a noche del domingo 19 de octubre, Bolivia sabrá quiénes serán sus nuevos gobernantes por los siguientes 5 años, elegiremos al nuevo presidente del país y a la autoridad que simultáneamente conducirá la Asamblea Legislativa y ejercerá la vicepresidencia de la República. Se trata de una experiencia inédita, toda vez que la modalidad del balotaje o segunda vuelta electoral, figura prevista en el Art. 166 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, se materializa por primera vez en la historia electoral boliviana al no haber alcanzado ninguno de las fórmulas la mayoría absoluta.
Al margen de este antecedente considero oportuno remarcar las experiencias políticas más importantes que anteceden a la nueva coyuntura que nos aprestamos a vivir, partiendo de las elecciones suscitadas en diciembre de 2005 que catapultó en el poder a Evo Morales dando inicio a uno de los regímenes gubernamentales más nefastos de nuestra historia, por los elevados niveles de corrupción y robo descarado en la administración de los recursos del Estado, el despilfarro de más de 60.000 millones de dólares procedentes del alza exponencial de los precios de los hidrocarburos y minerales en el mercado internacional, además de la condonación de la deuda externa, la subordinación total del Estado a las mafias del narcotráfico, la sistemática violación de los Derechos Humanos, la involución democrática ocasionada, el control absoluto de los órganos de poder, eliminando todo vestigio de independencia de los mismos, la persecución política, la utilización del sistema electoral para viciar precisamente las elecciones materializando fraudes groseros como el caso de los comicios de octubre de 2019. Atropellos cometidos desde el poder que tuvieron como su correlato en la gestión gubernamental de Luís Arce Catacora.
Estamos llegando al balotaje después de una experiencia tan negativa de cerca de dos décadas escenario en el cual se gobernó en contra de la república de Bolivia, destruyendo su institucionalidad, a través de procedimientos fascistoides, intentando consolidar la estadía en el poder en forma vitalicia de un individuo groseramente endiosado cuyo entorno le sigue justificando sus fechorías, secundado por otro que dejará el gobierno en noviembre próximo, que hace lo posible por aprovechar sus últimos días de gobernante para cumular patrimonio económico hasta su cuarta generación. Todo ello configura el “antes” del balotaje, pese a lo descrito tengo la certeza que la ciudadanía acudirá con la necesaria convicción democrática a depositar su voto en las urnas, con la intención de enterrar definitivamente ese pasado.
Pero el desafío no queda ahí, clausurar el ciclo del MAS es la primera parte de esta comedia, la segunda etapa es la más compleja, reconstruir todo lo que destruyeron los neofascistas encarnados en las 2 o 3 tendencias de esta mafia gigantesca que condujo el Estado hacia el precipicio. Por ello mi preocupación no radica en el resultado del próximo balotaje, ambas candidaturas, en caso de llegar al gobierno tienen el imperativo categórico de resolver al plazo más breve posible la tremenda crisis económica que estamos atravesando, ocasionada por la pésima gestión y el despilfarro en que incurrieron Evo y Luís Arce. Los plazos se tornan perentorios y las medidas económicas ineludibles.
Después del balotaje está la prueba real para los nuevos gobernantes. Los que se van están dejando un Estado corrompido estructuralmente hasta las entrañas, las tareas de saneamiento no serán sencillas. Por otro lado, restituir el Estado de derecho es una tarea interdependiente en relación a las medidas económicas a adoptarse, dotarle a la ciudadanía y a la inversión privada nacional e internacional de la necesaria seguridad jurídica, es una tarea ineludible, así como restituir las libertades democráticas y convertir al Estado en el principal promotor y protector de los derechos humanos. Devolverle credibilidad a Bolivia ante la comunidad internacional es parte de ese imperativo, desplazando definitivamente al narcotráfico.
Estas tareas podrán materializarse si las fuerzas políticas con presencia mayoritaria en el Congreso actúan con la necesaria vocación patriótica, tanto los que lleguen al gobierno como los que asuman el rol de “opositores”, están en la obligación de consensuar para salvar a la patria, las heridas causadas al país por los anteriores gobernantes son profundas y difíciles de curar y no nos podemos dar el lujo de protagonizar nuevas confrontaciones.
Advertirán que el “después” del balotaje se torna a estas alturas más importante por los retos que se asuman. Ojalá que las “maravillas” que ofrecen los todavía candidatos, se hagan realidad. Es obligación moral de los nuevos gobernantes actuar bajo un perfil absolutamente distinto a los que ya se van. Advertirán entonces que lo que viene después de la segunda vuelta y lo que se haga desde el poder, definirá nuestro futuro para los próximos 30 años.
Waldo Albarracín Sánchez es abogado y defensor de Derechos Humanos.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
