esde 2006 el régimen masista arremetió contra el Poder Judicial de la República. Con juicios de responsabilidad sin base y con una campaña de desprestigio de los altos magistrados por supuestos actos de corrupción, a decisión de los asesores extranjeros de Morales y sus secuaces. Sabían que los magistrados, personas decentes y juristas de prestigio, preferirían renunciar a sus cargos a soportar la difamación y las calumnias, y eso fue lo que pasó.
Se paralizó al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema y a los niveles departamentales de justicia. El sistema judicial entró en crisis y perdió su independencia con la elección de magistrados por voto popular, vía para ingreso de los peores, con aval directo del “jefazo”.
Lo mismo pasó con el Ministerio Público. A la amenaza de juicios de responsabilidades y al desprestigio público, el régimen sumó la creación del Viceministerio de Transparencia que definía qué casos investigar bajo amedrentamiento a los fiscales insumisos y el sabotaje policial que impidió el trabajo investigativo de las fiscalías.
La Ley Orgánica del Ministerio Público de 2012 terminó la tarea. La institución de defensa de la sociedad se convirtió en instrumento de persecución política, con carta blanca para el enriquecimiento ilícito de sus operadores en un contexto de liquidación del debido proceso y con él, de los derechos de los infelices ciudadanos que cayeron en sus manos. Como sucede hasta ahora mismo.
Así fue como estas instituciones republicanas edificadas con esfuerzo por los actores políticos democráticos desde 1982 fueron pervertidas por un proyecto fallido puesto en marcha como experimento. Junto con la instalación de la maquinaria de fraude electoral, la manipulación del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadísticas.
Con la cancelación de la meritocracia y la ascensión de la incapacidad a los cargos públicos. Como decía un documento reputado de autoría del famoso falso matemático, “se arrancó el alma a la clase media”. Sí, en medio de los vítores de una caterva febril que alucinaba ante la promesa del mundo perfecto: el “estado plurinacional”.
El grado de insensatez de tal “utopía” se patentizó en aquel reloj cuyas manecillas iban en reversa, que uno de los más connotados desquiciados en función pública puso en el Palacio Legislativo antiguo. Según él, como signo de “descolonización”. En verdad, como expresión del retroceso hacia el estado de naturaleza sin Derecho ni Estado, donde el más fuerte impone su voluntad. Hacia la conversión de la República de Bolivia en reino del crimen y de la impunidad para los delincuentes allegados al poder; a la vez, reino de la vulneración ilimitada de los derechos humanos de los ciudadanos carentes de la protección del régimen imperante.
Todo ello mientras la profunda mutación del crimen en el mundo que desde los años ochenta lo fusionó con los regímenes autoritarios, unidos en un bloque antioccidental, para conformar lo que se conoce como “crimen transnacional organizado”.
En esa estructura se genera ingentes cantidades de dinero en los circuitos de la “economía canalla” dentro de la cual coexisten todos los tráficos prohibidos – de personas, de armas, de drogas, de desechos tóxicos, de órganos, de especies protegidas y/o en peligro de extinción – con las actividades terroristas que buscan la imposición de agendas políticas e ideológicas, beneficiarias de esa fábrica de billetes para expandir sus revoluciones.
En Bolivia, el eje de las redes criminales que asolan su territorio es el narcotráfico, componente fundamental del “socialismo del siglo XXI”, ideado e impulsado por el castrismo cubano, cuyo principal promotor identificó a la cocaína como “la bomba atómica” que iba a destruir a EEUU de Norteamérica a la par que generaría millones de ganancias para las élites gobernantes en los países del llamado “Foro de Sao Paulo” primero, y “Grupo de Puebla” después. Consúltese al respecto las confesiones de Carlos Lehder Rivas, cofundador del cártel de Medellín, disponibles en YouTube.
Resultado: Hoy Bolivia es la plaza principal de refinación de la pasta base de cocaína fabricada localmente y llegada desde Perú y Colombia, y el centro de su exportación al mundo. Es además el “resort” de grandes narcotraficantes que la pasan bomba mientras la población sufre los índices crecientes de crimen e inseguridad y la corrupción campea en garantía de la impunidad.
En octubre de 2025 el MAS fue derrotado en las elecciones generales y en noviembre fue retirado de la Plaza Murillo aquel reloj fallado. Sin embargo, el masismo, su modus operandi y sus mecanismos instalados gozan de muy buena salud y se viste de varios colores. Diez meses después de posesionarse el nuevo gobierno, a duras penas y obligado por las circunstancias, ha comenzado el ataque al narcoterrorismo en el Ministerio Público por decisión y bajo la atenta mirada del Norte sobre otra Delcy. Como en Venezuela.
Largo y empinado es el camino por recorrer. Que sea hasta el final.
Gisela Derpic Salazar es abogada y asambleísta departamental en Tarija.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
