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rturo Murillo, aprehendido esta madrugada en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, será trasladado a La Paz cerca del mediodía donde le espera seis juicio penales, de los cuales dos ya tienen condenas de ocho y cinco años de prisión para el exhombre fuerte del gobierno transitorio 2019-2020.

La ministra de Justicia, Jessica Saravia precisó que Murillo tiene dos sentencias, una por cinco años y cuatro meses de prisión debido al caso “gases Ecuador”, por la dotación irregular desde Ecuador de material antidisturbio durante la crisis política en Bolivia de 2019.

Además del proceso "gases lacrimógenos" en el que se emitió una condena de ocho años de reclusión por la compra irregular de material antidisturbios con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

”Estamos esperando que el señor (Murillo) venga a cumplir las condenas que ya han sido dispuestas a través de un proceso en el que se ha respetado el debido proceso”, sostuvo Saravia.

El diario El Deber revisó informes oficiales del ministerio de Gobierno, la Fiscalía y Policía para recopilar todos los datos y esta es la relación.

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1. El juicio por los gases lacrimógenos es el principal. Murillo fue procesado y sentenciado en Estados Unidos por ese caso. El daño económico al Estado boliviano asciende a Bs 16.497.913.

Las autoridades judiciales dictaron sentencia el 4 de octubre de 2024 de 8 años de presidio. Murillo está declarado en rebeldía desde el 25 de junio de 2021 y tiene mandamiento de aprehensión, según la resolución 321/2021.

2. El otro caso de gases es el préstamo que lograron de Ecuador. Los cargos fueron: tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes y fue condenado a 5 años y 4 meses de presidio.

El 6 de mayo de 2024 fue declarado en rebeldía y por tanto, tiene mandamiento de aprehensión. Fue juzgado en el juzgado 25º de sentencia penal de La Paz a cargo del juez Miguel Flores Orihuela.

3. El tercer caso que está a punto de ingresar a fase de juicio oral en el Tribunal 6º de Sentencia Penal de La Paz, a cargo de los jueces Marco Vargas, German Ramos y Liz Avilés Condori.

Se trata de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que detectó el manejo discrecional de dinero y compra de cajas de seguridad en tres bancos a través de su excuñado, Daniel Aliss Paredes. El delito es legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía pidió en este caso 10 años de presidio. La acusación formal fue presentada el 23 de enero de 2024 y tiene el código 01/2024.

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4. El cuarto juicio es denominado Catering, signado con el código 201102012104508 y se encuentra en etapa preparatoria, es decir, que las investigaciones no culminaron, está a cargo del juzgado doceavo de Instrucción en lo Penal, que dirige el juez Mario Laura Picavia.

El fiscal encargado es Miguel Cardozo Rodríguez. Murillo es procesado porque en 2019 mandó a Humprey Roca Becerra, como responsable del proceso de contratación para licitar el “servicio de alimentación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) luego se descubriría que la empresa no estaba calificada para ese trabajo. Fue declarado rebelde el 14 de junio de 2022 y tiene mandamiento de aprehensión, datos que están en la resolución 02/2022 del 2 de febrero de 2022 y la resolución 416/2022 dispone la rebeldía de Murillo.

5 y 6. Los dos casos más curiosos son: Senkata y Sacaba, este último rotulado como Huayllani, según los datos de los tribunales, en ambos casos Murillo tiene mandamiento de aprehensión y fue declarado rebelde en septiembre del año pasado.

Según la resolución 290/2024, enfrenta una condena de 30 años sin derecho a indulto; pero ambos casos ingresaron a un limbo jurídico, porque los tribunales de los dos casos se declararon incompetentes para proseguir el juicio y lo derivaron a la Fiscalía General para el inicio de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez.

Al margen de estos seis procesos, existe un juicio particular de Lourdes Pacheco, acusada falsamente por Murillo en 2020 por el supuesto rapto de una bebé y tiene un proceso por el cual pide una indemnización de 1 millón de dólares, informó el abogado, Frank Campero.