l Tribunal Supremo de Justicia ratificó la decisión que establece que la expresidenta Jeanine Añez sea procesada en un juicio de responsabilidades en el denominado caso EBA y pidió a la Fiscalía General que prepare la proposición acusatoria, el primer paso en un caso de corte.
El presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, informó este miércoles que se remitirán los antecedentes a la Fiscalía General del Estado para que defina la proposición acusatoria para un juicio de privilegio.
“Entiendo de que cumplidos esos plazos, el Ministerio Público nos hará conocer el informe de inicio de investigación para que la Sala Penal inicie con el control jurisdiccional de la investigación preliminar”, señaló el magistrado.
Explicó que “los antecedentes deben remitirse a la Fiscalía General” y dijo que se espera 24 horas para “verificar si hay algún memorial de complementación, enmienda o corrección o algún otro tipo de solicitud”, a fin de cumplir el procedimiento en los casos de juicios de responsabilidades.
La situación legal de Áñez comenzó a cambiar poco antes de las elecciones generales y luego que el Supremo de Justicia anulara un juicio ordinario que se sustanció por 17 años en contra del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, en el caso Porvenir.
Luis Guillen, abogado de la exmandataria, confirmó la decisión del Supremo de Justicia y explicó a Urgente.bo que el legajo del proceso será trasladado a la Fiscalía General del Estado y, posteriormente, a la Asamblea Legislativa como establece el procedimiento.
Por dos tercios de votos, el pleno de la Asamblea Legislativa deberá determinar si aprueba o rechaza el enjuiciamiento de Áñez en en el marco de un caso de corte, lo que podría suponer la excarcelación de la expresidenta, aunque su reclusión es por una condena en el caso Golpe de Estado II, pero en un juicio ordinario.
El lunes de la próxima semana también se realizará una audiencia en el caso Senkata y dado el antecedente que supone la decisión del TSJ de excluir a Áñez de un juicio ordinario en el caso EBA, el tribunal que juzga de manera ordinaria a la exmandataria podría declinar competencia legal y apartarla del proceso para que se sea juzgada en un juicio de responsabilidades.
