esde el exilio, con ganas de volver al país, el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, publicó este lunes una carta abierta en la que revela que el caudillo Evo Morales ordenó su apresamiento en una actitud de venganza por haberse puesto al frente en la grave crisis política de 2019.
"La decisión de buscar refugio fuera del país se precipitó en cuestión de horas, cuando nos enteramos de que Evo Morales había preguntado en varias oportunidades a los ministros de Luis Arce: ¿Por qué Revilla no está preso? ¿Por qué el Gobierno estaba casi un año y Revilla no estaba preso?", se lee en el misiva del exburgomaestre que se encuentra exiliado junto con su familia desde hace más de tres años.
En la carta abierta a la ciudadanía boliviana, Revilla relata la instrumentalización de los fiscales para conseguir el objetivo político de detenerlo, pese a las pruebas que presentó en torno a su inocencia en una acusación de presuntas irregularidades en la adquisición del primer lote de buses PumaKatari.
Es más, afirma en su carta que la persecución se extendió a su suegra y su hija mayor y revela que emisarios del actual gobierno le ofrecieron cerrar todos los casos en su contra a cambios de sumas de dinero.
A continuación publicamos en su totalidad la carta de Revilla desde el exilio para que haya mejor compresión de su postura.
Carta abierta a la ciudadanía boliviana
Luego del fraude electoral de 2019, que desembocó en la renuncia de Evo Morales y en la quema de los buses Pumakatari —promovida por sus seguidores en La Paz como parte de su estrategia de generar caos y ausencia de gobierno—, así como en la asunción de la expresidenta Jeanine Añez y el posterior regreso del MAS al poder en 2020, dicho partido decidió tomar venganza y represalias contra los opositores al régimen, quienes habíamos denunciado el fraude y, además, habíamos vencido electoralmente al MAS en más de una oportunidad.
Como parte de esa decisión política, el autor —hoy sentenciado— de la quema de los buses Pumakatari presentó una demanda penal por un supuesto sobreprecio en la compra de los buses Pumakatari en 2013.
A los fiscales que iniciaron la investigación en ese momento no les importaron los informes de los funcionarios de la cooperación suiza, quienes trabajaron junto a la Alcaldía de La Paz para establecer el precio referencial y las cotizaciones que nos llevaron a contratar la fabricación de los buses al precio más bajo. Tampoco consideraron el informe del Viceministerio de Transparencia del propio gobierno del MAS, que en 2016 descartó cualquier irregularidad o daño económico en la compra de los buses.
De hecho, cuando me presenté a declarar en la Fiscalía de La Paz, los fiscales de entonces suspendieron mi declaración en tres oportunidades y luego emitieron una orden de aprehensión fuera de la ley y vigente hasta el día de hoy. La legalidad o los descargos eran lo de menos.
Estaba claro que la decisión era encarcelarme, afectar mi libertad e incluso mi integridad personal en prisión, como fue advertido públicamente por quienes habían quemado los buses Pumakatari.
Aun así, decidí —junto a Maricruz, mi esposa y compañera— presentarme ante la Fiscalía, a sabiendas de que no existía ninguna irregularidad frente a la falsa denuncia sobre un supuesto sobreprecio en la compra de los buses, y con la certeza de que, más temprano que tarde, se demostraría mi inocencia.
La decisión de buscar refugio fuera del país se precipitó en cuestión de horas, cuando nos enteramos de que Evo Morales había preguntado en varias oportunidades a los ministros de Luis Arce… ¿Por qué Revilla no está preso? ¿Por qué el Gobierno estaba casi un año y Revilla no estaba preso?
No había forma de presentar descargos ni aspirar a un debido proceso. La única certeza era que estaría preso por años siendo absolutamente inocente.
Esta es la respuesta a quienes dicen: “el que nada tiene, nada teme” o “si se fueron, es por algo”. Sí, nos fuimos para preservar nuestra libertad, nuestra integridad y nuestra familia, frente a quienes solo pretendían venganza, tomando en cuenta que, ya en medio de los conflictos de 2019 intentaron incendiar mi casa, hecho frustrado gracias a los vecinos, que se encontraban organizados para defenderse de quienes sembraban violencia y que fueron los mismos que quemaron los buses en Achumani y Chasquipampa.
Hoy nos encontramos en calidad de refugiados y bajo la protección de leyes y tratados internacionales. Nada ha sido fácil en el exilio, pero lo más duro ha sido presenciar, a la distancia, el ensañamiento contra la familia.
Mi suegra fue detenida ilegalmente, sin haber sido notificada previamente de ningún proceso. Fue trasladada esposada y custodiada por dos policías desde Santa Cruz hasta La Paz, y permanece con detención domiciliaria hasta la fecha. Hasta hoy no le permiten presentar sus descargos, los cuales demuestran la legalidad de sus bienes y patrimonio, adquiridos años antes de que Maricruz y yo nos conociéramos.
Este abuso alcanzó un nivel aún más malicioso cuando citaron a mi hija de 18 años con el único fin de presionarla e intentar averiguar dónde me encontraba. Todo fue hecho para intimidar, afectar nuestro ánimo y destruirnos en lo familiar y emocional. No lo consiguieron. Nuestra fortaleza, basada en el amor y el compromiso con lo que somos y queremos para nuestra familia y para nuestro país, hoy es indestructible.
Sabemos hoy que han seguido sumando demandas absurdas, como la presentada por EMAPA por un retraso en el pago por parte de la Alcaldía de La Paz, como si yo hubiera actuado a título personal y no en calidad de Alcalde o como algún caso presentado por Iván Arias por decisiones administrativas que son completamente legales. Y no podemos olvidar que el actual Alcalde se sumó al proceso iniciado en mi contra y jamás se preocupó por el daño causado a la ciudad por quienes destruyeron y quemaron 66 buses, propiedad de los paceños. Ninguno de los casos armados en mi contra tiene sustento. Todos son solo denuncias sin pruebas; ninguno ha llegado a juicio y, después de años, todos siguen en la etapa preparatoria y de “investigación”.
En cada uno de ellos podemos demostrar nuestra inocencia, pero solo si existe una justicia que busque la verdad de los hechos, y no la destrucción del adversario mediante el uso y la manipulación de los operadores de justicia.
Entre 2023 y 2024, en más de una ocasión recibimos ofrecimientos de personas allegadas al masismo para “resolver todos nuestros casos de una sola vez” a cambio de sumas de dinero. Pero somos inocentes, no tenemos dinero mal habido y no estamos dispuestos a pagar por nuestra verdad.
Nuestra situación no es un caso aislado. Formo parte de una larga lista de opositores perseguidos injustamente, entre ellos Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, Jeanine Añez, entre otros.
Hoy tenemos esperanza. Hemos recibido con entusiasmo las palabras del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, elegido por los ciudadanos, y también contamos con un nuevo Fiscal General, designado —como no ocurría desde hace décadas— por dos tercios del Parlamento. Ellos tienen la oportunidad de devolverle a todos los bolivianos la fe en la justicia.
Quiero volver al país junto a mi familia, con mis derechos constitucionales plenamente garantizados, como corresponde a cualquier ciudadano boliviano.
Necesitamos reconstruir Bolivia con instituciones libres, sin ataduras partidarias, con funcionarios honestos y una justicia verdadera.
