enjamín Franklin sentenció que en este mundo solo existían dos certezas absolutas: la muerte y los impuestos. Bolivia, en gran medida, ha refutado al prócer norteamericano. Con una informalidad que supera el 80% de la Población Económicamente Activa y cerca del 50% del PIB operando fuera del sistema, tributar en Bolivia es una opción discrecional. La muerte, en cambio, sigue siendo inevitable, a pesar de que hay difuntos que aún votan.
La informalidad laboral no es una válvula de escape ni un mal menor tolerable: es una trampa estructural que condena al país al estancamiento. Normalizarla —o legislar para convivir con ella— equivale a aceptar la pobreza como política pública implícita.
La evidencia es contundente. Según el informe 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores informales tienen el doble de probabilidad de ser pobres que los formales, acumulando una deuda social que el Estado inevitablemente terminará absorbiendo.
El daño fiscal es igualmente severo: el Banco Mundial (BM) estima que la informalidad reduce los ingresos públicos entre 5 y 12 puntos del PIB, asfixiando la capacidad estatal de inversión. El resultado es un círculo vicioso de precariedad y bajo crecimiento.
La informalidad no es un fenómeno inmutable. Entre 2004 y 2024, la OIT muestra que América Latina logró reducirla del 60% al 52%, y África Subsahariana del 90% al 86%. Bolivia, en cambio, se destaca por su fracaso persistente. Mientras la región avanzaba, el país retrocedía: de un 63% estimado por CEDLA y UDAPE en 2006 a un alarmante 85% según cálculos recientes del INE, la OIT y la Fundación Milenio. No es un desliz estadístico, sino el resultado de decisiones políticas reiteradas.
El incentivo clásico para combatir la informalidad es fiscal. Ampliar la base tributaria permite recaudar más sin subir impuestos. En Bolivia, este objetivo no es solo deseable, sino inevitable. Cuando el país toque las puertas del Fondo Monetario Internacional —tras agotarse las líneas de libre disponibilidad de la CAF y de otras fuentes— la ampliación de la base tributaria será una exigencia.
Es en ese contexto que el gobierno de Paz Pereira presentó la llamada Ley de Transparencia y Alivio Tributario. El discurso oficial la presenta como una respuesta a la informalidad estructural. El viceministro Fernando Tapia incluso habla de “terrorismo fiscal” para describir el sistema vigente. El problema no es el diagnóstico, sino la solución: una ley que confunde alivio con reforma y facilitación con incentivos reales.
La evidencia comparada es clara y reiterada. Reducir alícuotas, facilitar trámites o crear regímenes especiales —el núcleo de esta ley— tiene un impacto marginal sobre la formalización. Puede mejorar la experiencia del contribuyente formal, pero no altera el cálculo central del informal: mientras evadir siga siendo racional, barato y prácticamente impune, ningún “alivio” cambiará conductas.
Los trabajadores informales no responden a simplificaciones administrativas. Responden a incentivos duros. Y en Bolivia, el incentivo dominante sigue siendo permanecer fuera del sistema. Cambiar esta percepción exige intervenir en frentes simultáneos que no detectamos en la actual iniciativa del gobierno.
El primero es la asimetría de poder frente al fisco. La relación entre el contribuyente y la administración tributaria no es una relación de derecho, sino de fuerza. Sin un mecanismo institucional de defensa —un Defensor del Contribuyente con autonomía real, como funciona en México y como ha propuesto la Fundación Milenio— formalizarse equivale a colocarse voluntariamente en situación de vulnerabilidad.
El segundo frente es la equidad. Mientras en Bolivia existan sectores intocables que operan con impunidad, tributar parecerá una carga para ingenuos. Como demostró Uruguay en 2007 (según el BM), la formalización laboral fue producto de una señal política clara de que las reglas aplicaban para todos. Sin universalidad, el alivio tributario es solo un descuento para quienes ya están cautivos.
El tercero es el retorno visible del impuesto. La evidencia internacional es clara (España y Colombia, por ejemplo): la gente no se formaliza para cumplir con el Estado, sino para acceder a mejores servicios públicos. En Bolivia, donde los servicios públicos se han deteriorado en paralelo al aumento del gasto, este argumento está roto. Pedir formalización sin reconstruir ese contrato es pedirle al trabajador que pague una membresía obligatoria de un club que no funciona.
Los tres frentes anteriores son inviables sin un Estado que primero se haya reformado a sí mismo. Bolivia no enfrenta únicamente un problema de informalidad laboral: enfrenta lo que el economista Willy Omar Pastrana denomina dominancia fiscal. Se trata de un Estado que “carece de compromiso con la estabilidad monetaria” porque, incapaz de recortar gasto superfluo, se ha vuelto dependiente de déficits fiscales continuos.
En ese entendido, la Ley de Transparencia y Alivio Tributario no reconoce esta realidad porque reconocerlo obligaría a una conversación sobre el rediseño institucional del Estado. Sin ella, estando ausente la percepción de un Estado que gasta menos y hace más, la formalización seguirá siendo una quimera y el pago de impuestos, a diferencia de la muerte, continuará siendo perfectamente evitable.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
