l Decreto Supremo 5383 determina un incremento de 10% al salario mínimo nacional (SMN) y 5% al haber básico para este 2025, con la obligatoriedad hacia los empleadores de pagar la diferencia con carácter retroactivo hasta el 31 de julio.
Este incremento evidentemente va direccionado al sector público y al sector formal (según datos hablamos de simplemente el 20% de la población) donde los más favorecidos serán los sectores de salud; personal docente y administrativo del magisterio, así como para el Servicio Departamental de Gestión Social – SEDEGES, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.
Además del Decreto Supremo 5383 (en su Art. 6°) establece que el incremento salarial en el sector privado será acordado entre los empleadores y trabajadores sobre la base del 5%, dato confuso, más cuando vivimos en un país donde los salarios están presididos en gran parte al salario mínimo nacional.
Como dato curioso y similar; el Decreto Supremo 3162 del 1 de mayo de 2017, determinó un incremento de 10,8% al salario mínimo y 7% al haber básico, siendo aquella vez un “incremento altísimo” para esa año, obvio que las condiciones económicas del país eran otras y hasta un poco más favorables.
El espinoso tema del incremento salarial, se ha erogado como todo un “logro” para este gobierno aunque con las reservas de que dicho aumento no se verá materializado en las percepciones de la gran mayoría de los bolivianos (80%) que busca de sus gobernantes medidas de estabilización a la economía y no medidas incendiarias como esta.
Empero, más allá del eterno tira y afloja entre empresarios, Gobierno y Central Obrera, cada previo al 1 de Mayo, en esta ocasión (2025) vale preguntar ¿Tendrá incidencia real el aumento salarial en este año electoral y de multicrisis?
Evidentemente sí, en la lógica del gobierno del MAS, que busca mediante su candidato Arce Catacora su reelección, pretenderá que el sector público (600.000 empleados públicos según referencias), estando “satisfechos” por este incremento valla apoyar electoralmente sus pretensiones, después de evidenciar el bajo nivel de apoyo y popularidad según encuestas anteriores (entre 2% a 3%.) convirtiéndose este incremento en una medida política electoral.
Asimismo, en este panorama el gobierno en su tradicional línea de incompetencia, le transfiere mediante este D.S 5383, el problema al empresario y/o emprendedor privado, reconociendo además de una forma muy socarrona que este incremento le traerá problemas a este sector.
También hay que tomar en cuenta que buena parte de la economía boliviana está en el campo de la informalidad (haciendo referencia al 80% de la población), donde los controles y regulaciones son poco menos que imposibles, sin provocar una auténtica eclosión social.
Entonces bien poco le sirve un aumento salarial por grande o pequeño que sea, a un empleado del sector informal por las mismas características del mercado informal mismo.
Hoy en día vemos una auténtica desazón por la alza de la canasta familiar cada vez más dependiente de la importación de productos, importación que sin ninguna duda depende de los precios en el exterior, a tal extremo es esta dependencia depende del tipo cambiario.
Con este panorama sumado al impacto de la falta de divisas, carburantes, la incompetencia estatal, los casos de corrupción, las trasgresiones a la justicia y los “demás logros del gobierno”, se vislumbra una triste realidad no vista desde los tiempos de la UDP.
Pero esta receta de los incrementos salariales están a la orden de cualquier gobierno populista, nomás ver la conducta de años anteriores del régimen de Nicolás Maduro en la martirizada Venezuela, anunciando alzas similares, así como medidas sin explicación ni lógica.
Es evidente que el gobierno durante estos casi 20 años no ha sabido administrar la riqueza del país, procurando la igualdad de oportunidades para todos, es contraproducente siquiera elaborar una propuesta de aumento de salarios (serio y real).
Quizá es más sensato reconocer su fracaso y dejar que otros más calificados dirijan los destinos del país, lo bueno que agosto 17, podría marcar el antes y después.
William Torrez Pérez es político y exasambleísta departamental de Oruro.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
