urante veinte años el pueblo boliviano fue víctima de una dictadura que no solo conculcó los Derechos Humanos, sino que sometió al país a intereses ajenos a las legítimas aspiraciones de desarrollo económico, institucional, social y democrático del país.
Extinguido el Estado de derecho, los cuatro poderes del Estado fueron subyugados a los dictados del MAS en el plano nacional y, en el ámbito internacional, a las decisiones imperativas del Grupo de Puebla y el Foro de San Pablo, en medio de ello, un tercer protagonista funesto, presente hasta las entrañas de la estructura estatal, el narcotráfico, como fenómeno delictivo, político y económico, promotor de la fortuna de los gobernantes y sus adláteres.
Por otro lado, desde el gobierno se promovió la llegada y permanencia de los abogados más deshonestos y mediocres (algunos con perfil delincuencial) en el Órgano Judicial y el Ministerio Público, con la finalidad de ejecutar sus planes represivos, perseguir y encarcelar opositores, luchadores por la democracia, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales, lideres indígenas, incluso miembros del partido de gobierno que como servidores públicos se atrevieron a denunciar hechos de corrupción practicados desde el poder.
En un escenario de absoluta indefensión ciudadana, donde fiscales y jueces obedecían diligentemente los instructivos provenientes del poder político, fueron enviados a la cárcel cerca de 300 ciudadanos y un número mayor de defensores de la democracia tuvieron que abandonar el territorio nacional para resguardar su vida, seguridad y libertad. No es exageración cuando afirmamos que bajo los regímenes de Evo Morales y Luis Arce, se impuso de manera perversa pero efectiva la metáfora de la “Ley del Embudo”, angosta para unos y ancha para otros, confirmando la consigna de que “La justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos”.
Entre los casos más emblemáticos están los procesos penales arbitrarios y encarcelamiento de la ex presidenta Jeaninne Áñez, el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, el exdirigente cívico de Potosí Marco Antonio Pumari, los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala, la exministra de Salud Eidy Roca, el exdirector del INRA Marco Antonio Aramayo, dirigentes cocaleros de los yungas, exautoridades militares, además de las ejecuciones sumarias como el caso del hotel Las Américas en Santa Cruz y los asesinatos disfrazados de suicidios de personas vinculadas al gobierno con información comprometedora.
Todo ello aconteció en un escenario de una manipulación de la justicia con magistrados genuflexos, que prevaricaron para asegurar la efectividad de la represión política. Pero como no hay mal que dure 100 años, las miserias humanas son tan ostensibles en los lideres del MAS, que su confrontación interna y subsecuente división, no se materializó por la lucha de los políticos opositores, sino a consecuencia de sus disputas por espacios de poder, denuncias mutuas de corrupción y de vinculación al narcotráfico de ambos lados, el debate ideológico estuvo ausente. Estas causas fueron determinantes para que su potencial electoral se reduzca a su mínima expresión.
Como el MAS se debilitó, el gobierno empieza a perder influencia en los estrados judiciales y la fiscalía, lo cual dio lugar a que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, liderados por su actual presidente, empiecen a adoptar iniciativas autónomas para intentar se reparen los sistemáticos atropellos contra la dignidad humana. La primera medida, fue instruir a los jueces se analicen los casos de detención preventiva de la ex presidenta Jeaninne Añez, el gobernador Luis Fernando Camacho y de Marco Antonio Pumari.
En pocos días los mandamientos de detención en recintos carcelarios que pesaba sobre ellos, quedaron sin efecto, A estas alturas Camacho y Pumari están libres no obstante la detención domiciliaria con derecho a trabajar establecida para el primero. El juicio ante la justicia ordinaria instaurado contra la ex presidenta quedó anulado y lo más probable que la sentencia condenatoria ejecutoriada que se le impuso en otro caso, en adelante sea anulada.
Se observa una luz al final del túnel, lo acontecido estos días debe dar lugar a la libertad del resto de los presos políticos y al retorno de los que buscaron refugio fuera del país por la sañuda represión política desplegada en su contra.
Por otro lado, los autores de crímenes de lesa humanidad que se mantienen impunes por voluntad del actual gobierno, deben ser procesados y sancionados penalmente. No sabemos aún quién ganará el balotaje, pero el que resulte elegido tiene la obligación de dar continuidad a este proceso de restitución de derechos constitucionales conculcados y de reinstalación de la democracia plena.
Waldo Albarracín Sánchez es abogado y defensor de Derechos Humanos.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
