ese a las promesas de que Bolivia no acudiría al FMI y a las posteriores afirmaciones oficiales sobre un supuesto apoyo “sin condiciones”, las 119 páginas del IMF Country Report No. 26/259 plantean una cuestión decisiva que ha pasado desapercibida en el debate público: ¿tiene el Gobierno la capacidad de ejecutar los compromisos asumidos?
Desde su ingreso al FMI en 1945, Bolivia ha recurrido 20 veces al organismo. Algunos programas contribuyeron a estabilizar la economía, como el freno a la hiperinflación de los años ochenta, y el alivio de la deuda redujo las restricciones financieras del Estado. Pero ni la estabilización ni el alivio se tradujeron automáticamente en un crecimiento sostenido. El FMI puede financiar un programa y fijar metas, pero no ejecutarlo: esa responsabilidad es del Gobierno. Ningún desembolso compra capacidad institucional.
La carta de intención remitida al Fondo por el ministro de Economía y el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) plantea un programa en dos etapas: primero, “reajustar la posición fiscal para salvaguardar la sostenibilidad de la deuda”; luego, implementar “reformas estructurales para apoyar el crecimiento impulsado por el sector privado”. En términos políticos, la primera etapa es un plan “platita”, para usar el léxico presidencial: dólares para aliviar la escasez de divisas. Pero conseguir dólares no equivale a corregir las causas de su escasez, y el riesgo es que la primera etapa se cumpla y la segunda nunca llegue. Para evitarlo, el ajuste fiscal, la recuperación de reservas y las reformas deben avanzar de forma coordinada y dar resultados antes de que los costos económicos y sociales erosionen su viabilidad.
Es precisamente en la capacidad de ejecución del Estado donde el informe del FMI identifica tres fracturas.
La primera es la capacidad administrativa del Estado. El informe advierte restricciones significativas para la gestión fiscal, la supervisión del sistema financiero, la lucha contra el lavado de activos, el manejo de un tipo de cambio flotante y la ejecución de operaciones monetarias eficaces, además de dificultades para diseñar e implementar marcos regulatorios y tributarios en sectores estratégicos como la minería, los hidrocarburos y el litio. La paradoja es evidente: el Estado que debe fijar las reglas del juego tiene dificultades para establecerlas en los mismos sectores de los que espera inversiones capaces de generar divisas e ingresos fiscales.
La segunda fractura está en la gestión financiera pública. El FMI señala deficiencias estructurales en la transparencia fiscal, la planificación de mediano plazo, la gestión de activos y pasivos públicos, el control de los compromisos de gasto, la auditoría externa y la supervisión legislativa. Esta última es el control que, según la ley que aprobó el crédito, debe vigilar el cumplimiento del programa. Estas debilidades dificultan controlar la ejecución presupuestaria, anticipar desviaciones y verificar los resultados del ajuste.
La tercera afecta a la gobernanza y la calidad de la información oficial. El Fondo advierte debilidades en la supervisión de las autoridades fiscales y del BCB, capacidad limitada para generar datos oportunos y precisos, “errores involuntarios” en los reportes y auditorías desactualizadas de la posición financiera del BCB. Por lo tanto, el programa exige una auditoría especial de los datos iniciales, con términos de referencia acordados con el FMI. Lo que está en juego es concreto: si la base de medición es errónea, los resultados del programa amplificarán los mismos errores de inicio.
Estas debilidades no afectan solo al ajuste fiscal. También condicionan la capacidad del sistema bancario para absorber sus costos. Surge aquí otra vulnerabilidad: que la normativa prudencial vigente no refleje plenamente los riesgos acumulados en los balances bancarios, como señalamos anteriormente en esta columna.
Tanto el FMI como Moody’s Local Bolivia, en su informe sobre la banca de octubre de 2026, advierten sobre los riesgos que enfrenta el sector en un contexto de deterioro económico y ajuste macroeconómico: la caída de los ingresos de los prestatarios y el aumento del costo del financiamiento pueden deteriorar la cartera de créditos. Aunque la solvencia bancaria se mantiene en niveles adecuados según la normativa actual, ese indicador no garantiza que los riesgos estén plenamente reflejados, en particular los asociados a créditos diferidos y reprogramados. A ello se suman las restricciones de liquidez en moneda extranjera.
Frente a estos riesgos, El Estado se ha comprometido a fortalecer la supervisión y las herramientas de la ASFI, y el Gobierno deberá presentar ante la Asamblea, hasta fines de junio de 2027, reformas legales y regulatorias para adecuar la normativa a los estándares internacionales en materia de contabilidad, requerimientos de capital, liquidez, tratamiento de activos problemáticos, previsiones por riesgo crediticio y gestión del riesgo de tasas de interés. Son avances reales, pero dependen de la misma capacidad de ejecución que el informe pone en duda.
El riesgo, por tanto, no es solo que el Gobierno incumpla sus compromisos con el Fondo, sino que sus limitaciones de ejecución y los costos del ajuste se refuercen mutuamente, debilitando la estabilidad financiera que el programa pretende restablecer.
Aprobar un crédito y fiscalizar su ejecución son responsabilidades distintas, no dos trámites de una misma ceremonia. Sin embargo, la Asamblea que aprobó el crédito —y que parece confiar en la capacidad de ejecución del Gobierno— es también la encargada de fiscalizar su cumplimiento. La pregunta es inevitable: ¿ejercerá ahora sobre los resultados del programa el mismo rigor que aplicó al evaluar la capacidad del Estado para alcanzarlos, a la vista de las limitaciones que el propio FMI dejó por escrito?
La respuesta es otro déficit que no se arregla con dólares.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
