radicionalmente, las crisis afectan de manera desigual a los distintos segmentos de la sociedad; para algunos, representan oportunidades más que amenazas. Una policrisis, en cambio, atraviesa simultáneamente a toda la sociedad debido a su carácter multisectorial, especialmente en contextos de deterioro estatal como el actual.
La policrisis —concepto popularizado por el historiador económico Adam Tooze, de la Universidad de Columbia— describe una situación en la que múltiples crisis no solo coexisten, sino que interactúan y se potencian mutuamente, generando efectos más graves y difíciles de contener que la simple suma de sus partes. Aunque el término suele aplicarse al escenario global, también puede trasladarse al ámbito nacional cuando la debilidad institucional impide absorber o corregir esos choques de manera efectiva.
En Bolivia, esta fragilidad institucional convierte la crisis en un proceso de deterioro cíclico. La incapacidad del Estado para cumplir funciones esenciales —como garantizar la seguridad, la estabilidad económica y el orden público— profundiza las tensiones existentes, mientras esas mismas tensiones erosionan aún más la capacidad de respuesta estatal. El resultado es una dinámica circular en la que la fractura institucional y el choque multisectorial dejan de ser fenómenos separados para transformarse en un mecanismo permanente de desgaste y parálisis.
En la práctica, esta colisión se manifiesta en un ciclo de retroalimentación donde el deterioro macroeconómico y la parálisis institucional se agravan mutuamente. Por un lado, los profundos desequilibrios económicos —sostenidos mediante mecanismos de financiamiento cada vez más precarios— exigen ajustes técnicos y decisiones políticas inmediatas. Sin embargo, es precisamente en ese punto crítico donde el aparato estatal revela su fractura.
La polarización entre las élites políticas y económicas, la subordinación de instituciones clave —como el Banco Central y sectores de la justicia— al poder político, y la atomización del Legislativo en bloques fluidos e inestables anulan cualquier capacidad de respuesta efectiva. Todo ello termina paralizando a un gobierno cada vez más concentrado en preservar el poder que en enfrentar los desafíos del país.
A esta coyuntura se suma el debilitamiento del control estatal sobre el uso legítimo de la fuerza y, con ello, la pérdida gradual de control territorial frente a grupos irregulares. La permeabilidad fronteriza —que facilita tanto el tráfico de productos ilícitos como el ingreso y refugio de prófugos internacionales que siguen operando desde el país— evidencia la erosión progresiva de la autoridad legítima. La incapacidad de garantizar derechos básicos, como la libre circulación —frecuentemente condicionada por grupos que ejercen presión mediante la violencia— añade otra dimensión a esta claudicación estatal y expone también la complicidad de quienes la toleran.
Todos estos procesos de deterioro institucional, intensificados y expuestos con mayor claridad durante las últimas semanas, configuran dinámicas sistémicas compatibles con un Estado fallido o, en términos más contemporáneos, con un Estado frágil: uno cuya debilidad institucional lo vuelve crecientemente vulnerable a choques económicos, sociales y políticos, profundizando así la fractura estructural de gobernabilidad.
El Índice de Estados Frágiles 2024, publicado anualmente por The Fund for Peace, ubica a Bolivia en la categoría de “Advertencia Elevada”. La clasificación indica que, aunque las instituciones continúan funcionando y no existe un riesgo inminente de colapso total, el país enfrenta vulnerabilidades significativas frente a crisis superpuestas. Los acontecimientos de 2025 y lo transcurrido de 2026 no han hecho más que acelerar y visibilizar el deterioro progresivo de la capacidad estatal.
De hecho, este mismo índice ya identificaba hace dos años el principal riesgo estructural que enfrentaba Bolivia: las élites fraccionadas. El indicador refleja altos niveles de polarización, divisiones dentro de los bloques de poder y una disputa permanente por el control institucional. En este contexto, la indecisión —presentada como convicción, pese a evidentes rasgos de compulsión— y la incapacidad para tomar e implementar decisiones dejan de ser simples síntomas de la crisis para convertirse en sus principales aceleradores. Cuando el poder político renuncia a su deber fundamental de arbitrar, ordenar y proteger, cada nueva crisis encuentra el terreno propicio para erosionar al Estado desde dentro.
El llamado del presidente Paz Pereira a que los ciudadanos enfrenten los bloqueos —en un video posteriormente eliminado— revela la pérdida de autoridad del Estado y su incapacidad para resolver la crisis por la vía institucional. Mientras se promete un “nuevo país”, la inacción y la polarización empujan a Bolivia hacia una fragilidad creciente. Un proyecto nacional exige liderazgo; no estrategias orientadas únicamente a prolongar la supervivencia política del mandatario.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
