a información pública de los últimos meses permite identificar un contraste que puede servir como eje central para un análisis político.
Por un lado, el presidente Rodrigo Paz Pereira ha endurecido progresivamente su discurso. En distintas intervenciones sostuvo que quienes promovieron los bloqueos deberán responder ante la justicia y que los responsables de los daños económicos y materiales no pueden quedar impunes. Incluso llegó a afirmar que “la justicia va a llegar” para Evo Morales por el daño ocasionado al país durante veinte años y por los hechos más recientes.
Sin embargo, en el terreno de las acciones concretas, los avances han sido limitados. Las detenciones conocidas se concentran principalmente en algunos dirigentes sindicales y regionales, mientras que, respecto de Evo Morales, no se observa hasta el momento una actuación judicial que refleje la contundencia del discurso oficial. La distancia entre el mensaje político y la ejecución institucional constituye, precisamente, uno de los factores que generan mayor debate público y creciente desaliento en la población.
Ese mismo patrón se repite en el ámbito económico.
El Gobierno adoptó decisiones de enorme trascendencia: la eliminación del subsidio a los combustibles, la flexibilización del régimen cambiario y el anuncio de un modelo más abierto a la inversión privada representan un quiebre significativo respecto del modelo económico anterior. Paralelamente, el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, informó que existen quince empresas públicas en quiebra técnica, con patrimonio neto negativo y pérdidas acumuladas superiores a los 3.637 millones de bolivianos, señalando que, desde un punto de vista técnico, su situación exige decisiones estructurales.
No obstante, varios meses después de ese diagnóstico, todavía no se conocen medidas definitivas respecto al cierre, la liquidación, la privatización o una reestructuración profunda de esas empresas.
Desde una perspectiva política, ambas situaciones revelan un mismo desafío: transformar el discurso en acción.
El nuevo ciclo político no se consolidará únicamente mediante anuncios. Se consolidará cuando el Gobierno demuestre que el Estado de derecho se aplica sin excepciones; que quienes organizan acciones que ocasionan graves daños al país responden ante la justicia, cualquiera sea su liderazgo político; y que las reformas económicas avanzan hasta sus últimas consecuencias.
Después de superar una crisis marcada por cincuenta y cuatro días de bloqueos, el Gobierno dispone de una ventana de oportunidad que probablemente no permanecerá abierta por mucho tiempo. Si una nueva ola de conflictividad social emerge antes de ejecutar las reformas pendientes, el margen político para adoptarlas será considerablemente menor, quizá cercano a cero.
Como suele decirse, el riesgo no siempre está en equivocarse; muchas veces está en demorarse. En política, la oportunidad también tiene fecha de vencimiento. Los países no se transforman con anuncios, sino con decisiones ejecutadas. Y este parece ser el momento en que el Gobierno debe demostrar que la promesa de un nuevo modelo económico y de un verdadero Estado de derecho puede traducirse, finalmente, en hechos concretos.
Jaime Navarro Tardío es político y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
