odrigo Paz llegó por primera vez a la Asamblea General de Naciones Unidas con una idea que atraviesa buena parte de su proyecto político: Bolivia necesita cerrar un ciclo y abrir otro. Ante el foro internacional, mostró una hoja de coca, recordó a Hugo Chávez y Evo Morales y sostuvo que “el socialismo y la ideología no dan de comer”.
Habló de “capitalismo para todos”, de libre mercado y de una economía abierta al mundo. También puso sobre la mesa los minerales críticos, la inversión, el empleo, la tecnología y la necesidad de dejar atrás el viejo modelo extractivo. El mensaje es claro, la pregunta, menos sencilla, es cómo ese nuevo rumbo aterriza en un país donde la crisis todavía se mide en el mercado, en el surtidor y en el bolsillo de las familias.
Paz también llevó a Nueva York una parte de la crisis política boliviana. En sus 16 minutos ante la ONU habló de los 53 días de bloqueos de carreteras, de las dificultades para garantizar salud y educación y de más de 20 fallecidos. Atribuyó esas movilizaciones al financiamiento del “narcoterrorismo” y recordó que el daño económico de los bloqueos superó los $us 3.000 millones, según estimaciones del IBCE. También reclamó a los organismos multilaterales por la lentitud de sus desembolsos, frente a la rapidez con la que, según dijo, se mueve el dinero del crimen organizado.
El discurso generó cuestionamientos dentro del país. Algunos dirigentes consideraron que llevar parte de la disputa interna a la ONU podía profundizar una pelea que Bolivia todavía no ha resuelto. Más allá de tener razón unos u otros, el asunto plantea una pregunta política interesante: ¿cuánto tiempo puede un Gobierno que habla de un nuevo comienzo seguir explicando su presente a partir del pasado? Porque el pasado ayuda a entender la crisis, pero no puede convertirse en la única respuesta para todo lo que ocurre desde que comenzó una nueva administración.
Ahí aparece otra parte del discurso que merece atención, Paz necesitó reivindicar ante la comunidad internacional la forma en que llegó a la Presidencia y marcar distancia de las controversias que acompañaron su campaña. También defendió la eliminación de la subvención a los combustibles como parte de la salida a la crisis.
El problema es que una medida puede ser necesaria desde el punto de vista económico y, al mismo tiempo, resultar difícil de sostener socialmente. Esa es quizá una de las mayores dificultades del nuevo Gobierno: explicar por qué determinadas decisiones son inevitables sin perder de vista quién termina pagando su costo. En economía, las cifras pueden justificar una reforma; en la calle, la gente la juzga por lo que le queda en su bolsillo.
Y allí está el verdadero desafío, Bolivia cerró 2025 con una inflación de 20,40%, según los datos del Banco Central de Bolivia, mientras la economía enfrenta escasez de divisas, dificultades fiscales y la necesidad de conseguir financiamiento externo. En septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó un crédito del FMI por $us 1.900 millones, dentro de un programa que contempla reducción del déficit, disciplina monetaria, un régimen cambiario más flexible y reformas estructurales, además de la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles. El Gobierno sostiene que estas medidas buscan estabilizar la economía y recuperar reservas. Pero una cosa es ordenar las cuentas y otra conseguir que esa recuperación sea entendida y soportada por la población.
Por eso, más que discutir si el discurso de Paz gustó o no en Naciones Unidas, conviene mirar lo que viene después del discurso. La Bolivia que viene no cabe en un discurso de 16 minutos. Se va a medir en algo mucho más sencillo: si el dinero alcanza, si hay combustible, si vuelve la confianza y si el ciudadano común siente que el cambio de modelo también cambió su vida.
Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
