a familia ajustó sus gastos. La elevación del precio de la gasolina limitó las salidas diarias y se apeló al transporte público para llevar a los hijos al colegio. De pronto cayó el balde de agua fría que obligó a buscar recursos de donde no hay; la gasolina basura afectó el coche de la familia, que ahora quedó en el garaje porque el arreglo cuesta 4.000 bolivianos.
El problema no es tan simple; el padre de familia fue a un servicio automotor donde revisaron el coche cinco minutos, le mostraron en un celular que las válvulas tenían carbonilla y por solo esa consulta le cobraron 280 bolivianos; es más, le programaron el arreglo para mediados de junio, porque en el taller hay decenas de coches en reparación y cientos esperando su turno. Un golpe más a la familia de clase media.
Un reporte de la Encuesta Mundial de Valores (red global de científicos sociales), realizada por primera vez en Bolivia en 2017, reportó que el 69% de los bolivianos se autoidentifica como clase media. El historiador Edward Thompson argumenta que “la clase social es definida por los hombres tal y como viven su propia historia y, al final, esta es la única definición”.
Es evidente que este amplio espectro de la clase media viene definida por los ingresos económicos, acceso a la educación, calidad de vivienda, apellido y hasta color de la piel. La clase media cercana a las limitaciones, con capacidad de ahorro casi nulo, es cada vez más amplia.
Estas familias compran segundas marcas buscando ahorrar o va a la feria de El Alto para encontrar ropa de marca; reducen el servicio doméstico y no cambian el auto, postergan los arreglos de sus casas, no pintan la fachada desde hace una década; invierten menos en actividades recreativas o culturales; tiemblan con los gastos por servicios médicos y acuden a la medicina tradicional; tratan de mantener a sus hijos en la escuela privada o, finalmente, migran a la educación pública.
Esta clase media vive un proceso de empobrecimiento gradual (lento, pero seguro) porque su dinero vale cada vez menos, porque si antes compraba tres kilos de carne a la semana ahora compra dos, ha perdido la capacidad de ahorro y no hay nada que ocultar bajo el colchón; en resumidas cuentas, la pérdida de poder adquisitivo, la incapacidad de ahorro y el aumento de vulnerabilidad los acosa día a día.
Los bonos como la Renta Dignidad, el Juancito Pinto y Juana Azurduy son un barniz que no llega a todos y, representan un paliativo, en muchos casos solo sirve para aumentar la dependencia, o ganar votos en tiempo de elecciones (bono mochileitor, zapateitor...).
La Central Obrera Boliviana, que representa a menos del 15 % de los trabajadores, ha echado sal sobre la herida al exigir un 20% de aumento en los salarios, desmoralizando a los inversores y pequeños empresarios, que dan trabajo a miles que no pueden ingresar en el sector público.
Decía el historiador Herbert Klein que “la falta de inversiones significativas, especialmente en manufacturas con uso intenso de mano de obra, ha llevado a Bolivia a tener uno de los mercados de trabajo informal más grandes del continente americano. Se calcula que actualmente el 80% de la fuerza de trabajo consiste en ocupaciones de producción y salario bajos en el sector informal o en la agricultura de subsistencia. En 2007 se calculó que el 88% de la población boliviana no contaba con ningún sistema de pensiones y que el 82% no disponía del tradicional aguinaldo”.
Estas familias de la clase media baja, que tienen la alimentación diaria y equilibran sus gastos para no caer en la pobreza, ahora tendrán que vender el coche averiado por la gasolina sucia, cansados de escuchar explicaciones pueriles, porque saben que el Gobierno no podrá pagar a más de medio millón de personas que recibieron ese balde de agua fría. Ya han visto partir a algunos de sus hijos a los países vecinos en busca de trabajo, para alivianar los gastos de casa; renunciaron a los viajes de fin año, suprimieron algunos gustos y elevan las preces al cielo para no caer enfermos.
Una regla económica simple sostiene que si una persona obtiene menos ingresos, paga menos impuestos que otra con más ingresos, dentro del sistema progresivo de impuestos que tenemos; por tanto, la persona con menos ingresos contribuye menos a la solidaridad para con los demás.
Esta clase media no espera bonos ni dádivas, sino que las autoridades estatales cometan menos errores y no aumenten más peso sobre la mochila que cargan en este momento en nombre del país.
Ernesto Murillo Estrada es filósofo y periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
