iguiendo el hilo de esta columna sobre inversiones y el rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI), conviene medir la desproporción entre el costo del ajuste y los resultados prometidos. Incluso si el programa se cumple a cabalidad —algo que la limitada capacidad de ejecución del Gobierno pone en duda—, los primeros brotes de crecimiento llegarían recién hacia 2028, con apenas un 0,5% del PIB, para alcanzar un deslucido 2,6% anual en la próxima década, según el FMI.
La disciplina macroeconómica no compra, por sí sola, crecimiento inclusivo ni viabilidad política. Menos aún cuando quienes pagan la factura del Fondo y de la deuda estatal son los mismos ciudadanos a quienes no llegan necesariamente los beneficios.
La experiencia argentina ofrece un espejo incómodo. Aunque las escalas difieren, la matriz extractiva donde ambos países buscan inversiones es comparable: minería, hidrocarburos y la promesa del litio. La diferencia radica en quién dirige y ejecuta el programa. Javier Milei lo hace con claridad obstinada y fe reformista. El presidente Paz Pereira, en cambio, llega a su primer año tal como asumió el mandato: improvisando y sin un plan de gobierno. Sobrevive blindado tras un estado de sitio que consumió más de un tercio de su gestión, aferrado a una legitimidad negativa: el temor a que cualquier alternativa sea todavía peor.
Los resultados argentinos son reveladores. El país alcanzó superávit fiscal durante tres años consecutivos, registró exportaciones récord, se consolidó como exportador neto de hidrocarburos, estabilizó el tipo de cambio, flexibilizó el mercado laboral, desreguló sectores estratégicos y su Banco Central acumuló reservas. Según el FMI, recibió además expresiones de interés y postulaciones de inversión por más de $us 60.000 millones. Pese a ello, su economía se contrajo por segundo trimestre consecutivo. Si estos son los resultados de quien ejecutó buena parte del programa con disciplina, ¿qué se puede esperar de alguien que ni siquiera ha demostrado capacidad para tener un plan?
La trampa, además, es estructural. Las inversiones extractivas crean enclaves dinámicos sin transmitir impulso al resto del tejido productivo, gestando una economía dual: polos boyantes frente a un mercado interno asfixiado por la contracción del crédito y la pérdida de empleo formal. A ello se suma el dilema cambiario: anclar la paridad para contener la inflación a costa de desangrar la industria doméstica frente al contrabando impune, una asfixia que el cierre de Manaco en Bolivia ilustra con crudeza. Como advirtió el Financial Times el 23 de octubre, la desinflación acarrea una triple amenaza: estancamiento, fatiga social y reversión política.
En la última revisión del programa argentino, el propio FMI insistió en que el alivio debe llegar a la economía real mediante mayor liquidez y tasas de interés más bajas. Milei, sin embargo, persiste en su libreto cuando proclama: “voy a morir atado al mástil del programa”, según reporta Marcelo Bonelli en Clarín el 1 de noviembre. Paradójicamente, el presidente argentino parece hoy más ortodoxo que el propio Fondo.
En Argentina, el debate gira en torno a cómo ganar las elecciones presidenciales dentro de un año. En Bolivia, se reduce a cómo retener el poder, eludir un eventual revocatorio y rebajar la promesa de un cambio de época a una aspiración bastante más modesta: no pasar a la historia como un mandatario peor que Siles Zuazo o Arce Catacora. Cuando la única meta es sobrevivir, la reforma deja de ser una prioridad y se convierte en un riesgo.
Y es justamente la capacidad de ejecución lo que falta. El bochorno parlamentario en la elección del presidente de Diputados deja poco espacio para esperar que el Legislativo fiscalice a un Ejecutivo a la deriva. Esa misma Asamblea debe tratar el Presupuesto 2027, atravesado por una contradicción flagrante sobre los combustibles: el ministro de Economía, comprometido con el FMI a eliminar el subsidio, asegura que lo mantendrá; el vocero presidencial sostiene exactamente lo contrario. Un subsidio no puede mantenerse y eliminarse a la vez, salvo que lo único que se elimine sea la credibilidad. No es un problema de comunicación; es el síntoma de un Gobierno sin visión ni dirección política.
Si aplicar el libreto con disciplina quirúrgica en Argentina cuesta una recesión, esperar mejores resultados en Bolivia de un equipo a la deriva es esperar un milagro —y en economía los milagros no existen—. Bolivia tiene particularidades que le permitirían amortiguar el golpe, pero sortear la crisis exige precisamente lo ausente: liderazgo, cohesión y pericia técnica, lo que Franklin Pareja sintetiza como “vocación de poder: capacidad de tomar decisiones transformadoras”.
El problema trasciende la dureza del ajuste y los límites del FMI. Reside en convertir compromisos macroeconómicos en decisiones coherentes y sostener una estrategia más allá de la próxima crisis política. Sin esas condiciones, el ajuste podrá maquillar variables aisladas, pero no sacará a la economía del estancamiento, mientras sus costos recaen sobre una población con escaso margen para absorberlos y con larga memoria de movilización.
El FMI entregó una partitura que el Gobierno aceptó para financiar su subsistencia. Pero una partitura sin dirección solo genera ruido. Corresponde al presidente levantar la batuta, al Ejecutivo ejecutarla con rigor y a la Asamblea fiscalizar en serio, en lugar de reducir la política a un espectáculo partidario. La duda es si asumirán esa responsabilidad antes de que el público, hastiado, se levante de sus asientos y busque otras alternativas.
En Bolivia, la calle rara vez discute cifras: discute legitimidad. Y quien solo gobierna para sobrevivir acumula, día tras día, lo contrario.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
