ntre 2022 y 2024, los bancos centrales del mundo compraron más de 1.000 toneladas métricas (TM) de oro al año, casi el doble del promedio de la década anterior, según el World Gold Council. La razón es simple: a diferencia de las divisas, el oro no es el pasivo de nadie. En tiempos de incertidumbre y crisis, esa independencia vale oro.
El Banco Central de Bolivia (BCB) fue en dirección contraria. Tras conservar unas 42 TM de reservas en oro entre 2010 y 2022, en 2023 las redujo a unas 23 TM. Ese año, la Ley Nº 1503 fijó que el BCB debía mantener un mínimo obligatorio de 22 TM, que el entonces ministro de Economía presentó como una “banda de seguridad”. La norma también autoriza al BCB a hacer coberturas y convertir oro en divisas para mejorar la liquidez y el rendimiento de las reservas. Pero aquí reside el problema de fondo: autorizar una operación financiera no debió ser utilizado para comprometer la protección que la propia ley intentó erigir.
La falla no radica en utilizar instrumentos de cobertura, sino en la opacidad: el ente emisor no ha explicado qué comprometió, cuánto costó, qué obtuvo a cambio ni si respetó el mínimo legal. En 2025, el BCB cerró cuatro operaciones de venta de oro a futuro por 9,6 TM, a cambio de un pago anticipado de USD 1.127 millones garantizado con oro del propio Banco. Ni el informe cuatrimestral requerido por ley a la Asamblea Legislativa sobre las reservas de oro ni los estados financieros auditados de ese año permiten analizar las condiciones, los riesgos o resultados de estas operaciones. Que una operación de semejante magnitud reciba el tratamiento de un mero trámite administrativo no es descuido; es opacidad deliberada.
Peor aún, las cuentas no cuadran. Con unas 23 TM, el BCB tenía apenas una tonelada por encima del mínimo legal. Al comprometer 9,6 TM, afectó necesariamente oro que formaba parte de la propia banda de seguridad. Según las Directrices sobre la Plantilla de Datos sobre Reservas Internacionales del Fondo Monetario Internacional (FMI), el oro dado en garantía (encumbered assets) deja de estar disponible y no debe reportarse como reserva utilizable. Ignorar esta pignoración sobreestima artificialmente las reservas internacionales de un país. Aun así, el BCB siguió informando que cumplía el mínimo y que el oro permanecía intacto.
El informe del país del FMI de octubre de 2026 no pasó por alto las limitaciones contables del BCB y su consiguiente narrativa cómplice. En su habitual tono diplomático, el organismo advirtió sobre “auditorías desactualizadas”, el riesgo de “reportes erróneos” y de “errores involuntarios”, y señaló que el Banco debe fortalecer sus políticas de reporte financiero y transparentar la información que provee (disclosures). La traducción es sencilla: la forma no puede seguir ocultando el fondo. Una banda de seguridad que se cumple en el balance y se incumple en la práctica es un dique de papel.
Las cifras revelan otro problema. Una reconstrucción de las operaciones arroja una diferencia negativa superior a USD 191 millones: el BCB recibió USD 1.127 millones —de acuerdo con el Informe de Operaciones con Reservas en Oro del tercer cuatrimestre de 2025— por comprometer oro que, al momento de su entrega, valía USD 1.318 millones. No se trata de la pérdida neta total, pues faltan las primas pagadas por las opciones para limitar el riesgo y otros costos y beneficios, si los hubo. Precisamente por esto, la transparencia no es un trámite: es parte de la gestión del riesgo y de la credibilidad del Banco.
Sin cuentas claras, crece la sospecha de que nadie responderá por las pérdidas. Argentina ofrece un contraste incómodo. Allí, la Auditoría General de la Nación informó que el Banco Central de la República Argentina especuló con el precio del oro y “erró el cálculo” incurriendo en pérdidas superiores a los USD 1.000 millones en el 2025. Las escalas difieren, la lección no: ni la trayectoria de trader en J.P. Morgan de su presidente y del ministro de Economía evitó el tropiezo. Los currículums no blindan errores, y la opacidad institucional los multiplica.
Y si la pericia financiera no evita el desastre, la subordinación política lo garantiza. En Bolivia, el piso legal de 22 TM funciona como un dique frente a la tentación de usar las reservas para aliviar las urgencias del Gobierno. Importa más en un país donde la independencia del BCB es limitada, empezando por la forma en que se designó a su actual presidente. De ahí la inquietud que genera su Informe de Operaciones con Reservas en Oro del primer cuatrimestre de 2026, donde el BCB ratifica su criterio de “disminuir el porcentaje del oro en la composición de las Reservas Internacionales”.
¿Qué lo reemplazará? ¿Cómo se disminuirá ese porcentaje? ¿Qué riesgos asumirá el Banco? Si el plan implica perforar el mínimo, habrá que reformar la Ley N.º 1503. Incluso sin perforarlo, cambiar oro por divisas no elimina el riesgo: lo transforma. En una economía frágil y con las debilidades institucionales que el FMI señala en su documento de préstamo al país, Bolivia necesita más salvaguardas, no tratar las pocas que tiene como estorbos.
En octubre, el presidente del BCB ratificó en varias entrevistas su intención de monetizar el oro y prometió que “nunca más” habrá un corralito de depósitos en dólares. Tranquiliza; no convence. Un banco central no recupera la confianza anunciando que no repetirá una política confiscatoria —lo mínimo exigible—, sino mostrando reglas, información y decisiones capaces de impedirla. Mientras explique tan poco y dependa de un Ejecutivo frente al cual su autonomía es limitada, su palabra valdrá menos que el oro que ya no está tan a la vista.
Y una promesa, a diferencia del oro, sí es un pasivo de quien la hace.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
