n la nueva ola neoliberal y la “batalla cultural” que vienen desplegando algunos epígonos con aire supremacista, pretenden deslegitimar algunos ejes del avance de la humanidad por mejores condiciones de vida; una de ellas es el de la justicia social que, con argucias y medias verdades concluyen que la justicia es una sola y que no puede estar acompañada de adjetivo alguno.
Es obvio, en teoría, la justicia en una sociedad debiera ser una sola y sin adjetivos complementarios, pero la justicia, es decir, el sistema judicial en la sociedad es una construcción humana, social y cultural, y no es perfecta; responde a determinados intereses que hacen que un fiel de la balanza quede más inclinado que el otro. La corrección o la lucha por la corrección de ese desequilibrio, que afecta a algunos sectores sociales, es lo que se denomina la lucha por justicia social.
Así, la justicia social es un importante componente político orientado a garantizar el bienestar y la dignidad de las personas mediante el ejercicio de la equidad e igualdad en la aplicación de los derechos establecidos, el acceso a los recursos y las oportunidades en una sociedad, con especial énfasis contra las injusticias que sufren grupos sociales llamados vulnerables o marginados, promoviendo políticas que supriman la pobreza, la exclusión y la discriminación.
En términos teóricos, toda persona tiene las mismas oportunidades para acceder a la educación, la salud, el empleo, la participación política, la protección de los derechos humanos, etc. pero, la realidad muestra muchas falencias en ese mandato y la justicia social busca corregir las desigualdades o injusticias estructurales, a fin de que todos tengan la garantía de vivir en iguales condiciones y posibilidades de desarrollo en el marco social y legal establecido, haciendo que las diferencias económicas, culturales y sociales no se vean como algo normal ni se constituyan en causas de discriminación o exclusión.
Se dirá que toda justicia tiene carácter social, es decir que la justicia busca equilibrar las condiciones de vida social, mediante pautas de convivencia justas; que la justicia es para que la sociedad viva en armonía con el sistema político y económico adoptado, pero eso cabe bien en la teoría y ese es el problema de los neoliberales, creen que la justicia, en abstracto, y la teoría elaborada por autores que nutren su pensamiento, es la correcta en tanto dogmas verdaderos, que no exigen cuestionamiento alguno. Esa es la justicia formal, la de las leyes sancionadas en los códigos o “justicia teórica y sin adjetivo” que muchos creen que es única e inapelable, que existe para que la sociedad viva en armonía y que su aplicación ciega redime todo, sin preocuparse por explicar o superar los males o las injusticias que se viven.
F. Hayek “concluye que este término (justicia social) no tiene ningún sentido en una sociedad de hombres libres”, claro, pero el problema es que la “sociedad de hombres libres” existe en la teoría o en las utopías, donde también puede existir la felicidad plena, pero en la realidad social concreta, la libertad está normada igual que la justicia y bien sabemos que la justicia real no siempre es justa o no contempla muchos aspectos presentes en la sociedad, lo que exige pensar en términos de justicia social por las implicaciones que tiene para la convivencia ciudadana.
La justicia, a secas, sin adjetivo complementario, debiera ser la visión a construir, pero mientras existan injusticias, discriminación o exclusión implícitas o explícitas por razones económicas, sociales o culturales contra determinados grupos sociales, la lucha motivada por una justicia, reparadora de esas injusticias tendrá ese carácter social, hasta que se logren corregir y las nuevas normas se integren, como algo normal, en el sistema jurídico vigente.
Hanna Arendt en su reconocido reportaje sobre el juicio realizado a A. Eichmann en Jerusalén (1963) señala a este criminal de guerra como una “persona normal” y, aunque, pudo tener conciencia de la naturaleza criminal de sus actos, realizaba sus funciones (aplicando la normativa administrativa y judicial) de manera tan normal y eficiente —Arendt le da el calificativo de banal— que no le generaba mayor preocupación o remordimiento organizar y concretar el destino de los prisioneros (judíos, comunistas, zurdos, gitanos y otros marginales) hacia los campos de prisioneros y los centros de exterminio. Su trabajo era banal y administrativo. Mientras se lo juzgaba, Eischmann se sorprendía que se hiciera un escándalo y que se encuentre en esas circunstancias, cuando el sólo había hecho lo que tenía que hacer un funcionario modelo, aplicar el sistema administrativo y jurídico alemán (nazi), considerado legalmente correcto y no se le cruzaba por la mente transgredirlo, porque entonces dejaría de ser el funcionario eficiente que era.
Él no veía nada malo ser parte de la cadena administrativa de esa justicia establecida (justicia sin adjetivos) y no era quien para ponerla en cuestión. “La tan traída y llevada banalidad no estriba por tanto ni en una deficiencia intelectual, ni en una falta de preparación, sino en la incapacidad de relacionarse con uno mismo y con los demás que, en el caso de Eichmann consistía en su incompetencia para relacionar su labor burocrática con el sufrimiento de millones de judíos…”, así, Eichmann no mostraba conciencia social ni podía relacionar sus funciones con la enorme injusticia social que administraba y causaba.
El problema de quienes no creen que exista justicia social, motivadora para corregir las falencias del sistema judicial y llegar a una justicia sin adjetivos es que actúan como Eichmann, aplican la letra muerta de la ley, como si lo establecido fuera perfecto y no perfectible desde lo social y es lógico que, en ese horizonte estrecho, no van a ver o comprender que la justicia comete muchas injusticias que exigen ser superadas. Pero, no todo es cuestión de aplicación ciega de la normativa legal, también es cuestión de costumbres o factores económicos y culturales que encubren determinadas situaciones de injusticia que requieren o exigen conciencia social para superarlas, Así, los ajustes o cambios que se logren, podrán ser adscritos a la normativa para un funcionamiento más armonioso de la sociedad. Veamos un par de casos para ilustrar:
En plena expansión de la revolución industrial, tanto en Europa como en EE UU era “normal” que la jornada laboral sea de 10, 12 y hasta 14 horas, en condiciones de explotación inhumana, no solo a los proletarios (obreros varones) sino también a las mujeres y niños, en condiciones aún peores. Similares condiciones de explotación sufrieron los trabajadores de las minas de carbón que brindaban la energía que requería la industria (“Germinal” de E. Zola ilustra esas condiciones de vida y explotación) o las minas de estaño en Bolivia que aportaban con materias primas para esas industrias.
Las doce o catorce horas de trabajo asalariado no solo se establecía por lo que podía significar la capacidad de resistencia de los trabajadores (hombres, mujeres y niños) sino, fundamentalmente, por la ambición empresarial desmedida de acumular ganancias y riquezas en el menor tiempo posible, mientras el resto de la sociedad lo veía como normal o “miraba a un costado”. Y, no era cuestión de “mercado regulador” (generalmente, al mercado no le interesa regular problemas sociales). Pensar que la justicia se regula por las leyes del mercado (oferta y demanda) significa considerar a la gente como simples mercancías y no como ciudadanos con iguales derechos y deberes. Al mercado, a más de interesarle regular o equilibrar los precios y las utilidades, poco le interesa las causas o los efectos sociales de esa pugna entre mayores beneficios a costa de bajos salarios y mínimas prestaciones sociales propios de un capitalismo salvaje.
La lucha por las 8 horas de jornada laboral fue una lucha por justicia social, para que el derecho al trabajo sea normado y para que esa otra parte de la sociedad, que creía que “todo estaba bien y que era normal que la gente trabaje catorce horas con salarios de hambre”, comprenda que no era así; que una parte de la sociedad sufría una injusticia y que el sistema judicial o la normativa existente que se desentendía, tenía que ser corregido.
Mucho después que Sacco y Vanzetti fueran asesinados por la “justicia estadounidense” (administrada por el Estado) que, de acuerdo a sus preceptos no correspondía otra sanción para los “revoltosos”, aunque éstos sean inocentes, se fue comprendiendo de la justeza de esa demanda hasta tener carácter universal. La “banalidad del mal”, amparada por la “justicia”, contra determinados sectores sociales debe ser eliminada mediante acciones de conciencia y justicia social para que se corrijan las injusticias y, una vez corregidas, sean incorporadas dentro del sistema jurídico vigente. Mientras ello no suceda, la lucha por la justicia social seguirá vigente.
Es muy evidente que para hablar de justicia social hay que compartir elevados niveles de humanismo, empatía y solidaridad, ya que solos los conceptos de la eficiencia entre el “debe y el haber” económicos y las leyes fosilizadas como reguladores de la conducta humana no son suficientes, ni definitivos, para lograr armonía social.
La Marcha de 640 Km por el Territorio y la Dignidad que llevaron a cabo los indígenas del oriente boliviano, entre el 15 de agosto y el 19 de septiembre de 1990, es otra muestra de la importancia de la conciencia y la justicia social. Hasta esa marcha la justicia funcionaba, supuestamente, para todos los bolivianos, pero en realidad no atendía los múltiples reclamos de los indígenas sobre los avasallamientos de que eran objeto con presiones, cada vez más fuertes, por la explotación de los ricos recursos naturales (oro, madera, pieles, fauna, castaña, etc.), la concesión de tierras para la agricultura, la suspensión de reservas forestales, la caza indiscriminada y exportación de pieles por parte de entidades estatales (Min. de Asuntos Campesinos y Agropecuarios) y empresas legales e ilegales, que ponían, en serio riesgo, los frágiles equilibrios ecológicos y la propia vida de las comunidades asentadas en esos territorios, llegando incluso al asesinato de indígenas chimanes en el Beni.
Hasta esa marcha, los indígenas vivían por ahí, en el monte y los pocos que se veían en las ciudades, generalmente, eran en calidad de mendigos, con la dignidad perdida. Frente a esa situación la gente citadina miraba a otro lado y el sistema de justicia se desentendía del problema.
La Marcha por el Territorio y la Dignidad, que se inició con la participación de los indígenas del oriente beniano (moxeños, sirionó, yuracaré y chimanes) fue fortalecida, en su último tramo, por los indígenas quechuas y aimaras, logró el reconocimiento legal de los territorios indígenas, la inclusión de reformas constitucionales que reconocían la existencia y los derechos de los pueblos indígenas, el respeto a sus propias formas de organización y el reconocimiento a sus autoridades tradicionales.
La justicia social que se concretó a favor de estas poblaciones indígenas, tan bolivianas como cualquier otro boliviano y con los mismos derechos, pero lamentablemente ignorados, posicionó la demanda de los indígenas en el centro del debate y mostró la riqueza intercultural boliviana en su tramado poblacional y la conciencia que su territorio, cultura y derechos deben ser respetados como la del resto de los bolivianos.
Estos dos ejemplos, de los cientos que existen en el mundo, son referentes de la importancia de generar propuestas con contenido social, de la lucha por modificar lo banal, lo rutinario, para que la normativa vigente y los cambios que se deseen introducir tengan un contenido social; que los cambios, por muy técnicos o financieros que sean, tienen, en última instancia, efecto en la gente y deben estar orientados a mejorar sus condiciones de vida.
Las injusticias requieren de conciencia política y social para ser cambiadas y las propuestas políticas deben estar inspiradas por su contenido de justicia social, explícito o implícito. No olvidemos que cuando el dogma precede a todo tipo de análisis, la comprensión de la realidad se hace difícil, y la justicia, que no tiene “caja de cambio automática”, continúa funcionando como si todo estaría correcto.
Es un axioma que muchos problemas sociales no pueden resolverse mediante leyes enmohecidas o decálogos escritos en piedra. Resolver esos problemas de injusticias que viven muchos grupos sociales, muchas veces vistos como temas “normales” o naturales, requieren ser puestos en evidencia para generar una conciencia social sobre la necesidad del cambio e introducir las modificaciones en el sistema normativo (ejemplos: seguridad social, jornada laboral, derechos humanos, etc.). Ese proceso enriquece la institucionalidad con un contenido social irreversible, entonces podemos decir que ese Estado y su normativa contienen elementos de justicia social que no pueden ser fácilmente revertidos y si lo fueran, entonces la “lucha continuará” en ese campo o por esas reivindicaciones sociales.
Edgar Cadima Garzón es matemático, educador y político.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
