a “casa del jabonero” de la República de Bolivia, ese escenario de solución de las controversias que las miserias humanas provocan cuando las partes no quieren o no pueden acordar una transacción, ese lugar detestable e imprescindible para la convivencia social, como todos sus similares repartidos por el mundo desde que se inventó la división de poderes como nota esencial de la democracia, se convirtió en este país en una agencia del mismo inframundo en tiempos del pluri estado. Y esto fue sabido, pronto y en general por la ciudadanía que tomó conocimiento de la calaña de magistrados, jueces, abogados, fiscales y policías a través de centenares de casos concretos. Uno de los más representativos es el que Eddy Luis Franco presentó en su libro “Celda 38”.
Sobre tal base, que en eso llamado “administración de justicia” ―injusticia en verdad― mora un monstruo queda fuera de discusión. Horripilante, nauseabundo, gigantesco y temible, con poder absoluto para torcer el Derecho y vulnerar los derechos y garantías de las personas, impunemente. No podía ser de otro modo en el contexto del “proceso de cambio” en el que el MAS-IPSP, cual Midas a la inversa, todo lo que tocó convirtió en basura.
Las partes más visibles del monstruo, su rostro y extremidades, son los fiscales, dueños de la libertad de los desdichados que caen en sus manos, y los policías, ejecutores de los golpes a su dignidad e integridad física y moral. Por dentro, menos expuestos al escrutinio público, se mueven jueces y magistrados cumpliendo la parte definitiva de su mortal misión: torcer el derecho. Prueba irrefutable de la extinción del Estado de derecho.
Como nunca antes, a partir de 2009 cuenta a favor de su malévola actividad con el amparo de una serie de órdenes dictadas desde la cúspide del autoritarismo a título de leyes, contrarias a la Justicia y a los principios y valores jurídicos. Producto de la tarea paga de los legisladores, incluidos aquellos afectados por severas limitaciones de vocabulario y lectura comprensiva que no tienen ni la más peregrina idea de lo que aprueban, pero ágiles para levantar las manos según intereses personales y de grupo, a título gratuito u oneroso.
También algunas veces al influjo de las agendas de organismos internacionales que perdieron la brújula y extraviaron su ruta de preservación de la paz y los derechos humanos, con dirección a la desaparición de la igualdad jurídica de las personas y de garantías como la presunción de inocencia a título de lucha contra la violencia. Así, muchas arremetidas del monstruo contra el Derecho visten ropaje de legalidad, en franca confirmación de que ésta, la legalidad, puede ser contraria a la justicia.
El monstruo cuenta además a su favor con el pacto tácito por la arbitrariedad, la corrupción y el delito entre los dueños del poder ejecutivo y los del poder judicial, ministerio público y policía; pacto consolidado con las elecciones judiciales por voto popular, vía de cancelación de toda independencia de los jueces y magistrados, seguro de eliminación de idoneidad. Allí comenzó la perversión del sistema entero, extendiéndose hacia organismos colaterales como la Escuela de Jueces, descendiendo por las estructuras departamentales hasta los puestos de base. El objetivo: garantizar la judicialización de la política y la impunidad de la corrupción. La finalidad: la reproducción del poder.
A fines de septiembre pasado se precipitó la caída del fiscal general del estado plurinacional, Roger Mariaca. El 28 el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica lo señaló por su implicación en una "corrupción significativa", revocándole la visa y prohibiéndole el ingreso a su territorio; con base en la supuesta protección que hubiera dado a redes de narcotráfico en el país, con referencia a Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo radicado, cómodo y feliz, en Bolivia hasta su detención y extradición a Estados Unidos de Norteamérica en marzo de 2026.
Dos días después Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz fueron aprehendidos en Santa Cruz por cargos de tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. Sobrevino su destitución y la designación del abogado José Armando Urioste como Fiscal General interino, así como la detención preventiva de Mariaca y otros.
El 10 de noviembre de 2019, el “jefazo” renunció. Como dije en un texto publicado entonces “la masa se hizo pueblo”. Por un breve tiempo el aire en Bolivia se oxigenó y la ciudadanía se hizo la ilusión de que la noche quedaba atrás. No fue así. Ahora se puede asegurar que el monstruo del cual dependía la oscuridad era en realidad el aparato encargado de la doble tarea sucia: la protección de los criminales para asegurar su impunidad y el ataque sistemático a los inocentes para despojarles de su libertad y su dignidad.
En tal connotación radica la importancia de lo sucedido el 30 de septiembre con la detención de Mariaca. Al parecer, esta vez la lanza cegó al monstruo y puede sucumbir. Que los astros se alineen para que suceda.
Gisela Derpic Salazar es abogada y asambleísta departamental en Tarija.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
