ás de 100 toneladas de droga incautadas en Chile no deberían interpretarse únicamente como un éxito policial. Deben entenderse como una advertencia histórica.
En 2017, Evo Morales incrementó de 12.000 a 22.000 la cantidad de hectáreas permitidas para la producción de hoja de coca. El 35% de este incremento se legalizó en el Chapare, donde los estudios más serios establecen que el 90% de la producción se destina al mercado ilegal y a la elaboración de cocaína.
Existe otro dato relevante: la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que existen, además, 12.000 hectáreas ilegales de cultivos de coca, distribuidas estratégicamente entre el Chapare y áreas protegidas. Llama la atención que se repita una cifra: el 35% de la superficie cultivada corresponde a plantaciones ilegales.
Los ojos del mundo siempre estuvieron puestos en Colombia y Perú como los grandes productores de hoja de coca y cocaína. Bolivia permanecía en un discreto tercer lugar y, amparándose en el crecimiento del consumo tradicional de la hoja y en la narrativa de su industrialización, lograba mantener una mirada relativamente permisiva por parte de la comunidad internacional.
La incautación de más de 100 toneladas de madera impregnada con droga coloca a Bolivia en una categoría de riesgo que trasciende las estadísticas habituales de la región. Esta situación de alerta exige acciones firmes del Estado para evitar que terminemos prisioneros de las redes del narcotráfico.
Los bolivianos podemos seguir discutiendo si el problema es grande o pequeño. Podemos seguir atribuyendo responsabilidades a unos u otros actores políticos. Podemos continuar atrapados en una confrontación permanente.
Pero las organizaciones criminales avanzan mientras la política discute.
La experiencia de Colombia, México y Ecuador demuestra que existe un punto de inflexión: un momento en el que el narcotráfico deja de ser únicamente un delito para convertirse en un factor de poder.
La pregunta es inevitable: ¿estamos entrando en esa categoría?
Si una red criminal fue capaz de movilizar más de 100 toneladas de droga hacia mercados internacionales, la amenaza ya no puede ser considerada un problema secundario. Otra pregunta queda en el aire: ¿cuántas toneladas lograron pasar sin ser detectadas?
Los parámetros utilizados por organismos especializados y estudios sobre el crimen organizado sugieren que solo entre el 10% y el 20% del tráfico ilícito es detectado. Resulta inquietante imaginar cuáles podrían ser las cantidades reales de droga exportadas desde nuestro país sin ser interceptadas.
Al consultar diversas fuentes de información, se observa que una de las mayores incautaciones de cocaína registradas ocurrió en Alemania en 2024, con aproximadamente 35 toneladas procedentes de Sudamérica. El caso que hoy nos ocupa marcó un récord internacional: Chile logró asestar un golpe al narcotráfico tres veces mayor que el alcanzado en aquella operación alemana.
Por ello, se requiere una respuesta extraordinaria: un acuerdo nacional respaldado por la comunidad internacional, una auditoría independiente sobre la producción de coca, mecanismos de cooperación regional, controles efectivos para evitar la infiltración de recursos ilícitos en la política y una presencia real del Estado en todas las zonas donde operan economías ilegales.
El objetivo no debe ser solamente impedir que salga más droga de Bolivia; el objetivo debe ser evitar que el dinero del narcotráfico termine definiendo el futuro político del país.
Esa es la verdadera batalla que debemos librar, por nuestros hijos y por nuestros nietos.
Jaime Navarro Tardío es político y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
