l mandato de un supervisor financiero es inequívoco: proteger los ahorros del público. Cuando su independencia técnica cede ante la opacidad de las entidades supervisadas o las presiones corporativas, pierde eficacia y expone al interés público a crisis que una vigilancia oportuna pudo evitar.
El colapso de Ueno Bank (UB), en Paraguay, permite contrastar la actuación de su supervisor con el mandato y la capacidad efectiva de nuestra Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La Ley N.º 393 le encomienda regular, y supervisar los servicios financieros para preservar la estabilidad macrofinanciera, cautelar la solvencia de las entidades y proteger los ahorros del público. No es una atribución declarativa, sino un deber de vigilancia activa. Guardando las distancias, el caso paraguayo es una advertencia que Bolivia no debería ignorar, especialmente después del colapso del Banco FASSIL en 2023.
La trayectoria de UB revela la velocidad de su transformación: de banco aparentemente sólido y en expansión a entidad intervenida. El episodio compromete dos responsabilidades: la de los accionistas y directores que lo condujeron y la del regulador encargado de vigilar el cumplimiento de las normas prudenciales. No es una imputación abstracta: integrantes tanto de la conducción del banco como del ámbito supervisor se encuentran actualmente presos.
UB era considerado de importancia sistémica doméstica (D-SIB, en la terminología del Comité de Basilea) y las calificadoras parecían confirmar su solidez. Fitch y S&P mantenían una nota BB en escala internacional; en la local, Fitch SCR y Solventa & Riskmétrica le otorgaban AA-py y AApy. Destacaban su morosidad controlada y su rentabilidad. Apenas seis meses antes, en marzo de 2026, el banco había colocado USD 350 millones de deuda en los mercados internacionales. La fachada de solvencia ocultaba riesgos terminales.
Las primeras señales públicas llegaron en octubre de 2026, cuando Fitch cambió la perspectiva de UB de estable a negativa, aunque mantuvo la calificación. Advirtió que el crecimiento acelerado, hasta entonces presentado como señal de éxito, erosionaba su capital regulatorio. También identificó riesgos de gobernanza por operaciones con partes relacionadas y concentración de fondos públicos. La alerta era pública y detallada.
A fines de octubre, UB anunció una capitalización de USD 100 millones. Apenas una semana después, fue intervenido tras detectarse irregularidades contables y créditos indebidos a empresas vinculadas a su grupo propietario.
Tras la intervención, Moody’s dejó de mirar al banco y miró al Estado. Señaló que el colapso había expuesto debilidades de gobernanza de Paraguay, particularmente en efectividad gubernamental y control de la corrupción. Los vínculos políticos del banco y las dudas sobre la independencia de la supervisión revelaban límites de capacidad institucional. El problema ya no era solo un banco, sino quienes debían vigilarlo.
De este episodio surgen tres advertencias para Bolivia.
La primera: las calificaciones de riesgo protegen poco cuando la supervisión es laxa y no detecta operaciones indebidas ni controles débiles. UB tenía buenas notas. No bastaron.
La segunda es más incómoda: Bolivia presenta un entorno institucional más débil que Paraguay en dimensiones clave para la credibilidad de la supervisión financiera. Según los Indicadores Mundiales de Gobernanza (WGI) del Banco Mundial de 2026, en una escala de 0 a 100, Paraguay supera a Bolivia en efectividad gubernamental (48 frente a 40), calidad regulatoria (55 frente a 34), Estado de derecho (48 frente a 36) y control de la corrupción (28 frente a 24). Si Paraguay no pudo evitar semejante colapso pese a contar con mejores condiciones institucionales, Bolivia enfrenta una tarea cuesta arriba: su fragilidad amplifica los riesgos y limita la capacidad de la supervisión para contenerlos.
La tercera revela la debilidad institucional de la ASFI. Como señalamos en “El crédito del FMI no compra capacidad de ejecución”, el FMI volvió a identificar en 2026 deficiencias de supervisión, gobernanza e independencia del regulador. Más revelador aún, condicionó el crédito a Bolivia a que la ASFI realizara, con asistencia técnica del organismo y hasta marzo de 2027, pruebas de estrés de solvencia y liquidez de todo el sistema y revisiones independientes de calidad de activos. Que un organismo acreedor tenga que exigir al supervisor que evalúe los riesgos del sistema que tiene el mandato de vigilar es, en sí mismo, un diagnóstico de su debilidad institucional.
Ueno Bank ilustra cómo el riesgo moral y la captura regulatoria prosperan cuando la supervisión llega tarde o elige no mirar. Entonces, las historias de “éxito” y “solidez” se desmoronan cuando las cifras dejan de cuadrar. Y, como tantas veces, quienes asumieron los riesgos no son quienes terminan pagando la cuenta.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
