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E

l reciente escándalo de las grabaciones en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) desnuda, una vez más, la desvergonzada prepotencia con la que diputados oficialistas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) exigen cuotas de poder. Comenzó con filtraciones donde legisladores condicionaban la permanencia de funcionarios a cambio de imponer listas de recomendados y derivó rápidamente en acusaciones cruzadas, peticiones de informe oral parlamentario e incluso advertencias de una "guerra judicial" contra el Ministerio de Salud. En la accidentada arena política boliviana, este episodio no representa un hecho aislado ni una anomalía institucional, sino apenas una raya más al tigre dentro de la actual gestión gubernamental.

El entramado resulta revelador en sus formas y detalles: audios atribuidos a los diputados Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli registran presiones directas hacia la exdirectora Daniela Quiroga para la asignación de ítems, prescindiendo deliberadamente del perfil técnico o profesional de los postulantes. Pese a los intentos oficialistas por desestimar las grabaciones bajo la coartada de una manipulación por inteligencia artificial, verificaciones independientes desmintieron tal hipótesis. Además, las citaciones en el piso 19 de la Casa Grande del Pueblo ratifican cómo los espacios destinados a la infraestructura hospitalaria terminan convertidos en despachos de negociación partidaria.

Sin embargo, el fenómeno dista de ser novedoso si se examina la historia política boliviana de los últimos 25 años (2001–2026). Durante las casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) encabezados por Evo Morales y Luis Arce, la distribución institucional mediante el "Pacto de Unidad" convirtió a ministerios, viceministerios y empresas estratégicas en botines sindicales, en medio de esquemas de cobro salarial de "diezmos" y la exigencia de "avales" políticos. Asimismo, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019–2020) replicó idénticas dinámicas de reparto burocrático en aduanas y empresas estatales, evidenciando una patología estructural del aparato público.

Esta práctica trasciende también al ámbito local y a épocas precedentes. Escándalos como el de los "Ítems Fantasma" en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra (2021) revelaron la creación de cientos de cargos inexistentes para el financiamiento del patronazgo político. De forma análoga, la "Democracia Pactada" (2001–2005) articulada por el MNR, MIR y ADN sustentó la gobernabilidad legislativa mediante el reparto formal de prefecturas, superintendencias y despachos judiciales. La instrumentalización del Estado como agencia de empleos privados es, entonces, la constante histórica inalterable de nuestro sistema político.

Resulta incisivo observar cómo una fuerza gubernamental (PDC) que antes de estos comicios no lograba concitar la atención ciudadana ni un peso político relevante asimiló de forma acelerada la arrogancia del poder. Lejos de proponer una ruptura ética o una profesionalización de la administración pública, sus actores optaron por adoptar con premura los vicios más arcaicos del tráfico de influencias, exhibiendo una rápida aclimatación al uso patrimonialista de las instituciones. Cambian los actores, la tecnología de los audios y los discursos de campaña, pero las lógicas de dominación e interdependencia clientelar permanecen intactas. Son las mismas mañas de siempre, exhibidas únicamente con diferente moño.

Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.