stamos en el límite. Lo preocupante no es únicamente que aparezcan nuevos delitos; lo verdaderamente alarmante es que el delito parece haber penetrado hasta lo impensable. Cuando eso ocurre, ya no hablamos solamente de inseguridad. Hablamos de descomposición del Estado.
En pocos días hemos conocido hechos que deberían estremecer a cualquier ciudadano. Se falsifican documentos oficiales para facilitar la exportación ilegal de oro y burlar los mecanismos que garantizan el ingreso de divisas al país. El descubrimiento de una imprenta clandestina dedicada a fabricar billetes falsos. Tarjetas B-SISA falsificadas para acceder al abastecimiento de combustibles, demostrando que hasta los sistemas creados para administrar la escasez pueden ser vulnerados por organizaciones criminales.
Pocas semanas atrás se incautaron toneladas de madera contaminada con droga en Chile. Quedamos impactados por la cantidad, la eficiencia chilena y la magnitud de la penetración del narcotráfico. Abriendo un paréntesis, es justo reconocer que en Viru Viru el control funcionó. Veremos las implicancias posteriores, pero funcionó: evitaron que la operación se concretara.
Y, como si todo ello fuera poco, el país conoce con horror la existencia de una red dedicada a la explotación sexual de niños en Caranavi. El crimen ya no solo roba dinero; roba la inocencia, destruye vidas y corroe los cimientos morales de la sociedad.
¿Son hechos aislados? No. Son piezas de un mismo rompecabezas. Son el síntoma de un Estado que ha perdido capacidad para controlar, fiscalizar, investigar y sancionar. Son el resultado de veinte años de desinstitucionalización impulsada por los gobiernos de Evo y Arce. Corrompieron todo, hasta sus propios entornos familiares.
Allí donde el Estado retrocede, avanzan las mafias.
La primera decisión debe ser implacable: extirpar las manzanas podridas. Ninguna institución puede recuperar credibilidad mientras proteja a funcionarios corruptos, operadores políticos o servidores públicos que utilizan el cargo para facilitar delitos. La corrupción no puede seguir administrándose; debe extirparse.
La limpieza, por sí sola, no alcanza. Hay que reconstruir. Profesionalizar la función pública. Restablecer la meritocracia. Blindar los sistemas de control. Garantizar transparencia. Fortalecer la independencia de la justicia y de los organismos de fiscalización. Hacer que la ley vuelva a ser un límite para todos y no una herramienta al servicio de algunos.
El camino por recorrer es largo, pero el primer paso no admite discusión: hay que extirpar las manzanas podridas.
Un país puede soportar crisis económicas, conflictos sociales e incluso desastres naturales. Lo que difícilmente sobrevive es la pérdida de sus instituciones. Porque, cuando la ciudadanía deja de confiar en los documentos públicos, en la moneda, en los controles del Estado y hasta en la capacidad de proteger a sus niños, el deterioro deja de ser administrativo y se convierte en una crisis devastadora.
La gran batalla del país ya no es solo contra la delincuencia. Es contra la descomposición institucional. Y esa batalla no admite medias tintas: extirpar las manzanas podridas o permitir que las mafias sigan ocupando el espacio que el Estado les ha permitido durante dos décadas.
Jaime Navarro Tardío es político y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
