
n mi columna anterior sostenía que el capital no escucha discursos; responde a condiciones verificables. A propósito del suplemento publicitario Bolivia to the World and the World to Bolivia, publicado en USA TODAY, conviene completar la idea: el capital tampoco confunde publicidad con una oportunidad de inversión.
La promoción de un país cumple una función legítima: poner un nombre en el radar, matizar una percepción adversa o conseguir que un inversor se pregunte qué está ocurriendo en Bolivia. Pero esa es apenas la capa narrativa. La inversión exige otra: una capa operativa. Superada la curiosidad inicial, comienzan las preguntas menos fotogénicas: ¿son confiables las cifras?, ¿son previsibles las reglas?, ¿es rentable el proyecto?, ¿puede operar el inversor y repatriar su capital?, ¿se cumple el debido proceso? Después llega la debida diligencia —due diligence—: auditar la información financiera y legal, validar permisos, comprobar la disponibilidad efectiva de energía e infraestructura y calibrar la solvencia de los socios locales. Solo entonces una oportunidad empieza a parecerse a una inversión.
USA TODAY puede poner a Bolivia ante una audiencia amplia. Pero una audiencia amplia no es necesariamente una audiencia inversora. Los comités de inversión, gestores de fondos y analistas sectoriales buscan información especializada, datos verificables y proyectos que puedan someterse a due diligence. Si el objetivo era llegar también a ellos, el problema es evidente: el mensaje no parece diseñado para su destinatario.
La redacción de la separata tampoco ayuda. El inglés parece trasladar literalmente conceptos del debate político boliviano: sea of gas o road-block state. El resultado es comprensible, pero poco natural y, sobre todo, ajeno al lenguaje con el que suelen presentarse oportunidades de inversión. Lo mismo ocurre con expresiones como remarkable and promising turnaround o almost limitless. El entusiasmo puede servir para una campaña. En una presentación para inversores, incluso inicial, hacen falta datos.
Las declaraciones incluidas en la separata —del ministro de la Presidencia, del ministro de Obras Públicas y del director ejecutivo de la AJAM— refuerzan esa impresión. Sostener que “estamos definiendo nuestro modelo de negocio y podemos diseñarlo conjuntamente con los inversionistas”; reconocer que el Estado “no cuenta con los recursos financieros, la tecnología ni el capital humano”; presentar el retraso histórico como “una ventaja que abre la puerta a una fase de superinversión”, y afirmar que “lo que el presidente ha traído es seguridad jurídica”, transmiten primero incertidumbre conceptual y, después, incertidumbre institucional.
Para un inversor, el mensaje agregado es poco tranquilizador: el presidente y sus ministros todavía parecen estar definiendo el modelo, el marco operativo y hasta la narrativa con la que pretenden atraer capital. La ausencia simultánea de proyectos estructurados y reglas suficientemente claras no hace sino reforzar esa impresión.
El problema, sin embargo, no está tanto en la separata como en lo que debería venir después. Hay dos ausencias. La primera es una estrategia internacional de captación que convierta la visibilidad en reuniones, due diligence y negociaciones en los centros donde se asigna capital. La segunda es una cartera de proyectos suficientemente estructurados para sobrevivir a ese escrutinio: montos definidos, esquemas de financiamiento, cronogramas, data rooms y responsables técnicos. La primera genera contactos. La segunda determina si esos contactos llegan a alguna parte.
Guyana y Suriname ofrecen un contraste útil. En ambos países, el interés inversor en el sector petrolero se apoyó en elementos que ninguna separata puede fabricar: evidencia geológica, información sísmica, reservas potenciales, marcos regulatorios claros y operadores capaces de asumir capital y riesgo. La promoción acompañó una oportunidad verificable; no pretendió sustituirla. Para Bolivia, el equivalente no es construir otra narrativa más sobre el gas, el litio o la minería, sino presentar proyectos que puedan examinarse, financiarse y ejecutarse.
Determinar quién pagó la separata es una cuestión de transparencia, pero no responde la pregunta central: ¿qué ocurre después del anuncio? Sin una estrategia que convierta lectores en contactos, contactos en procesos de due diligence y esos procesos en proyectos concretos, la publicidad termina convirtiéndose en un fin en sí mismo: una promoción; no en una estrategia efectiva de atracción de inversiones.
El éxito de la iniciativa, por tanto, no se medirá por cuántos lectores vieron la separata, sino por lo que ocurrió después. El capital busca proyectos, reglas y evidencia. Si Paz Pereira no puede mostrar esas tres cosas, habrá vuelto a exhibir una de sus principales limitaciones: creer que la visibilidad de un anuncio puede sustituir la mucho menos fotogénica tarea de construir confianza.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
