arcelo Quiroga Santa Cruz decía que la dependencia económica genera dependencia política. Esta premisa aplicada al ejercicio de la democracia electoral, cuyos candidatos requieren de recursos económicos para financiar sus campañas, es la constatación de la subordinación de personas y estructuras al bolsillo de inversionistas.
En Bolivia el sostén económico del Estado a los partidos políticos es discreto, el Tribunal Supremo Electoral dispone de recursos destinados a la propaganda de los aspirantes en medios de comunicación, el resto de la campaña, viajes, movilizaciones, panfletaria, proclamaciones, alimentación y transporte de los equipos de campaña y muchas otras cosas más, es cubierto por fuentes no estatales.
En los procesos electorales de Bolivia, la administración de los fondos no estatales, en el pasado inmediato, correspondía a las estructuras de los partidos que se hacían cargo de su obtención y manejo, con reglas ambiguas y procedimientos, en general, poco transparentes. La incorporación de los movimientos sociales a la disputa electoral rompió toda barrera y no estuvieron sujetos a ninguna regla, se impuso brutalmente el vale todo.
Los grupos electorales no pertenecientes a los movimientos sociales, financian sus campañas con recursos provenientes de padrinos en relación directa con el candidato sin intermediación de ninguna estructura partidaria, es más fácil imponer condiciones a una persona que a una organización.
De este modo, la incursión de plutócratas en los procesos electorales es habitual y no siempre desde las sombras, muchos se visibilizan como candidatos, así no rinden cuentas a nadie, gastan lo que creen pertinente en ellos mismos, todo queda en casa, con la ventaja de que ante una eventual victoria en las urnas, su gobierno responderá a sus intereses sin la intervención de comisionistas incómodos.
Empero si solo operan como padrinos, imponen condiciones no conocidas por la ciudadanía ni las autoridades, sus acuerdos quedan entre cuatro paredes y solo se ponen de manifiesto en las gestiones gubernamentales con operaciones de dudosa legalidad.
La fuente más tenebrosa esta vinculada a sectores delincuenciales que no solo financian campañas sino imponen candidatos para que desde el Estado se protejan sus activades ilícitas y sea sin objeción.
La ciudadanía debería rediscutir el financiamiento estatal al partido político y reflexionar sobre los impactos negativos que se producen en los procesos electorales cuando este no se da, se debe evitar a toda costa que la disputa del poder esté, exclusivamenente, en manos de plutócratas o grupos de mafiosos, con altas probabilidades de configuraciones oligárquicas o penetraciones criminales en el manejo del poder político.
Sea de manera directa o indirecta la asignación de recursos de campaña por sectores privados, reduce el manejo de la política electoral a unos pocos y su discrecionalidad daña a la democracia.
Puede que algún candidato destine sus modestos recursos a su campaña con el fin de disputar el poder para la realización de un proyecto vinculado al bien común, porque tiene vocación de servicio y esta dispuesto a rendir cuentas abiertamente, empero, extrañamanente, son los menos considerados por el electorado, que es seducido por el jolgorio y el exceso de asignaciones menudas antes que por las ideas.
En el actual proceso electoral, el despliegue propagandístico de muchos candidatos, pese a ser invitados o tener una sigla fofa, es francamente exuberante, efectúan proclamaciones con grupos musicales costosos, distribuyen poleras, los equipos de sonido ensordecedores son carísimos, se distribuyen miles de bandera a diestra y siniestra, cuentan con caravanas de vehículos pese al costo de los hidrocarburos, sus gastos en alimentos y bebidas son onerosos, como no hay adscripción militante sino de adherentes con intereses muy puntuales atribuirles aportes, no es creíble.
Para evitar suspicacias sobre el origen de estos recursos, las fuentes que alimentan las campañas deben ser explicitas y públicas, un manejo secreto es de por si sospechoso de vinculaciones ilícitas.
Hasta ahora las campañas desplegadas, son una muestra de inequidad e intervenciones inapropiadas, es de esperar, que no sean producto del blanqueo de dineros, ni de la intervención de grupos de incierto comportamiento legal o de compromisos leoninos que pongan en riesgo la estabilidad institucional estatal. Es conveniente reabrir el debate sobre el financiamiento de los partidos políticos con el fin de reducir su dependencia de donantes privados y establecer cierta equidad en la participación entre los competidores electorales, que el día de hoy es inimaginable.
Este requerimiento no es ajeno a la democracia que ha impelido a que organismos internacionales asuman una posición al respecto. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción pone especial énfasis en la necesidad de que el financiamiento promueva la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización de los ingresos y gastos, se limite el uso del dinero privado y se eviten prácticas corruptas relacionadas con financiamientos ilícitos, en particular del narcotráfico.
De esta forma se contribuirá a que los procesos electorales no sean protagonizados por sectas, clanes familiares, logias, grupos mafiosos o por traficantes de siglas, sino por una ciudadanía organizada y estructurada abiertamente para el ejercicio del poder sin intermediarios perniciosos que manchen la construcción de la democracia.
Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
