a crisis de abastecimiento de combustibles no se resolverá con discursos ni con cambios de autoridades. El problema es mucho más profundo: la incapacidad de transformar estructuralmente a YPFB.
En los siete meses de gestión del Gobierno, es cierto que una parte importante del tiempo estuvo absorbida por una intensa conflictividad social. Entre enero y junio se registraron más de 60 días de bloqueos y movilizaciones: dos meses que paralizaron buena parte del país y condicionaron la capacidad de gestión del Ejecutivo.
Descontando ese período de conflicto y de una irrefutable conspiración política, el Gobierno ha tenido, en términos prácticos, cinco meses para gobernar. No se trata de buscar justificativos. Procuro hacer una valoración objetiva que permita analizar la perspectiva de corto plazo.
Hubo también una elección subnacional de por medio, pero esa no puede ser considerada una excusa. Los procesos electorales forman parte de la vida democrática y cualquier gobierno debe ser capaz de administrarlos sin abandonar las tareas fundamentales del Estado.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué se hizo durante esos meses efectivos para reconstruir YPFB?
La respuesta, lamentablemente, es muy poco.
Se cambió dos veces al presidente de la empresa en un período muy corto. Se tomó una decisión trascendental al eliminar la subvención a los combustibles. Sin embargo, más allá de esa medida, la transformación institucional de YPFB es prácticamente inexistente.
Vivimos una crisis de abastecimiento que ha generado colas nunca antes vistas: kilómetros de vehículos livianos y pesados esperando durante días e incluso semanas para acceder al combustible. A ello se suma la distribución de gasolina contaminada, que dañó miles de motores. Según datos oficiales, más de 70.000 vehículos resultaron afectados por combustible de mala calidad, generando indemnizaciones superiores a los 100 millones de bolivianos.
El sector productivo también agobiado por la falta de diésel. Las campañas de siembra y cosecha se han visto afectadas y continúan amenazadas por la escasez del combustible.
La empresa sigue siendo una estructura pesada, ineficiente y sin un norte estratégico. No existe información pública que permita evaluar si realmente comenzó un proceso de reestructuración. No sabemos cuántos cargos fueron eliminados, cuántas empresas subsidiarias fueron fusionadas o cerradas, cuántos funcionarios dejaron la institución ni qué procesos administrativos o judiciales se iniciaron para establecer responsabilidades por los errores y presuntos malos manejos.
La pregunta sigue vigente: ¿YPFB del presidente Rodrigo Paz Pereira es distinta a la YPFB que heredó de Luis Arce?
La transparencia sigue brillando por su ausencia. Y sin transparencia resulta imposible recuperar la confianza ciudadana.
Los expertos proponen como tarea urgente una política agresiva de exploración y producción de hidrocarburos. Bolivia necesita atraer inversión privada, nacional e internacional, con reglas claras y seguridad jurídica. Esa tarea requerirá también que la Asamblea Legislativa apruebe un marco normativo moderno que devuelva competitividad al sector energético.
Asimismo, plantean una verdadera reestructuración de YPFB. Existen numerosos estudios y propuestas elaborados por especialistas sobre cómo convertirla en una empresa eficiente, con criterios técnicos, metas de productividad, rendición de cuentas y un gobierno corporativo profesional, alejado de la lógica partidaria. Considero que todo lo expuesto es fundamental, pero requiere un elemento adicional: transparencia. Informen qué decisiones están tomando, cuánto cuestan, cuáles son sus resultados y quiénes responderán por los errores del pasado y del presente.
Sin exploración no habrá mayor producción. Sin reestructuración, YPFB seguirá siendo una empresa ineficiente. Sin transparencia, la desconfianza continuará creciendo y el estigma de la corrupción permanecerá intacto.
Si estas tareas no se convierten en prioridades nacionales, seguiremos atrapados en el mismo círculo vicioso: crisis energética, escasez de combustibles, largas filas en las estaciones de servicio y una frustración social cada vez más profunda. Una vez más, ya no es tiempo de discursos; es tiempo de resultados y de soluciones.
Jaime Navarro Tardío es político y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
