n el escenario político actual, el cinismo y la amnesia selectiva son los principales protagonistas. Tras el fracasado intento de utilizar la figura del vicepresidente como tabla de salvación, intentando consolidar en torno a él una nueva oposición masista frente al Gobierno central, ciertos actores han encontrado en el caso Yahuasi la excusa perfecta. Lo que presenciamos no es una defensa genuina de la institucionalidad, sino una maniobra donde el resentimiento se disfraza de valores democráticos para ocultar derrotas electorales y la falta de un proyecto político serio.
La doble moral que marca este momento llama la atención. Resulta irónico ver reaparecer a exvocales y analistas que avalaron el fraude monumental, presentándose hoy con una supuesta superioridad ética. A este conflicto se suman candidatos derrotados en los comicios municipales y departamentales que pretenden interpretar la normativa a su antojo.
Llegan al extremo de proponer absurdos jurídicos, como la idea de que en un balotaje los derechos políticos son estrictamente individuales y ajenos a la estructura de la organización política que los postula. Esta interpretación no solo carece de sustento legal, sino que vulnera las reglas de juego que ellos mismos se comprometieron a respetar.
Es inaceptable que quienes hoy se constituyen como guardianes de la ética sean los mismos que originaron la dispersión del voto por ambiciones personales, facilitando el camino a los que ganaron las elecciones. Son los mismos actores que no dudaron en alquilar siglas ajenas, convirtiendo la política en un mercado de transacciones económicas y políticas para asegurar el cuoteo.
En este punto, la crítica alcanza también a la principal oposición del país, cuestionando lo ocurrido con los llamados "taxipartidos". Olvidando que fueron ellos quienes “prestaron” su sigla para que el ala de evista participara en las subnacionales; el propio Morales admitió que en municipios como Sicaya sus militantes ganaron bajo la sigla de LIBRE. Este intercambio de favores entre supuestos enemigos ideológicos demuestra que la coherencia no es su mayor virtud.
Ver al propio Evo Morales denunciar "amaños" es el colmo del descaro. Hablamos del autor material e intelectual del mayor fraude electoral en nuestra historia y del político que ignoró la voluntad popular del Referéndum de 21F. Cuando personajes de este calibre hablan de moral, vacían de contenido cualquier demanda.
Si bien lo ocurrido con Yahuasi es un evento que puede calificarse de injusto en lo personal, resulta nocivo utilizarlo como cortina de humo para camuflar el despecho de quienes perdieron en las urnas.
Es esencial deslindar responsabilidades con precisión técnica. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tiene injerencia en las fracturas internas entre NGP y sus candidatos; el ente electoral no es mediador de crisis partidarias. Su determinación se ciñe al artículo 64 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral, que establece que si una organización política declina su participación en el plazo previsto, no corresponde realizar una segunda vuelta y se debe proceder a la proclamación de la candidatura única restante. Pretender que el árbitro actúe fuera de la ley es exigir la destrucción del Estado de Derecho. Asimismo, vincular a Luis Revilla con estas peleas domésticas es absurdo, él y los otros candidatos son ajenos a las fracturas producidas al interior de dicha organización.
Sin embargo, este episodio desnuda una crisis estructural de la cual ya se viene hablando hace bastante tiempo. Es necesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional asuma su rol y proyecte una nueva Ley Electoral. Se requiere un marco legal coherente, responsable y verdaderamente democrático que corte de raíz este mercado ambicioso y antidemocrático de siglas. La normativa debe impedir que los partidos se conviertan en mercancías de alquiler y garantizar que las reglas del juego no sean vulneradas por intereses particulares.
Para que el voto vuelva a tener valor, no podemos confiar en los mismos que lo maltrataron. La justicia llega cuando se deja de manipular la ley y se empieza a respetar la voluntad de todos.
Rodrigo Salinas Luna Orozco es profesional en Ciencia Política y Gestión Pública.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
