
lvaro García Linera hizo de la estrategia envolvente una de sus marcas discursivas: desbordar al adversario, neutralizarlo y cercarlo desde el poder político, institucional y social. De docente universitario y analista político pasó a ser uno de los principales operadores del poder durante los 14 años del gobierno de Evo Morales. Su pasado radical, vinculado al Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), contrastaba con la imagen del intelectual que terminó convertido en vicepresidente y estratega del Estado. Hoy, la maniobra parece tener otro escenario: él es quien sale del tablero boliviano.
Noviembre de 2019 marcó su primera salida de Bolivia rumbo a México, después de la renuncia de Evo Morales y en medio de la crisis política que terminó con el ciclo gubernamental del MAS. Siete años después, la historia tiene un nuevo capítulo. Tras abandonar Bolivia el 31 de octubre rumbo a Argentina, García Linera terminó en México, donde este 12 de noviembre confirmó que obtuvo nuevamente asilo político. Esta vez, el contexto es distinto: la reactivación de las investigaciones por el caso Hotel Las Américas, que involucra también a Morales, por los hechos de abril de 2009, cuando murieron tres personas durante un operativo policial.
La pregunta ya no es solamente por qué se fue, sino por qué quienes ejercieron las más altas responsabilidades del Estado parecen encontrar más fácilmente una salida internacional que una explicación ante la justicia boliviana. García Linera tiene derecho a defenderse y la presunción de inocencia debe respetarse; pero ese mismo derecho exige que las investigaciones avancen y que las responsabilidades se esclarezcan. El asilo político no equivale a una sentencia de culpabilidad, como tampoco puede convertirse en una respuesta definitiva frente a los cuestionamientos judiciales. Entretanto, Interpol tramita un sello azul para establecer su paradero, mecanismo que no constituye una orden de captura.
Y mientras Bolivia intenta esclarecer uno de los episodios más controvertidos de su historia reciente, la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, le otorgó el Doctorado Honoris Causa el pasado 5 de noviembre. La distinción reconoce su trayectoria intelectual y política, pero abre una inevitable paradoja: el exvicepresidente recibe honores académicos en el extranjero mientras en su país se reactiva una investigación sobre hechos ocurridos cuando ejercía el poder y criticas de si realmente se lo merecía.
La estrategia envolvente tiene una ironía política difícil de ignorar: quien defendió el poder como una construcción de control, correlación de fuerzas y neutralización del adversario ahora busca protección fuera del país. Evo Morales permanece en Bolivia y cuestiona la salida de su antiguo compañero; García Linera, en cambio, vuelve a encontrar refugio en México. ¿Hasta cuándo los exmandatarios, vicepresidentes y antiguos jerarcas podrán abandonar el país mientras las investigaciones esperan respuestas? La justicia no puede ser selectiva, pero tampoco puede ser opcional. Gobernar fue ejercer el poder; responder por sus decisiones también debería serlo.
Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
