as transacciones con activos virtuales en Bolivia han establecido un nuevo paradigma económico durante 2025. Los datos del Banco Central revelan que el primer semestre registró 294 millones de dólares en operaciones, comparado con 46,5 millones en el mismo período de 2024. Este crecimiento del 632% refleja una transformación estructural en los hábitos financieros de los bolivianos, quienes han integrado progresivamente las criptomonedas en sus operaciones cotidianas.
El volumen promedio mensual de 49 millones de dólares durante la primera mitad del año establece patrones de uso que trascienden la especulación financiera para convertirse en herramientas operativas. Entre mayo y julio de 2025, las estimaciones indican transacciones por aproximadamente 147 millones de dólares, cifra que incluye principalmente USDT y USDC, con clara predominancia de la primera stablecoin en el mercado boliviano.
Esta adopción ocurre en un contexto macroeconómico particular. La inflación interanual alcanzó 18,46% en mayo 2025, representando el nivel más alto en tres décadas, mientras los expertos proyectan que podría superar el 22% antes de estabilizarse. La inflación mensual de marzo registró 1,71%, con una acumulada del 5% en el primer trimestre del año. Estos indicadores han modificado fundamentalmente la percepción ciudadana sobre instrumentos de preservación de valor.
La brecha cambiaria ilustra esta dinámica. Mientras el tipo de cambio oficial mantiene el dólar a 6,96 bolivianos, el USDT cotiza a 14,41 bolivianos, generando una diferencia mayor al 110% que refleja la valoración real del mercado sobre la estabilidad monetaria. Esta disparidad no representa una distorsión temporal, sino una valoración estructural que los bolivianos han incorporado en sus decisiones financieras diarias.
El comportamiento del precio del USDT durante el período analizado muestra patrones reveladores. Desde un pico cercano a los 20 bolivianos en mayo, descendió a 14,90 bolivianos el 1 de julio y posteriormente a 14,41 bolivianos el 18 de julio. Esta reducción del 28% sugiere una mayor disponibilidad de la stablecoin en el mercado nacional, posiblemente vinculada a factores de oferta que incluyen nuevos canales de acceso y mayor liquidez en plataformas de intercambio.
Sin embargo, la persistencia del sobreprecio superior al 100% indica que la demanda mantiene fundamentos sólidos. Las micro, pequeñas y medianas empresas han adoptado el USDT como respuesta a múltiples presiones operativas: incrementos salariales del 10% al salario mínimo nacional y 5% al haber básico, restricciones crediticias del sistema financiero tradicional, y escasez de divisas para importación de insumos y materias primas.
Para estas empresas, los activos virtuales cumplen funciones específicas: preservación de valor ante la inflación, facilitación de pagos internacionales con menores costos que el sistema bancario, acceso a divisas cuando los dólares físicos escasean, y agilización de transacciones comerciales. Estas aplicaciones han transformado el USDT de un instrumento especulativo en una herramienta operativa esencial.
La inclusión financiera constituye otro factor determinante. En un país donde solo el 11% de la población posee tarjeta de débito y apenas el 5% utiliza tarjetas de crédito, las criptomonedas ofrecen acceso a servicios financieros digitales que el sistema tradicional no ha logrado democratizar. Los datos de ASFI indican que aproximadamente 360,000 bolivianos participan activamente en el ecosistema cripto, representando el 3% de la población nacional.
El perfil de usuarios revela características específicas: 86% son personas naturales con predominio masculino del 77%. Esta distribución sugiere una adopción que ha trascendido nichos tecnológicos para establecerse en sectores productivos y comerciales convencionales, donde las necesidades operativas impulsan el uso más que la fascinación tecnológica.
El marco regulatorio ha evolucionado paralelamente a esta adopción. El Decreto Supremo N° 5384 de mayo 2025 estableció la reglamentación para Empresas de Tecnología Financiera, complementado por la Resolución ASFI/540/2025 del 3 de julio. La normativa define cinco categorías: soluciones con blockchain y activos virtuales, pagos y plataformas de pago, plataformas de financiamiento, tecnologías empresariales, y otras categorías que ASFI pueda incorporar.
ASFI identificó 209 empresas fintech que deben adecuarse antes del 31 de diciembre de 2025, distribuidas en 176 proveedores de servicios de activos virtuales y 33 plataformas de pagos. Esta regulación reconoce la realidad operativa del sector mientras establece marcos de supervisión apropiados para empresas constituidas en territorio boliviano.
La limitación jurisdiccional se evidencia claramente con Binance, que opera fuera del alcance regulatorio por no estar constituida como empresa boliviana. Como explicó Ivette Espinoza, directora de ASFI: "Imagínense el poder que tenemos los bolivianos para normar operaciones internacionales". Esta declaración reconoce pragmáticamente los límites de la soberanía regulatoria en ecosistemas digitales globales.
Binance funciona mediante sistemas peer-to-peer donde usuarios intercambian directamente sin intermediarios locales. Pedro Asturizaga de ASFI confirmó que "la norma no aplica para operaciones peer-to-peer", manteniendo estas transacciones fuera del marco regulatorio nacional. Esta situación refleja la complejidad de regular tecnologías descentralizadas con herramientas diseñadas para sistemas centralizados.
La respuesta gubernamental ha incluido medidas específicas como la prohibición a entidades estatales de comprar activos virtuales, decisión que contribuyó a estabilizar el mercado y reducir presiones de demanda institucional. Esta medida reconoce implícitamente que la adopción privada responde a necesidades que las políticas monetarias tradicionales no han logrado satisfacer.
El volumen acumulado desde la habilitación de activos virtuales en junio 2024 hasta junio 2025 alcanzó 430 millones de dólares, evidenciando una trayectoria de crecimiento sostenida que trasciende fluctuaciones coyunturales. Esta cifra representa aproximadamente el 1,2% del PIB boliviano, proporción significativa para un sector emergente en una economía de ingreso medio.
La evolución del ecosistema cripto boliviano ilustra cómo las innovaciones tecnológicas se adaptan a contextos económicos específicos. La adopción masiva no resultó de campañas promocionales o políticas de fomento gubernamental, sino de la convergencia entre disponibilidad tecnológica y necesidades económicas reales. La inflación elevada, la escasez de divisas, las restricciones crediticias y las limitaciones del sistema financiero tradicional crearon condiciones donde los activos virtuales ofrecían soluciones prácticas.
Esta dinámica refleja patrones más amplios de innovación financiera en economías emergentes, donde las tecnologías disruptivas encuentran adopción acelerada cuando los sistemas establecidos no satisfacen necesidades básicas. La experiencia boliviana sugiere que la integración de criptomonedas en economías nacionales seguirá trayectorias determinadas por fundamentos macroeconómicos más que por marcos regulatorios o políticas tecnológicas.
El mantenimiento del sobreprecio del USDT, incluso después de su reducción desde mayo, indica que los factores estructurales que impulsan la demanda permanecen vigentes. Mientras la inflación continúe erosionando el poder adquisitivo del boliviano y persistan las restricciones de acceso a divisas, los activos virtuales mantendrán su relevancia como instrumentos de preservación de valor y facilitación de transacciones.
La consolidación de este ecosistema durante 2025 establece precedentes para la evolución futura del sistema financiero boliviano. La coexistencia entre marcos regulatorios nacionales y plataformas globales descentralizadas crea un modelo híbrido que podría replicarse en otras economías latinoamericanas con desafíos macroeconómicos similares.
Para las micro, pequeñas y medianas empresas bolivianas, los activos virtuales se han establecido como componentes permanentes de sus estrategias financieras operativas. Esta integración trasciende consideraciones tecnológicas para convertirse en respuestas pragmáticas a restricciones del entorno económico nacional. La digitalización financiera acelerada que experimenta Bolivia durante 2025 refleja adaptaciones necesarias ante condiciones macroeconómicas que los instrumentos tradicionales no han logrado estabilizar.
La experiencia boliviana demuestra que la adopción de criptomonedas en economías emergentes sigue lógicas operativas más que especulativas. Cuando los ciudadanos pagan sobreprecios mayores al 110% por acceso a dólares digitales, están invirtiendo en estabilidad y accesibilidad que el sistema monetario convencional no proporciona. Esta valoración refleja una evaluación racional de alternativas disponibles en contextos de alta incertidumbre monetaria.
Los 360,000 bolivianos que participan activamente en transacciones cripto han establecido un mercado que opera con dinámicas propias, parcialmente integradas con el sistema financiero tradicional pero independientes en sus mecanismos de formación de precios y acceso. Esta dualidad define el nuevo panorama financiero boliviano, donde coexisten múltiples sistemas monetarios con diferentes niveles de adopción y regulación.
La evolución observada entre mayo y julio de 2025 confirma que el ecosistema cripto boliviano ha alcanzado madurez operativa suficiente para mantener volúmenes significativos y responder a dinámicas de oferta y demanda con relativa estabilidad. La reducción del precio del USDT durante este período, sin colapso de la demanda, sugiere un mercado que ha desarrollado mecanismos de ajuste propios y mantiene fundamentos sólidos para su continuidad.
Esta transformación del paisaje financiero boliviano durante 2025 establece bases para desarrollos futuros que probablemente incluirán mayor sofisticación en productos y servicios relacionados con activos virtuales, evolución de marcos regulatorios hacia modelos más comprehensivos, y posible integración formal entre sistemas cripto y bancarios tradicionales. La experiencia acumulada durante este período proporciona fundamentos empíricos para políticas públicas que reconozcan las realidades operativas de un sector que ha demostrado capacidad de crecimiento sostenido y adaptación a condiciones macroeconómicas adversas.
Marcelo Camacho Herrera es experto en startups y emprendimiento.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
