaremos unas elecciones judiciales "parciales" cuyas consecuencias son tan inciertas como preocupantes.
La decisión de realizar elecciones parciales en lugar de un proceso completo plantea un problema de fondo. Al integrar tribunales con miembros legalmente elegidos junto a otros autoprorrogados, se pone en jaque la legitimidad del sistema judicial en su conjunto. Los actos de los magistrados autoprorrogados son, en términos jurídicos, nulos de pleno derecho, y su permanencia contamina no solo la legalidad de los fallos, sino también la percepción pública de la justicia. En este escenario, ¿cómo garantizar que los tribunales cumplan su función de ser garantes de los derechos?
El dilema de los nuevos magistrados no será menor. Si deciden formar sala con los autoprorrogados, comprometerán la legitimidad de sus decisiones y serán percibidos como cómplices de un sistema que opera al margen de la legalidad. Por otro lado, si optan por no compartir espacio con ellos, corren el riesgo de ver sus actuaciones bloqueadas por la mayoría autoprorrogada, que, como recordamos, permanecerán en funciones. Este choque interno no solo afectará la capacidad de los tribunales para operar, sino que también expondrá, una vez más, la profunda politización de la justicia en Bolivia.
La composición del Tribunal Constitucional es un claro ejemplo de este panorama desalentador. De los nueve magistrados, solo cuatro serán renovados, dejando a una mayoría de cinco auto-prorrogados con capacidad de decisión plena. Esto significa que cualquier intento de los nuevos magistrados de promover la legalidad podría ser fácilmente neutralizado. La pregunta aquí no es si habrá conflictos, sino cuánto daño adicional sufrirá la institucionalidad del sistema judicial.
El impacto de este descalabro judicial no se limita al ámbito jurídico. Las implicaciones políticas son igualmente graves. Los nuevos magistrados, al formar parte de un sistema tan viciado, envían un mensaje preocupante: que la justicia sigue siendo un instrumento al servicio del poder político. Esto pone en duda la posibilidad de unas elecciones generales transparentes y creíbles, dado que las mismas instituciones encargadas de garantizar su legalidad están profundamente comprometidas. El reciente manejo de la sigla del MAS es solo un ejemplo de hasta dónde están dispuestos a llegar quienes controlan el sistema judicial para proteger sus intereses y los del gobierno.
"En este contexto, el futuro inmediato se presenta sombrío. El sistema judicial, lejos de renovarse, se encamina hacia una mayor deslegitimación. Este proceso, además de perpetuar la crisis institucional, tendrá efectos directos sobre la estabilidad política del país. La falta de La confianza en las instituciones judiciales no solo erosiona la democracia, sino que también profundiza la polarización y exacerba los conflictos sociales, debilitando los mismos fundamentos del Estado de derecho, a medida que crece la percepción de que la justicia está sometida a intereses políticos, se refuerza. las divisiones entre sectores de la sociedad, se reducen la capacidad de diálogo y se limita la posibilidad de alcanzar soluciones consensuadas a los graves problemas del país.
Es momento de reflexionar sobre las lecciones que deja esta crisis. Bolivia necesita un cambio estructural en su sistema judicial, uno que garantice independencia, meritocracia y transparencia. Mientras esto no ocurra, el país seguirá atrapado en un círculo vicioso donde el poder político y la justicia crean una sociedad irregular, perjudicando a la población y minando la esperanza de un futuro para nuestra patria.
Gustavo Blacutt Alcalá es abogado.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
