ebido a la desconfianza entre partes antagónicas, los resultados de sus negociaciones suelen ser subóptimos frente a los beneficios de una colaboración real. Este es el núcleo del dilema del prisionero: la desconfianza sacrifica intereses comunes y fuerza acuerdos inferiores.
Ante las crecientes demandas sectoriales hacia el gobierno, la estrategia dominante de los actores los arrastra hacia un Equilibrio de Nash, donde cada actor asegura su posición dadas las decisiones de los otros, aun cuando el resultado conjunto sea inferior al potencial cooperativo. Así, la suma de racionalidades individuales puede derivar en irracionalidad colectiva.
En seis meses de gestión, la administración ha consolidado un patrón de gobernanza que envía señales claras sobre su forma de encarar conflictos. Este estilo se manifiesta en tres hitos: la abrogación de dos decretos supremos de forma casi idéntica y el manejo errático de una ley con vicios de diseño.
Respecto a los decretos 5503 y 5547, el primero fue presentado como norma fundacional con una retórica de intransigencia: el presidente aseguró que no daría “un paso atrás”. Sin embargo, tras intentar deslegitimar a la COB bajo el argumento de que era un ente agotado, el Ejecutivo retrocedió y, tres semanas después, acordó su abrogación en El Alto.
El DS 5547 replicó el patrón. Promulgado para eliminar el arancel a la importación de soya —con el argumento de fortalecer la producción y generar divisas—, fue abrogado cuatro semanas después. La justificación como “señal de diálogo” confirmó lo contrario: respondió a presión organizada.
Estos episodios revelan una lectura rígida del entorno que, al enfrentar presión, desemboca en flexibilidad reactiva. Tras una defensa inicial —“¡A paso de vencedores!”—, el Gobierno se desmiente en los hechos con sus retrocesos.
La Ley 1720 trasciende el error puntual y expone un patrón de fondo. Aprobada, según lo señalado por la diputada Cecilia Requena, sin deliberación sustantiva —sin revisión en comisiones ni consulta previa—, presenta objeciones constitucionales en varios de sus artículos. Pero su problema central no es solo procedimental, sino institucional: impone plazos perentorios para la reclasificación de tierras y suspende la verificación de la Función Económico Social por una década. Más que una anomalía, la norma institucionaliza una lógica: acelerar decisiones debilitando controles.
Esta secuencia —rigidez inicial seguida de retrocesos— erosiona la credibilidad del Ejecutivo y reconfigura los incentivos: la presión organizada produce concesiones. Se configura así un ciclo donde la administración queda atrapada en su propio diseño: promulga con soberbia, negocia bajo asedio y claudica por supervivencia.
En términos del Equilibrio de Nash, el Gobierno deja de ser un agente que fija condiciones y pasa a validar un equilibrio donde ceder se vuelve la respuesta óptima ante la amenaza de conflicto. El resultado no es cooperación, sino una dinámica donde cada parte maximiza su beneficio inmediato a costa de un resultado inferior que erosiona la autoridad.
En este escenario, la confusión que rodea a la nueva ley (reconocida por el presidente Paz Pereira) le ha otorgado a la COB una ventaja estratégica: el sindicato ha convertido la ambigüedad normativa en una herramienta de presión, condicionando el diálogo sobre su pliego petitorio a la previa modificación de la ley 1720*. El resultado no es negociación, sino una relación donde la incertidumbre normativa se convierte en palanca y la presión en el mecanismo de decisión.
Todo equilibrio es reversible cuando el Ejecutivo —la única parte con capacidad de otorgar prebendas o ceder poder— interviene. Puede hacerlo de forma anticipatoria, distribuyendo beneficios para desactivar conflicto potencial y asegurar apoyos —vehículos a dirigentes en Achacachi y a la Fejuve Sur de El Alto en una lógica que replica el mecanismo utilizado por Arce Catacora para sostener su mandato—, o durante la negociación, como ocurrió en el paro del transporte en La Paz.
En este segundo caso, la intervención no resuelve el dilema: lo distorsiona. Al introducir una asimetría jerárquica mediante concesiones discrecionales, el conflicto se canaliza a una liturgia mecanicista: mesas técnicas y comisiones que simulan negociación sin modificar incentivos. El resultado no es acuerdo, sino administración del conflicto bajo dependencia clientelar.
Así se perfilan las próximas negociaciones económicas: lo que se presenta como gestión de conflictos es la estabilización de un equilibrio precario donde la presión define resultados y la norma pierde centralidad. El dilema del prisionero no se resuelve: se administra como mecanismo de retención de poder, sacrificando autoridad en el altar de la dependencia clientelar.
- A la fecha de publicación de este artículo, el gobierno pactó con la CIDOB la revisión de la ley, y el presidente volvió a justificar sus acciones como un “diálogo” que es “imprescindible para construir acuerdos”.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
