l ciclo de lo nacional-popular abierto con la revolución nacional de 1952 no se ha cerrado. Muchos creyeron que este ciclo se cerraba con el agotamiento e implosión del MAS y que la titularidad del poder la ejercería otro bloque social, pero los resultados electorales del 17 de agosto nos dicen algo diferente.
El contexto político actual no hay que verlo sólo con el lente electoral que nos da datos de corto alcance, sino que hay que entenderlo en el contexto del largo alcance histórico que estamos viviendo. No sólo se trata de anécdotas y resultados electorales, sino de contexto y de contenido social que permita comprender mejor la situación actual y proyectar perspectivas futuras.
El elemento central del ciclo nacional-popular fue la irrupción de los sectores populares (mineros, fabriles, campesinos, clases medias marginadas, etc.) en el quehacer político, pero esa irrupción no se contentó con ser visibilizados, sino que rompieron la marginalidad política a la que estaban condenados, lograron protagonismo y desplazaron, en parte, a los sectores sociales dominantes (rosca oligárquica de militares, empresarios y burócratas) que hegemonizaban la conducción del país y las decisiones en función de sus intereses; y ese desplazamiento les permitió ser parte del gobierno, incluso como co-gobierno y, desde el poder, tomar medidas con tinte e interés popular. No fue un proceso tranquilo, conducido en una autopista libre de dificultades, sino que fue un proceso complicado, con avances y retrocesos en el que se siguió una tendencia centrista, cada vez más profunda de construcción nacional.
Del voto universal y la reforma agraria que reconocieron derechos políticos y económicos se continuó con la participación popular que permitió la intervención activa en la gestión estatal, particularmente en los gobiernos municipales y alguna representación parlamentaria, para llegar a la inclusión social y la participación política en todas las esferas de gobierno (poder) con la llegada del MAS.
En todo ese proceso, el sujeto activo fue el movimiento popular que, además de los señalados anteriormente se añade el componente indígena que se involucró activamente con la marcha por el territorio y la dignidad de 1990; un movimiento popular que no tenía ni tiene dueño, ni se une, de forma definitiva, con partido alguno. Este movimiento popular-indígena ha canalizado sus energías y reivindicaciones con el MNR de la revolución nacional, con el Gral. Barrientos a través del Pacto militar-campesino; con la UDP en la recuperación de la democracia; con el MAS y su engañoso proceso de cambio y ahora está buscando expresarse a través de la Democracia Cristiana (DC) con su candidato Rodrigo Paz.
De acuerdo a ello, ningún partido, ni el MAS, pueden considerarse dueños del movimiento popular-indígena, ni se los puede manipular a gusto para hacer lo que los jefes de partido quieran; prueba de ello es que ninguna de las candidaturas surgidas de la implosión masista pudo retenerlas o controlarlas y, ni Evo, con su consigna de voto nulo, pudo generar tendencia, por lo que resulta insensato y delirante pensar que hubo un pacto secreto o una “mano negra” capaz de manipular a la gente y trasvasar el voto del MAS a la DC, o una instrucción, orgánica y ciegamente acatada por ovejas, para ir a votar por Rodrigo Paz en las pasadas elecciones. La realidad política es mucho más compleja que esas teorías conspirativas simplistas, epidérmicas u hormonales que buscan deslegitimar una victoria evidente. Los resultados electorales no hay que entenderlos sólo como números fríos o cifras que pueden ser transferidos de un partido a otro, sino como la expresión de complejos procesos sociales y políticos que tienen su condensación en momentos electorales y los resultados que contienen.
El movimiento popular-indígena no votó por el MAS, pero tampoco lo hizo por las propuestas de centro-derecha tradicionales; buscó un camino de renovación que les permita canalizar, con cierta identidad, sus necesidades y aspiraciones y prefirieron optar por la DC (Rodrigo Paz) porque sintieron que ahí se abría una conexión emocional entre el candidato y sus demandas, aunque a nosotros nos parezcan demandas irracionales, poco realistas y difíciles de cumplir como la de legalizar, por enésima vez los autos chutos, impulsar procesos de capitalismo popular, bonos, subsidios, préstamos sin garantía, jubilación universal, etc. Indudablemente, son demandas o propuestas demagógicas, pero se inscriben todavía en la mentalidad estatista de la gente que, desde aún antes del 52, cree que el Estado es el proveedor, a simple demanda, de bienes, servicios y medios materiales o monetarios para su subsistencia.
Nadie puede negar que muchos exmilitantes del MAS se encuentran en las listas de candidatos a parlamentarios; hasta Tuto tiene algunos de ellos. Es gente a la que, individualmente, se la puede tipificar como “pasa-pasa”, pero de ahí a creer que es un plan fríamente calculado del MAS, o de Evo, para infiltrarse en el PDC y seguir controlando el país, es parte de la guerra sucia y de la incapacidad de hacer un análisis crítico que ayude a explicar lo sucedido. Y, la culpa de esa “inconducta política” de mucha gente, que pasa de un partido a otro, no sólo se la puede atribuir a ellos sin ver el grado de responsabilidad que también tienen los propios partidos políticos por aceptarlos. Estos partidos que se organizan a topa tolondras, unos meses antes de las elecciones, sin estructura y manejados por una camarilla alrededor del “jefe” que, muchas veces funge como señor y dueño del partido, no desarrollan ningún proceso de formación política, de capacitación y desarrollo organizacional y aceptan todo lo que se les acerca con tal de aumentar su caudal electoral.
Lo que sucede es que esa gente busca canales de representación y participación del movimiento popular-indígena en la dinámica política que vive el país y, en esa búsqueda coinciden los unos con los otros, logrando ensamblar una candidatura sin rigideces ideológicas o programáticas, en un cascarón de partido como es la DC, permitiendo así ser los protagonistas de la lucha por el poder con las otras fuerzas políticas.
No pretendo ser simplista; sólo busco expresar la hipótesis que el MAS ha implosionado y las diferentes fracciones de su implosión ya no son espacios políticos que garanticen la participación activa del movimiento popular-indígena en las decisiones y conducción política del país y, ante el serio riesgo de que les cierren las puertas y quedar marginados (regresión a un pre-52 con Tuto y su posible gobierno oligárquico y tecnócrata) o ser invitados decorativos en la alianza Unidad, han preferido coincidir en el espacio débil que representa el PDC, cuya carencia de propuesta política fue aprovechada para instalar un discurso ambiguo, populista, estatista y demagógico, particularmente por su candidato vicepresidencial, generando así la sorpresa electoral del 17 de agosto. Como funcionó ese proceso y esa victoria deberán ser objeto de un estudio más profundo.
En el fondo, en el inconsciente colectivo del movimiento popular-indígena, lo que parece existir es el temor real de perder los espacios de poder conquistados y la posibilidad de seguir tomando decisiones en el gobierno, en función de sus intereses y necesidades, temor que fue neutralizado por el camino seguido y los resultados logrados. Esta constatación no es un descubrimiento novedoso, es simplemente, el reconocimiento de la permanente lucha de los bloques económico-sociales por mantener y/o conquistar el gobierno y los espacios de poder.
Posiblemente, el nuevo gobierno que se vaya a instalar no tenga la capacidad requerida para resolver todos los problemas económicos del momento y se agrave la situación hasta tocar fondo, pero la dinámica y el proceso que se abren dan la pauta para pensar que nos estamos moviendo, avanzando, desde la perspectiva nacional popular-indígena hacia la construcción democrática nacional con contenido social; de una transición, cada vez más clara de lo nacional popular-indígena hacia una sociedad más democrática y ciudadana. Las últimas elecciones llevadas a cabo de forma impecable por el Tribunal Supremo electoral y la conducta responsable de la ciudadanía, a pesar de los malos augurios, expresan esa transición y avance democrático.
El MAS se ha agotado e implosionado en esta etapa electoral, pero ello no significa que el movimiento popular-indígena se haya agotado y se le haya cerrado el paso. Me atrevo a pensar que el ciclo nacional popular, con trasfondo aún estatista, no se va a cerrar con un proceso electoral, por decreto, porque Tuto llegue al gobierno o porque se desate una “caza de brujas” contra todo lo que parezca popular. Ese cierre va a ser un proceso largo, de educación y formación ciudadana en la que los derechos se encuentren en sintonía con los deberes y que el ciudadano deje de ver al Estado como el grifo que alimenta su vida mediante bonos, subsidios, medidas preferenciales, etc., y asuma todas las responsabilidades de vivir en una sociedad solidaria, con deberes y derechos.
Cerrar el ciclo nacional popular-indígena va a tomar todavía mucho tiempo, con sobresaltos y algunos apuros que seguramente los superaremos, casi sin darnos cuenta, cuando se resuelvan los agudos problemas económicos y sociales, cuando una educación de calidad sea lo normal en el país; una educación diferente que tenga como eje el pensamiento crítico, el análisis informado; que los estudiantes concluyan sus estudios con competencias óptimas de lectura, escritura y matemáticas (como mínimo), cuando la escuela deje de ser una tortura de la formalidad, orientada solo a enseñar y a transmitir información y pase a ser un servicio de calidad que permita generar capacidades orientadas a la construcción de ciudadanía y cuando logremos despercudirnos, como sociedad, de los prejuicios que se arrastran contra el movimiento popular-indígena. Procesos educativos sostenidos a mediano y largo plazo que permitirán a la sociedad toda superar los altos grados de discriminación, recelos y prejuicios e ir mutando hacia una sociedad de ciudadanos, democrática con justicia social y desarrollo sostenible.
Mientras tanto, seguramente, seguiremos viviendo con los estertores de una dinámica política marcada por el vaivén de la polarización fanatizada entre un populismo demagógico, con tendencia autoritaria, que cree que los problemas del país se resuelven con bonos y subsidios estatistas y una derecha señorial, oligárquica y tecnócrata que cree que unas medidas de shock o ajuste económico estructural, con algunos paliativos sociales, van a resolver los graves problemas del país. En medio de todo ello, la lucha por una educación de calidad seguirá siendo el camino para la sólida construcción de una sociedad cada vez más democrática y plural.
Edgar Cadima Garzón es matemático, educador y político.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
