n Bolivia, el transfugio político —conocido también como camaleonismo— solía tener un costo político y moral. Cambiar de bancada o romper con la organización que permitió llegar a un cargo podía significar el rechazo del partido y el cuestionamiento público.
Aunque la destitución de parlamentarios nacionales ha tropezado con obstáculos legales, el caso del asambleísta de Oruro Juan Castillo, entre 2022 y 2024, mostró que una sanción efectiva era posible en el ámbito subnacional. Tras una denuncia de su propia agrupación por apartarse de la línea orgánica, el Tribunal Electoral Departamental retiró su credencial y la otorgó a su sucesora.
El caso puso en discusión la relación entre el mandato de representación, la organización política y lo establecido en la Ley Nº 1096. Antes, cambiar de sigla tenía un costo; hoy, parece que ese costo perdió su importancia.
Lo que ocurre en la Asamblea Legislativa Plurinacional refleja un deterioro de la representación política. La conformación de las bancadas ya no parece explicarse únicamente por diferencias ideológicas, programas de gobierno o decisiones de las dirigencias partidarias. Las denuncias sobre acuerdos y pagos a legisladores apuntan a una lógica distinta: la de negociar apoyos a cambio de beneficios. En ese escenario, las siglas pierden peso, la disciplina partidaria se debilita y el voto parlamentario corre el riesgo de convertirse en una mercancía. La pregunta ya no es solo qué defiende cada legislador, sino a qué intereses responde.
Las denuncias sobre pagos a parlamentarios también muestran cómo cambian las formas sin que necesariamente cambien las prácticas. A las tradicionales maletas con dinero y los sobres con efectivo se suman ahora las transferencias mediante códigos QR. Si se comprueba que un legislador recibe pagos para respaldar determinadas decisiones, no estaremos ante una simple maniobra de la política criolla, sino ante un problema de corrupción que compromete la función pública.
Más delicado aún es el origen de los recursos y los intereses detrás de estas presuntas redes. Denuncias del Viceministerio de Régimen Interior señalan que el exfiscal general Róger Mariaca, imputado por tráfico de sustancias controladas y señalado públicamente como “narcofiscal”, habría articulado una bancada de diputados y senadores a quienes pagaba mensualmente.
Las acusaciones mencionan también a sectores identificados como los ”laristas” y posibles conexiones con casos como Cerimedo, Marset y las ”narco maletas”. A ello se suman denuncias sobre legisladores que responderían a un ministro del oriente boliviano, mediante acuerdos que configurarían bancadas transversales. Si estos hechos se acreditan, el problema irá mucho más allá del transfugio: pondrá en cuestión quién ejerce realmente el poder dentro del Legislativo.
Durante los años de hegemonía del MAS, la Asamblea funcionó bajo el llamado “rodillo parlamentario”, que garantizaba al oficialismo los votos necesarios para aprobar sus decisiones, pero reducía el margen de deliberación. El escenario actual es distinto, aunque no necesariamente mejor. La diversidad de fuerzas políticas no ha dado lugar, por sí sola, a un debate más sólido ni a acuerdos programáticos duraderos. Las rupturas, los cambios de bancada y la fragmentación dificultan la construcción de mayorías y retrasan decisiones que el país necesita.
Recuperar la credibilidad del Parlamento exige reglas claras, transparencia y sanciones efectivas frente a la corrupción y el transfugio. Un curul no es propiedad privada de quien lo ocupa ni un activo que pueda alquilarse al mejor postor: es una representación política que los ciudadanos confían a sus elegidos.
Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
