a historia de la humanidad está caracterizada por un conjunto de atrocidades cometidas contra las personas de parte de grupos de poder político, económico o militar.
Es importante recordar como fiel testimonio de actos de lesa humanidad, que más de 12 millones de africanos fueron forzados a cruzar el Atlántico con fines de esclavitud entre 1525 y 1866 para ser llevados por la fuerza a Europa, más de 2 millones murieron en el trayecto por las condiciones infrahumanas en que eran transportados en los barcos, 1 de cada 6 nunca llegaba vivo. Se trataba de un genocidio flotante para maximizar ganancias y reducir costos. Éste fue uno de los crímenes oceánicos en los barcos negreros donde se calculaba espacio por persona, 1,83 centímetros de largo, por 41 centímetros de ancho, menos que un ataúd. Los africanos capturados eran encadenados horizontalmente en estantes de madera apilados, con menos de un metro entre niveles, no podías sentarte, tampoco girarte, sólo existir acostado en la oscuridad absoluta.
El genocidio practicado por la Alemania de Hitler y el exterminio de más de 6 millones de judíos es otro testimonio de la vocación criminal de los poderosos. Sin embargo, culminada la segunda guerra mundial, en 1948, un 10 de diciembre, como hoy, diversos países, aglutinados en la naciente Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobaron uno de los textos más emblemáticos que mantiene su validez hasta nuestros días, me refiero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, texto redactado por una mujer Eleanor Roosevelt que fue puesto a consideración de la Asamblea General de la ONU y aprobado en sus 30 artículos, donde resaltan el derecho a la vida, seguridad, libertad, salud, educación, entre otros.
Si bien muchos países incorporaron en su ordenamiento jurídico interno la mayoría de los derechos consagrados en la citada declaración universal, como señal de adhesión y compromiso para garantizar al interior e su territorio la plena vigencia de los mismos, además de haber suscrito en 1966 dos instrumentos internacionales importantes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ambos en el ámbito de las Naciones Unidas, empero, en la realidad fáctica, la sistemática vulneración de derechos fundamentales continuó materializándose en diversos lugares del mundo.
A pesar de la evolución y desarrollo experimentados en los ámbitos tecnológicos, jurídicos y democráticos, las guerras, los genocidios, masacres, las políticas estatales de discriminación continuaron practicándose a lo largo del siglo XX, amparados en diversos justificativos, sean éstos ideológicos, políticos, religiosos o de cualquier otra índole. La discriminación racial en los Estados Unidos el Apartheid en Sudáfrica, las dictaduras militares de corte fascista en Latinoamérica, entre otras experiencias nefastas, son ejemplo de subsistencia de esa vocación criminal desde esferas de poder.
Se tenía la esperanza que al ingresar al siglo XXI, la paz, la justicia social, la convivencia bajo referentes de igualdad de derechos, sean una realidad palpable y de beneficio pleno para el género humano en su conjunto, sin embargo, transcurridas dos décadas y media de esta nueva etapa, advertimos una especie de involución humana y democrática. La continuidad de las contiendas bélicas como la invasión del ejército Ruso a Ucrania, la violencia provocada por el grupo islamista Hamás, el genocidio practicado por el ejército israelí contra el pueblo palestino, incluso impidiendo el transporte de ayuda humanitaria, la vigencia de regímenes totalitarios como los de Venezuela, Nicaragua, Cuba en Latinoamérica, que practican de manera sistemática atropellos a los derechos más elementales de su pueblo, el atropello constante del gobierno de Trump contra la población migrante en los Estados Unidos, como política de Estado, son testimonios contundentes de esa involución.
Pero los derechos humanos que se inspiran bajo principios de universalidad, imprescriptibilidad, extraterritorialidad, progresividad, inviolabilidad e interdependencia, como referentes bioéticos, subsisten en la conciencia y razón de existencia de los pueblos, por tanto, son los gobernantes de todos los países del mundo, aquellos que ejercen poder político, económico o militar, los que deben asumir conductas diametralmente distintas en favor del género humano, en aras de que los derechos fundamentales de las personas, sin discriminación alguna, estén vigentes en todo momento y lugar. En este 10 de diciembre, esa es la consigna que debe imperar con la que todos debemos estar comprometidos.
Waldo Albarracín Sánchez es abogado y defensor de Derechos Humanos.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
