i en las redes sociales alguien coloca el anuncio: “Compro celular robado, de cualquier marca; se leía un anuncio que señalaba lo siguiente: Compro auto chuto de cualquier marca y modelo Inbox. Consultas al celular 760XXXXX.
El término chuto tiene diversas acepciones en Sudamérica, en nuestro país se refiere al auto que ingresó de manera ilegal al país, no cuenta con documentos legales que respalden su importación o registro, pero circulan sin mayor problema en distintos pueblos; los policías prefieren ignorar el delito porque estos vehículos suman cientos y miles. Es más, no tienen problemas para obtener gasolina y los lucen hasta autoridades de provincias. Estos autos eludieron los controles de la Aduana Nacional y no pagaron los impuestos de importación.
Los proyectistas para legalizar los autos chutos, Reynaldo Seas, de la bancada de Libre, apoyado por su colega, Armin Lluta, aseguraron que esta medida favorecería a cientos de familias que carecen de recursos para comprar un auto nuevo y este bien sería utilizado para sus tareas diarias. Plantean que lo recaudado sea destinado al mejoramiento de carreteras y fortalecimiento de los sectores de salud y educación.
Seguramente algunos de los hombres de Estado preguntarán: ¿de cuánto estamos hablado?. El diputado en cuestión habla de un millón de chutos; si por cada regularización se pide tres mil dólares, el gobierno recaudaría nada menos que tres mil millones de dólares, pero los que conocen mejor el rubro saben que los chutos llegan a un millón y medio, por lo que la recaudación llegaría a cuatro mil quinientos millones de dólares.
Es obvio que ningún miembro del gobierno alzó el grito al cielo. Es un tema que merece un severo análisis dijeron dos ministros de Estado. “Se corre un riesgo moral, el tema es complejo, por los perjuicios que pueden ocasionar, se debe ver los pro y contra”, se animó a decir el ministro Lupo.
Quienes apoyan esta medida argumentan que ésta sería la última vez que se dicte esta medida, porque no se puede permitir el ingreso de vehículos indocumentados, en forma especial los vehículos que hayan sido parte de un tipo de ilícito. Se olvidan que el 8 de junio de 2011, el entonces presidente Morales aprobó la Ley 133 que permitió nacionalizar y registrar vehículos, tractores y maquinaria agrícola que no tenían documentos.
Importadores de vehículos, la Confederación de Chóferes, la Cámara Nacional de Comercio y hombres de derecho recuerdan que no se puede legalizar un delito, porque estos actos ilícitos como el robo o el contrabando siempre son ilegales y que un delito es un daño a la sociedad porque viola las leyes establecidas.
Legalizar los autos chutos implicaría premiar el crimen y destruir la justicia.
Ernesto Murillo Estrada es filósofo y periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
Lo curioso del caso es que los vehículos que llegan al país ilegalmente son de alta gama y los que sirven para el trabajo. Desde Chile aseguran que este negocio peligroso y muy lucrativo es controlado por mafias organizadas que aprovechan el débil control de las autoridades aduanera de Bolivia. El flujo ilícito involucra miles de vehículos al año. Carabineros de Chile demostraron a través de vídeos grabados, que algunos efectivos militares y policiales bolivianos están implicados en el intercambio de vehículos por drogas.
Brasil es otro de los países de origen de vehículos indocumentados, principalmente robados. De acuerdo con el portal de estadísticas, Statista, en 2024 se registraron más de 344.000 casos de robos y hurtos de vehículos en el vecino país, aunque no se cuenta con datos recientes sobre el porcentaje que llegan a Bolivia.
En palabras simples, se estaría cometiendo un delito de receptación que se da cuando una persona compra, vende, oculta o recibe objetos robados para ganar dinero. El que recibe el bien no participa en el robo original, pero ayuda a los ladrones a sacar provecho de sus actos.
Es probable que los que tienen estos bienes irregulares responderán inmediatamente: “demuéstreme que mi vehículo es robado” y en caso de confirmarse el hecho dirán “yo no sabía que era robado, yo compre de buena fe, tengo mi conciencia tranquila”.
Los proponentes de la ley argumentarán que la mayoría de estos vehículos, que circulan ilegalmente en el país, no fueron robados, en cuyo caso admitirán que admiten que quieren convertir al país en país chatarra. En tanto, los que saben que la ley se aprobará tarde o temprano, seguirán colocando el anuncio: “se compran autos chutos...”.
