
ientras la región latinoamericana avanza a paso firme en innovación, el país andino lucha por mantener a flote su ecosistema emprendedor en medio de una profunda crisis económica.
El ecosistema emprendedor latinoamericano ha iniciado 2025 con un dinamismo sin precedentes. La región exhibe cifras impresionantes: más de 3.000 startups fintech activas, un crecimiento sectorial del 340% en los últimos años y una inversión de capital de riesgo que alcanzó los 3.700 millones de dólares en 2024. Brasil, México y Colombia lideran este auge, concentrando el 57% de estas empresas emergentes. La inteligencia artificial se perfila como la próxima frontera, con un potencial de generación de valor estimado en 100.000 millones de dólares durante la próxima década.
Sin embargo, Bolivia navega contracorriente. El país enfrenta su peor crisis económica en años, con una inflación del 9,97% en 2024 —la más alta en una década—, escasez crítica de divisas y un persistente desabastecimiento de combustibles que ha paralizado sectores clave como el transporte y la agroindustria. Este entorno adverso ha elevado los costos operativos y restringido severamente la capacidad de crecimiento de nuevos negocios.
Ante este panorama, el gobierno boliviano ha desplegado una estrategia que combina dos enfoques fundamentalmente distintos de financiamiento. El programa Emprende Joven BDP, lanzado en septiembre de 2024, representa el modelo tradicional de préstamos con condiciones preferenciales. Con un capital aproximado de 21,4 millones de dólares, ofrece créditos con tasas fijas del 7,5% anual a emprendedores de 18 a 35 años, independientemente del desempeño del negocio. Los resultados iniciales muestran una modesta acogida: 126 emprendedores han recibido 7,7 millones de bolivianos, mientras 379 proyectos adicionales aguardan aprobación.
Más recientemente, en febrero de 2025, el gobierno anunció un segundo modelo que representa una innovación significativa en el apoyo gubernamental al emprendimiento: el Fondo Startup. Dotado con 18,1 millones de dólares, este fondo opera bajo un modelo de capital de riesgo donde el Estado adquiere participación accionaria en los emprendimientos financiados, compartiendo tanto los riesgos como los potenciales beneficios, sin exigir garantías físicas como lo haría un banco tradicional. El Reglamento de Capital de Riesgo para Emprendimientos Innovadores establece dos modalidades principales de operación: la inversión directa, donde el gobierno invierte hasta 50.000 dólares por startup convirtiéndose en accionista; y la inversión indirecta a través de aceleradoras especializadas, aprovechando su experiencia en la selección y desarrollo de proyectos prometedores.
Aunque el reglamento no especifica explícitamente qué vehículos de inversión utilizará el Fondo Startup, expertos como Salomón Eid, Presidente de la Asociación Boliviana de Emprendedores (ASEB) y socio reciente de Babasú Ventures, aportan una perspectiva crucial sobre la implementación práctica de estos mecanismos. Eid, abogado especializado en banca y finanzas, con experiencia directa en el acompañamiento de más de 40 startups y ex director legal del primer grupo de inversión ángel en Bolivia (SC Angeles), señala que instrumentos como el SAFE (Simple Agreement for Future Equity) podrían adaptarse al marco legal boliviano mediante un proceso de "tropicalización". Este conocimiento, derivado de su participación en más de 50 transacciones de M&A y financiamiento en Bolivia y Estados Unidos, resulta fundamental para comprender cómo estos vehículos —que evitan el problema de la valoración temprana mediante el compromiso de transformación en capital en una ronda posterior— podrían implementarse efectivamente en el contexto regulatorio nacional.
Complementando esta estrategia dual, el gobierno creó simultáneamente otros dos fondos especializados. El Fondo Focax, con 6,03 millones de dólares, apunta a fortalecer el sector exportador con tasas diferenciadas: 10% para microempresas y 6% para pymes. El tercer pilar, el Fondo Focaña, cuenta con idéntica dotación y busca impulsar la producción de caña de azúcar y biocombustibles, un sector considerado estratégico para la seguridad energética nacional en el contexto de la actual crisis.
En este entorno desafiante, las aceleradoras han demostrado ser catalizadores esenciales. Los datos revelan que el 82% de las startups bolivianas que han captado capital de riesgo han pasado por programas de aceleración o incubación, lo que explica la decisión gubernamental de canalizar parte de los recursos a través de estos actores del ecosistema. Tres destacan en el panorama nacional: SOLYDES, con sede en La Paz, se especializa en ventures tecnológicas con impacto social; Pista 8 ha logrado vincular a emprendedores locales con mentores internacionales y redes de inversión; mientras que Santa Cruz Innova ha desarrollado programas enfocados en innovación climática y sostenibilidad, facilitando el acceso a redes empresariales consolidadas.
La crisis actual, paradójicamente, ha acelerado la digitalización y el comercio electrónico, permitiendo que emprendedores ágiles sortean algunas barreras económicas. Han surgido aplicaciones de logística, plataformas de telemedicina y herramientas educativas digitales desarrolladas por talento local, alineándose con tendencias globales pero adaptadas al contexto boliviano. Asimismo, los desafíos energéticos han abierto nichos para innovaciones en eficiencia y sostenibilidad. La adopción de energías alternativas y la optimización logística ofrecen oportunidades para emprendedores que puedan desarrollar soluciones a estos problemas acuciantes.
El año 2025 se presenta como un punto de inflexión para el ecosistema emprendedor boliviano. La estrategia diversificada de apoyo financiero, que combina préstamos tradicionales con capital de riesgo, permite teóricamente atender diferentes segmentos del ecosistema con instrumentos adaptados a sus necesidades específicas. Sin embargo, la efectividad de estos mecanismos dependerá crucialmente de la capacidad de las entidades administradoras para implementar procesos de selección rigurosos, proporcionar el acompañamiento necesario a las startups financiadas y adaptar instrumentos financieros internacionales al contexto local.
Mientras la región avanza a ritmo acelerado en innovación y adopción tecnológica, Bolivia enfrenta el doble desafío de modernizar sus mecanismos de apoyo al emprendimiento mientras lucha contra una severa crisis macroeconómica. La colaboración entre expertos del sector privado y los esfuerzos gubernamentales podría ser clave para superar estos obstáculos. La pregunta pendiente es si estos esfuerzos conjuntos serán suficientes para contrarrestar el entorno adverso o si el país seguirá rezagándose respecto a sus vecinos más dinámicos en el panorama emprendedor regional.
Marcelo Camacho Herrera es experto en startups y emprendimiento.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.