iguiendo los datos del Régimen Penitenciario de mediados de 2025, aproximadamente 33.000 personas están privadas de libertad, de las cuales el 58% se encuentran bajo detención preventiva, lo que genera un hacinamiento en las cárceles.
Eliminar la delincuencia es una tarea ineludible y compleja, pero no parece estar en la agenda inmediata del gobierno, porque los problemas de los carburantes sucios, la circulación de los billetes de corte menor de la serie B, el caso de las maletas que pasaron sin control en Viru Viru y la desaparición de dinero y joyas de las casas ocupadas por Sergio Marset, lo tienen atareado.
Afrontar la delincuencia implica un enfoque multidireccional que empieza en la escuela más los medios de comunicación y remata en un sistema judicial cada vez menos creíble. Para ello se debe invertir en educación, generar empleos, ocupar el tiempo libre de los jóvenes, profesionalizar y mejorar la formación de los policías, usar tecnología de vigilancia y programas de rehabilitación.
Algunos países aplicaron penas más severas, pero no han logrado reducir la delincuencia; un ejemplo claro de ello es la política contra las drogas. El aumento constante del consumo de drogas a nivel mundial ha revelado que el endurecimiento de las penas, para frenar este flagelo social es un completo fracaso.
Algunos juristas sostienen que se deben endurecer las sanciones, por ejemplo, para el caso de los feminicidios, violencia en los hogares y el robo descarado al Estado por parte de funcionarios de alto nivel.
La pena máxima en el país es de 30 años de cárcel, tal como reza el artículo 119 de la Constitución Política del Estado. “Está prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento. II. La máxima sanción penal será de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indulto…” Existen grandes diferencias entre los países en cuanto al uso de la cadena perpetua, por ejemplo, la cadena perpetua “formal” está consagrada en la legislación de 183 países y territorios; 65 países aplican la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional; al menos 64 países prevén disposiciones que permiten el uso de la cadena perpetua “informal” o de facto.
En abril del año pasado, un excoronel policial, fue liberado después de 22 años de estar encerrado en las cárceles de Chonchocoro y Palmasola. Este personaje estuvo implicado en fuertes y millonarios atracos, entre ellos, el más recordado, el robo a una furgoneta de Prosegur con medio millón de dólares y tres muertos.
El caso no termina ahí; la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Bolivia por las violaciones a Derechos Humanos del citado excoronel y otros implicados en el atraco armado a una remesa de 2001, disponiendo que se paguen indemnizaciones que suman alrededor de 800 mil dólares para los afectados.
Otros policías (hermanos Fuentes) atracaron una remesa de la Comibol y se llevaron 2.800 millones de bolivianos, lo que hoy equivaldría a tres millones de dólares. Los asaltantes terminaron sus días en la cárcel, junto a su pandilla. Estas cifras se quedarían cortas si se comprueban las andanzas de ex miembros del gobierno de Luis Arce que se habrían llevado 80 millones de dólares.
¿Recibirán penas similares y por buena conducta serán liberados antes? Tal vez un buen añadido a las citadas penas máximas debería señalar: 30 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional. Todo esto quedará en papel mojado si no se cuenta con jueces probos y ese es teme de otro análisis o de una novela de ficción.
En lo que va del año van 22 casos de feminicidios; el delito de violencia familiar o doméstica sigue siendo el más denunciado en Bolivia junto a las violaciones. Si los jueces fueran más implacables en estos casos y evitar la reducción de condenas por buena conducta, en estos casos, tal vez aseguraríamos el derecho a la vida de los más débiles.
