omos espectadores de un desfile de audios bochornosos y escandalosos: nada menos que 14 grabaciones filtradas que tienen como protagonista central al exasesor Fernando Cerimedo. Lejos de tratarse de chismes pasionales o de simples deslices conversacionales, esta catarata de grabaciones expone un mapa grotesco de intromisión, repartija de cuotas de poder y cooptación del aparato estatal en las sombras.
El contenido de las escuchas evidencia posibles y graves malos manejos dentro del Estado: desde Cerimedo instruyendo al ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo a cortar la luz y el internet en San Julián para reprimir bloqueos, hasta pactar licitaciones en YPFB y nombramientos de gabinete con la primera dama María Elena “Bibi” Urquidi o una charla de contrataciones de comunicadores con la hija del presidente. A esto se suman extorsiones utilizando informes de la UIF contra opositores como Samuel Doria Medina, pugnas por negocios de hidrocarburos y la planificación de operativos armados paralelos.
Ante la desesperada estrategia gubernamental de contaminar las redes sociales con “audios hechizos” para deslegitimar las filtraciones, instancias de verificación como Bolivia Verifica han tenido que tomar el pulso a la veracidad de estos registros, confirmando la autenticidad y la naturalidad de los diálogos. Sin embargo, la labor periodística de fact-checking, por impecable que sea, no puede reemplazar la persecución penal de los delitos flagrantes que ahí se escuchan.
Es el Fiscal General del Estado, Jose Armando Urioste, quien debe tomar cartas en el asunto de manera inmediata e imparcial. No estamos ante opiniones privadas, y se requieren peritos para comprobar su veracidad. Porque estamos ante supuestas evidencias auditivas de uso indebido de bienes públicos, usurpación de funciones y cohecho que la Fiscalía no puede seguir congelando bajo excusas burocráticas.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz tildó las filtraciones de "una locura" y pidió a la justicia investigar "quién filtra o quién produce" las grabaciones. Este nuevo pedido de investigación a la justicia se suma a anteriores solicitudes e instructivos sobre el accionar de Cerimedo, revelando una postura evasiva.
Camino al cierre de octubre de 2026, la ciudadanía boliviana no soporta más el fango mediático ni las maniobras de distracción digital. El país se agota entre la subida del dólar, la inflación y varios meses bajo estado de excepción, mientras la población aún espera resultados judiciales concretos y tangibles a la fecha. La justicia no puede seguir postergando las respuestas que el pueblo exige frente a la impunidad de un poder que por la seguidilla de audios publicados, parecería que confundió el Estado con su patrimonio familiar, si tan solo zanjaran no pasaríamos por esta etapa de filtraciones y caídas de máscaras.
Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
