a emisión del Decreto Supremo 5503 ha reimpulsado un clima de conflicto que fue incubado a lo largo del gobierno plurinacional, desatando protestas sectoriales y activando prácticas especulativas delincuenciales por comerciantes inescrupulosos.
Hemos transitado del despilfarro de la bonanza a la necesidad de tomar medidas dolorosas para frenar la crisis. De este modo era inevitable llegar a donde hemos llegado, sea con duras medidas de shock o gradualmente, debido a que el gobierno saliente se negó a intervenir con acciones que enfrenten la crisis que el mismo había provocado, al punto de casi inviabilizar la existencia del país, entonces el tono de las decisiones tomadas está en relación a la gravedad de la situación y no a la voluntad de los gobernantes.
Es obvio que las medidas no gustan a nadie, excepto a los sinvergüenzas que medran con la desgracia de la gente o a los autores directos de este desastre que siguen en su tarea de conspirar contra la democracia.
Una crisis de semejante magnitud debería promover un debate de fondo sobre sus causas y sus responsables, evitando olvidos arteros o manipulaciones que pretenden responsabilizar de sus consecuencias a quienes buscan salir de ella.
La paralización del aparato productivo, el despilfarro de miles de millones de dólares, si, miles de millones; la organización gansteril de bandas para el asalto de las arcas fiscales; la permisión y complicidad para que el aparato del estado sea penetrado por el narcotráfico, el contrabando y otras actividades delincuenciales sea algo natural; la protección impune a funcionarios estatales por la comisión de delitos comunes; el uso de recursos públicos en la adquisición de bienes suntuosos ofensivos a los pobres; que varios ministros, senadores, diputados y funcionarios del más alto nivel hayan oficiado de proxenetas del jefazo, fue el comportamiento común de los detentadores del poder político que debe ser proscrito.
Los culpables y beneficiarios tienen nombre y apellido, son seres de carne y hueso, con carnet de identidad y generales de ley de público conocimiento que deben asumir su culpa no en términos religiosos sino en términos legales.
Los coautores de la crisis, ahora se alían para conspirar, no con el fin de resolver los graves problemas por los que atravesamos sino para poner en duda el mandato constitucional de Paz Pereira, proponiendo acortar su mandato y convocar a elecciones anticipadas, en las cuales creen que serán favorecidos, cuando en realidad esto solo profundizaría la crisis a niveles catastróficos e insostenibles.
De este modo obligan al pueblo a someterse a la disyuntiva: o soporta las medidas con la esperanza de que se rectificará el rumbo o se adscribe a los conspiradores para el descalabro. Queda claro que una gran parte de la ciudadanía ha elegido el primer camino con madurez y cautela en tanto que los autoritarios son partidarios de la catástrofe con tal de reproducirse en el poder.
Hasta ahora las explicaciones dadas por el gobierno están en manos del presidente y unos cuantos ministros, la mayoría de ellos perdidos en el anonimato o la intrascendencia, su existencia es imperceptible. Al carecer de un vocero con experiencia y talante que lidie con los emisarios de la conspiración, las consignas gubernamentales se difuminan con mucha facilidad.
Los bloqueos de caminos, las marchas, los paros y huelgas, que fueron heroicos instrumentos de resistencia del campo popular a las dictaduras y a los gobiernos autoritarios, hoy son armas de ataque en contra del pueblo. El copamiento abusivo por parte de los neopopulistas de instituciones de honor y lucha como la COB, ha producido su envilecimiento y las han convertido en instrumentos de adscripciones vergonzantes.
Esto no es todo, la coyuntura une a la crisis con el futuro proceso electoral subnacional y local en el que los aspirantes en su campaña, no podrán librarse de defender o atacar al gobierno, no habrá posibilidad alguna de declararse neutral. El gobierno por su lado, no podrá eludir la necesidad de patrocinar candidaturas, que, por lo visto hasta ahora, recurrirá a nombres vinculados al gobierno anterior, sea por carencia propia o por cálculo político inadecuado de un entorno presidencial ineficaz o de dirigentes anquilosados.
No hay lugar a ambigüedades ni concesiones debido a la presión de los de antes. Si, en el plano de la racionalidad se justifican algunos cambios se debe hacerlo, los protagonistas del conflicto que pretenden utilizar el drama para llevar agua a su molino, deben ser combatidos con energía y sin cuartel.
Bolivia no debe prolongar en el tiempo la crisis criminal, ha llegado la hora de enfrentarla.
Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
