odo criminal busca impunidad, en una escala proporcional a la gravedad de sus crímenes. Esa es condición esencial para la prosecución de sus faenas ilegales. Instalada desde siempre, la vigencia de la fórmula de impunidad no se alteró por las mutaciones del fenómeno criminal producidas a lo largo de la historia; sin embargo, su cumplimiento difiere según los tipos del criminal.
Si son hampones “de medio pelo” o “poca monta”, aquellos que cometen hurtos y robos simples, estafas pequeñas o que se dedican al microtráfico de sustancias controladas, que no requieren una organización grande y compleja, algunos contactos con policías de grados medios e inferiores pueden ser suficientes a tal fin. Los uniformados se hacen a los de la “vista gorda” y los criminales no sufren consecuencia legal alguna por sus actos. Punto. Por supuesto, esto no es gratis. Va a cambio de compensaciones pecuniarias proporcionales a las ganancias pagadas por los crímenes.
Así se perfecciona la correlación entre crimen común y crimen de corrupción vinculado con la función pública. Encubrimiento derivado en complicidad dentro de la cual los criminales y los “agentes del orden” se hacen cofrades contra del derecho. Más claro: unos y otros son igualmente hampones.
La situación cambia cuando los hampones son “de pelo entero” o “mucha monta”, aquellos que cometen delitos más graves y complejos, rendidores de cuantiosos beneficios económicos. Entre esos delitos están el narcotráfico que afecta la salud pública, la legitimación de ganancias ilícitas que vulnera la economía, la administración de justicia y la seguridad del Estado, y el enriquecimiento ilícito que ataca la probidad en el ejercicio de la función pública.
Dada la proporcionalidad entre la gravedad de los crímenes cometidos y la garantía de impunidad suficiente, en este nivel delictivo ambos aspectos superan en grado superlativo a los que atañen a los pequeños criminales habituales ya descriptos. Para empezar, la impunidad no se logra con tan sólo el encubrimiento y la complicidad de algunos uniformados; necesita el sometimiento de toda la estructura de la institución “verde olivo” para la facilitación de sus “operaciones”, lo cual abarca desde sus altos mandos hasta los inferiores, bajo el principio de obediencia y de todas las maneras posibles, con apercibimiento de ajuste de cuentas.
Esto sucede a plena luz del día y sin fuerza humana capaz de impedir del hecho, como en el caso del excomandante Mirko Antonio Sokol, cuya defenestración fue cometida y consumada ante la condescendencia (¿complicidad?) del ministro de Gobierno y el presidente del Estado.
Así se evidencia una mutación del fenómeno criminal: la incorporación de estructuras institucionales públicas enteras como uno de sus componentes, degenerándolas. Terrible e insuficiente pues la garantía de impunidad no opera sin la degeneración de otras instituciones públicas: el aparato jurisdiccional y el Ministerio Público. Por eso también los magistrados, jueces y fiscales han sido convertidos en operadores de las órdenes de los hampones para revertir en caso necesario las decisiones correctas de algunas ―muy pocas― autoridades judiciales y fiscales coladas por descuido del hampa en el edificio desnaturalizado de aquel órgano que debía obrar con imparcialidad en sujeción al Derecho, haciendo Justicia asegurando que nadie esté por encima de la Constitución y las leyes.
¿Cómo se produce esa perversión? En el caso boliviano, por la manipulación de los procesos de selección y/o designación de los altos cargos judiciales y del ministerio público en el órgano legislativo. Pero esto no se alcanza si no se manipula además el sistema electoral para torcer los votos a favor de los candidatos al senado y a la cámara de diputados amarrados con la estrategia de cooptación institucional por parte del hampa, y esto requiere hacer lo propio en las elecciones generales y también en las autonómicas (como en San Ignacio de Velasco) ¿A través de qué? Pues de los tribunales electorales, supremo y departamentales, donde se instala y mantiene a otros hampones.
En el último eslabón del mecanismo de impunidad están esos oscuros “abogados”, con títulos de grado y postgrado otorgados por una educación superior hundida en el lodo de la mediocridad y la corrupción. El testimonio de Eddy Luis Franco en su libro “Celda 38” exime de abundar en una descripción de estos seres despreciables dedicados a la tarea menuda de tramitación de los prevaricatos y el pago de las coimas respectivas.
Aquí se salvan muy pocos. Mariaca y Saucedo apenas son la punta del ovillo. Como nunca se evidencia la urgencia de limpiar la administración de justicia, el Ministerio Público, la Policía y los tribunales electorales para limpiar después el resto. Hay que unir a la sociedad boliviana para liquidar el narcoestado, restaurar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho para que Bolivia no sea Haití y el primer paso es tomar conciencia de ello.
Gisela Derpic Salazar es abogada y asambleísta departamental en Tarija.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
